El Ministerio de Igualdad impulsará una nueva reforma de la ley del aborto

Madrid. 28 sep. 21. AmecoPress.- El pasado 27 de mayo la directora del Instituto de las Mujeres, Antonia Morillas, tomaba posesión de su cargo y trazaba los tres ejes de actuación en torno a los que trabajará el instituto, entre los que se encuentra impulsar la reforma de la ley del aborto. A partir de este momento, esta institución junto con el Ministerio de Igualdad empezaban a trabajar en un primer borrador que respondiese a las principales necesidades que debía abarcar esta reforma con la intención de tenerlo para el último trimestre de este año. Hoy, coincidiendo con el día de acción global por la defensa del derecho al aborto legal, seguro y gratuito, el Ministerio de Igualdad ha abierto la consulta pública para esta reforma a colectivos y organizaciones sociales.

La ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), conocida como ley del aborto y aprobada en el año 2010, reconoce entre otros el derecho de las mujeres a tomar una decisión libre y debidamente informada sobre la interrupción de su embarazo. Sin embargo, a día de hoy existen muchas trabas que obstaculizan el acceso real a este derecho y al conjunto de derechos fundamentales de las mujeres y en el ámbito de la salud sexual y reproductiva. Por esto, el movimiento feminista ya ha destacado algunos aspectos esenciales que esta reforma debería abarcar.

En primer lugar dos de las medidas que se consideran fundamentales a la hora de elaborar el borrador de esta reforma son: la derogación de la reforma de 2015 impulsada por el Partido Popular, la cual obliga a las mujeres de 16 y 17 años a contar con permiso de sus progenitores para acceder al servicio, y en segundo lugar eliminar los tres días de reflexión obligatorios antes de realizar la intervención. Para Francisca García, presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del embarazo (ACAI), esta primera medida no está justificada de ninguna forma dado que solo dificulta el acceso a este servicio para muchas mujeres. “No entendemos como se puede considerar que no tienes edad para abortar pero si para ser madre”.

En relación con los tres días de reflexión obligatorios, Raquel Hurtado, coordinadora del área de intervención social de la Federación de Planificación Familiar, apunta que “se debe garantizar que las mujeres sean sujetos de derechos y tengan la capacidad de decidir sobre su propio cuerpo”. Para quienes trabajan en la IVE está claro que aquellas mujeres que ya han tomado la decisión de acceder a este servicio no necesitan tres días, ya que no cambian nada excepto, en todo caso, aumentar su ansiedad y estrés. “Habrá mujeres que necesiten tres días de reflexión y habrá mujeres que necesiten semanas, y eso es lo que tenemos que garantizar: que aquellas que necesiten un acompañamiento en la toma de decisiones cuenten con las herramientas y la información que requieran.”

"Habrá mujeres que necesiten tres días de reflexión y habrá mujeres que necesiten semanas, y eso es lo que tenemos que garantizar: que aquellas que necesiten un acompañamiento en la toma de decisiones cuenten con las herramientas y la información que requieran"

El artículo 19 de la ley del aborto “garantiza a todas las mujeres por igual el acceso a la prestación con independencia del lugar donde residan”. Sin embargo, son ocho las provincias de España en las que las mujeres están obligadas a desplazarse para poder abortar. Para Raquel Hurtado, se trata principalmente de un problema a diferentes niveles: en primer lugar de voluntad política, dado que al tratarse de una competencia de sanidad transferida a las comunidades autónomas, es a las propias consejerías a las que les corresponde garantizar que la ley estatal se cumpla.

Por otro lado, es necesario también analizar la cobertura del servicio en relación a lo público-privado, ya que más del 85% de las IVE se llevan a cabo en centros privados y concertados acreditados para ello. Esto acaba derivando en que hay comunidades autónomas o provincias en las que no existe presencia de clínicas concertadas que presten estos servicios y tampoco se asumen desde lo público, por lo que las mujeres residentes en estos territorios se ven forzadas a irse fuera de su provincia para poder someterse a una IVE.

Uno de los aspectos clave para poder garantizar el acceso de todas las mujeres a este servicio pasa por entender y regular qué esta ocurriendo en la sanidad pública para que su cobertura de la IVE suponga una rotunda minoría. Tal y como apunta Francisca García, para mejorar la accesibilidad a este servicio es necesario formar al personal sanitario en esta materia con el fin de que conozcan todas las técnicas y se puedan así crear unidades especificas de aborto con profesionales bien formados y que realicen un buen acompañamiento. Además, de esta forma se garantizaría la libertad de las mujeres una vez cuenten con toda la información necesaria para poder decidir qué técnica de IVE es más apropiada para su situación.

