La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres pide a Carmen Calvo que el cambio de sexo en el Registro sea certificado por profesionales
Madrid, 16 feb. 21. AmecoPress.- La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, plataforma feminista con más de 100 entidades estatales e internacionales adheridas, creada, según explican, para luchar por la eliminación de todas las formas de discriminación contra mujeres y niñas que resultan de la propuesta de sustitución de la categoría “sexo” por la de "identidad de género", se ha dirigido a la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, con motivo de sus declaraciones sobre cómo se debe certificar el cambio de sexo en el Registro Civil. La Alianza pide que no se excluya a los y las profesionales de la certificación del cambio de sexo en el Registro.
En su carta, la plataforma agradece el “valiente posicionamiento” del PSOE hecho público el pasado mes de junio, conocido como Manifiesto en defensa de los derechos y libertades basados en el sexo, porque consideran que supuso un “firme compromiso público con la igualdad de las mujeres en un contexto político y socio-sanitario muy complejo a nivel internacional”. “El género, como bien se señalaba en ese manifiesto, no es una identidad sino un factor de discriminación. Admitirlo como “identidad” en las leyes implicaría anular por completo las posibilidades de hacer políticas públicas que combatan la discriminación por razón de sexo de las mujeres en todas sus formas, metas aún pendientes en el año 2021 y agravada muy especialmente a partir de la pandemia global covid19, tal como se ha reflejado por todos los organismos europeos e internacionales de referencia”, resume la carta.
Los dos proyectos de Ley impulsados desde el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España: por un lado, la Ley para La Igualdad de las Personas LGTBI y para la No Discriminación por razón de Orientación Sexual, Identidad de Género, Expresión de Género o Características Sexuales y, por otro lado, la Ley Para La Igualdad Real Y Efectiva de Las Personas Trans, tienen, según la Alianza, “implicaciones e intereses de todo orden, que impactan muy negativamente en las mujeres, y están alejados de la ampliación de derechos de las personas LGB y transexuales que dicen impulsar, dado que estos ya están protegidos legalmente y además no cuentan con el apoyo de gran parte de dichos colectivos, que se oponen a iniciativas que además de misóginas son claramente homófobas y lesbofóbicas”.
Carmen Calvo se pronunció recientemente en el sentido de rechazar que el cambio registral del sexo pueda producirse "sin más que la mera voluntad o el deseo" de la persona. Esta opinión es “próxima a las ideas del feminismo”, explican desde la Alianza, “pero no suficientemente clara respecto de quienes estarían cualificados para una certificación cuyos diagnósticos entran en el campo de la medicina y la psicología”. Y exponen: “cualquier certificación que excluya a estos profesionales, vulnera los códigos deontológicos, ningunea a la ciencia y se coloca en posiciones negacionistas y de desprecio al conocimiento profesionales”, pues “un problema de salud y psicosocial” no puede ser certificado por instancias diferentes a profesionales de la salud y diferentes profesionales y equipos psicosociales.
Siguiendo esta línea argumental, la Alianza apela a la circunstancia de que toda persona que presente una condición de vulnerabilidad -desde discapacidad a ser víctimas de violencia sexual- “debe acreditar la pertenencia a dicho grupo, evitando todo abuso y salvaguardando el adecuado funcionamiento de los Servicios Sociales Públicos, y de los recursos del Estado”. Desde las Instituciones “no puede estigmatizarse y repudiarse a los profesionales que velan por las garantías de la ciudadanía desde conocimientos especializados, tras años de formación científica”. La certificación médica y/o psicológica y los informes periciales son “una garantía tanto de la persona como de la propia sociedad de llevar a cabo procesos adecuados para las casuísticas que se presentan”.
La propia legislación española contempla desde el poder judicial en los distintos órdenes que cuando se requiera de conocimientos científicos, técnicos o artísticos se contará con profesionales especializados o peritos; siendo prioritario el conocimiento de los llamados peritos titulares, es decir, aquellos que tienen un título oficial de una ciencia. Por tanto, “no es de recibo prescindir de la cualificación experta, lo que supondría una negligencia en la salvaguarda de derechos, pudiendo incurrir en violencia institucional al permitir desde las propias instituciones en este veto profesional estigmatizante”, más cuando “cualquier profesional que lleve a cabo competencias sin cualificación estará cometiendo intrusismo profesional, según el artículo 11 de la Ley 7/2006 del ejercicio de profesiones tituladas y de los colegios profesionales”.
La Alianza enfatiza que esto es de especial relevancia en el caso de menores. Si bien consideran que es necesario “poner en valor desde su capacidad de testimonio, cognitivas y volitivas, adaptación, etc.,” aseguran que “no comprenden” que esta casuística “sea la única donde se pretenda no salvaguardar su bienestar superior, más cuando en otros países como Reino Unido se ha puesto de manifiesto que estas políticas identitarias tienen un daño potencial en menores, especialmente niñas al afectarles más el sexismo que inducen”. Por tanto, son notorias las implicaciones legales, sanitarias y psicosociales; y es “inasumible en un Estado democrático garantista aceptar la repudia y veto al criterio experto, ni permitir ningún intrusismo administrativo ni político”.
Petición de reunión
La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres ha estudiado durante los últimos años de manera interdisciplinar las consecuencias políticas, administrativas, jurídicas, psicológicas, sanitarias y sociales de este tipo de legislaciones basadas en la autodeterminación de género. También, aseguran, “hemos constatado ya las nocivas consecuencias que para los derechos de las niñas y las mujeres tienen estas leyes en aquellos países donde la estrategia neoliberal ha conseguido imponerse en el marco político y jurídico”.
La Alianza se ofrece para informar a Carmen Clavo acerca de los resultados de su trabajo, así como de las denuncias que, junto a otros grupos feministas internacionales con los que están en permanente contacto y colaboran en red, ya están realizando en muchos países. Todo ello para poner de manifiesto las graves consecuencias y retroceso que suponen para los derechos de las mujeres la aprobación de leyes similares en sus parlamentos, en su leyes y políticas, e incluso en los resultados electorales.
Por ello, solicitan una reunión a la mayor brevedad, muy especialmente tras conocerse que hace escasos días se ha reunido usted tanto con colectivos LGTBI como con la Ministra de Igualdad, Irene Montero, para analizar los textos base de dos de las normas que recoge el acuerdo de Gobierno y que dicho ministerio quiere llevar al Consejo de Ministros en las próximas dos semanas. “Las españolas, más de 24 millones de ciudadanas, como contribuyentes innegables a la democracia, el bienestar y desarrollo del país, sabemos de su firme compromiso con los valores feministas de la igualdad, que implican una visión lúcida a la hora de articular políticas públicas contra las desigualdades por razón de sexo, aún pendientes en este país”, concluye la carta dirigida a Carmen Calvo.
Fotos: archivo AmecoPress
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Comunicados – Estado español – Legislación y género – Sexualidades – Política y género – Feminismo. 16 feb. 21. AmecoPress.