Un total de 125 organizaciones contra el racismo de la Junta de Andalucía

29 de octubre de 2019.

Por Redacción AmecoPress

Madrid | Mujeres migrantes | Derechos humanos | Autonomías | Política



Una propuesta de Ley de PP, Cs y Vox expresa la clara cesión de datos de personas migrantes a partir de los ficheros sanitarios y sociales que permitiría su posterior identificación, localización y posible expulsión del territorio español


Madrid, 29 oct. 19. AmecoPress.- El acuerdo alcanzado entre PP, Cs y Vox para ceder los datos, de ficheros sanitarios y sociales, a la Policía y Guardia Civil de personas migrantes en situación irregular ha puesto en pie de guerra a 125 organizaciones para emitir un comunicado y advertir con ello a la Junta de Andalucía que de continuar con esta medida emprenderán «todas las vías administrativas y judiciales a nuestro alcance» para impedir su puesta en marcha.

Este comunicado ha sido remitido por carta al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, y en dicha carta le recuerdan que todas las personas tienen derechos fundamentales y que «el acuerdo anunciado vulnera el artículo 25 de la Declaración de Derechos Humanos, el artículo 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, el Reglamento UE de Protección de Datos de 2016 y la Ley Orgánica de Protección de Datos». Ante esto le instan una vez más a que «dé marcha atrás al acuerdo firmado con Vox» y rechace la misma iniciativa expresamente.

«Claras concesiones al ideario ultra de Vox»

Toda la propuesta de los tres partidos expresa la clara cesión de datos de personas migrantes a partir de los ficheros sanitarios y sociales que permitiría su posterior identificación, localización y posible expulsión del territorio español. Dicho texto está enmarcado dentro del proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2020. Firmado en el pasado mes de junio consta de un total de 35 puntos que, como han dejado claro las diferentes entidades, son «claras concesiones al ideario ultra de Vox».

Algunas de las organizaciones ya habían dejado claro que el «acuerdo firmado el pasado verano suponía una criminalización de las personas migrantes». A día de hoy tienen claro que esta Ley «está más cerca de materializarse». En concreto, el punto 27 del documento recoge una propuesta de «Convenio de colaboración con el Ministerio del Interior en materia de inmigración irregular» que, a ojos de las organizaciones, «supone un flagrante atentado contra los derechos fundamentales de las personas migrantes».

En cuanto al contenido de dicho acuerdo, «se solicita la creación de una institución de coordinación entre las Administraciones autonómica y estatal» que facilite la información sanitaria y social con «el único propósito de agilizar las expulsiones de personas migrantes». Según las organizaciones andaluzas, el solo anuncio de esta medida «va a generar un efecto de desaliento en el acceso a los servicios sanitarios y sociales». Se trata de un efecto que, tal y como informó el Defensor del Pueblo Español (DPE) en julio de este mismo año, se está produciendo cuando las personas migrantes interponen una denuncia ya que, como reconocía, «recibe incesantes quejas de personas extranjeras que al acudir a denunciar haber sido víctimas de delito, salen de las dependencias policiales con un expediente sancionador de la Ley de Extranjería por situación documental».

Por su parte, el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos ya afirmó en enero de este año que «desde los Colegios de Médicos de Andalucía se piensa solamente en mejorar la sanidad» y que se oponen a «identificar ni a ir en contra de ninguna persona por su color o por su signo político», en un claro posicionamiento contra esta iniciativa.

Foto: Archivo AmecoPress.

Autonomías – Políticas – Mujeres migrantes – Derechos humanos. 29 oct. 19. AmecoPress.