Además, una de las ideas claves de la reforma que impulsará Igualdad pasa por regular la objeción de conciencia, al ser esta una de las principales barreras a la hora de acceder al aborto. Tal y como apuntaba Raquel Hurtado “el derecho a la objeción de conciencia no puede estar por encima del derecho a la prestación del servicio”, por lo que una de las demandas en relación a esto es la de llevar a cabo un registro individual de los objetores. Esto, a pesar de no estar cumpliéndose, ya aparece reflejado en la ley y tiene como fin evitar que la objeción de conciencia de un profesional con un puesto responsabilidad en la pirámide jerárquica de un hospital no pueda repercutir en quienes se encuentran por debajo. Además, se exige también que la administración pública se responsabilice de garantizar que siempre exista personal sanitario no objetor en ese servicio, de forma que las mujeres siempre puedan acceder a ese procedimiento médico.

Además de todo lo relacionado con la interrupción voluntaria del embarazo, uno de los pilares fundamentales en la ley orgánica de salud sexual y reproductiva es la prevención de embarazos no deseados. En este sentido según nos aseguran desde la Federación de Planificación Familiar, la herramienta más interesante de prevención y a la vez la más importante con la que contamos es la educación sexual. Desde el Ministerio de Igualdad y el Instituto de las Mujeres se ha afirmado que ésta será el pilar fundamental de la ley, dando mucha importancia a su aplicación a lo largo de todo el ciclo de la vida.

La herramienta más interesante de prevención y a la vez la más importante con la que contamos es la educación sexual

Es por esto que desde ACAI se demanda que se incluya la educación sexual y reproductiva como asignatura troncal en todos los niveles educativos. Cabe señalar que la última reforma de la ley de educación ya incluye esta materia en su currículo, pero lo hace de forma transversal. El peligro de esto para Raquel Hurtado es que se diluyan responsabilidades en la ejecución: “Si algo está en casa de todos al final no está en casa de nadie, y ahí es donde debe estar el esfuerzo para garantizar que la educación sexual sea una realidad”.

Por último, otra de las principales reivindicaciones en torno al tema de la interrupción voluntaria del embarazo es el freno del acoso a pacientes y profesionales en las las clínicas que las practican. Este acoso se manifiesta en las puertas de estos centros por grupos antiabortistas en forma de pintadas la fachada, abordando a las mujeres -llegando a tocarlas o insultarlas-, rezando en la puerta o haciendo entrega de panfletos desinformativos con mensajes como que si abortas tienes mas posibilidades de padecer psicosis, trastornos bipolares o incluso alcoholismo.

Una de las clínicas mas afectadas por esta situación ha sido la clínica Dator, pionera en la oferta de IVE en España: “igual que para el feminismo somos un símbolo porque somos la primera clínica acreditada en este país, para los grupos antiabortistas acabar con quien primero comenzó a trabajar en el aborto creen que significa introducir un efecto dominó”.

Esta lleva años siendo una de las principales demandas de los centros acreditados para la IVE, así como de otros colectivos y organizaciones que en 2018 iniciaron una plataforma denominada #abortosinacoso, con el fin de constituir un instrumento de reacción frente a esta situación. Tal y como afirma Sonia Lamas, de clínica Dator, “en una sociedad democrática no se puede permitir que una sola mujer tenga que leer en el suelo a las puertas de la clínica que es una asesina o tenga que leer una pintada donde pone “aquí se matan niños”.

En respuesta a estas exigencias, el pasado martes 21 de septiembre el Congreso apoyaba la propuesta del PSOE para penar el acoso a mujeres frente a las clínicas de abortos. Esta medida contempla penas de entre 3 meses y un año de prisión o de servicios a la comunidad para frenar el hostigamiento que sufren muchas de las mujeres que acuden a estas clínicas, y recibió el apoyo de todos los grupos de la cámara a excepción de Vox y el Partido Popular.

Fotos: Archivo Amecopress
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Pie de foto: 1) Manifestación feminista. 2) Manifestación feminista. 3) Campaña Día Global de Acción para el Acceso al Aborto Seguro y Legal, Ministerio de Igualdad.

Estado español - Salud reproductiva - Aborto - Legislación y género. 28. sep. 21. AmecoPress.