Un informe analiza las brechas de derechos humanos que afrontan las mujeres en movimiento residentes en Madrid

Madrid, 08 jul. 21. AmecoPress.- El miércoles 07 de julio se presentaban los primeros resultados del informe “Mujeres en Movimiento residentes en la ciudad de Madrid. Indicadores sociodemográficos” realizado por el Grupo de Estudios Internacionales GERI-UAM, la Asociación para la Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos (AIETI @AIETIcomunica) , Alianza por la Solidaridad (@AxSolidaridad) y Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (@RedLatinas), con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid (@MADRID). El análisis, que tiene como objetivo construir un diagnóstico de brechas lo más situado posible desde la perspectiva de los derechos humanos, el género y la interseccionalidad, busca también identificar las áreas de mejora en las políticas públicas del Ayuntamiento de Madrid y acompañar al tejido asociativo, destacando la agencia política de las mujeres en movimiento.

La intención inicial era la de adoptar un enfoque interseccional, que reflejara la multiplicidad de ejes de discriminación y desigualdad que atraviesan a estas mujeres y que incluyen, entre otros, su raza, color, etnia, religión, origen nacional, clase, edad, orientación sexual, identidad de género y diversidad funcional, dando lugar a que cada caso constituya una situación particular y compleja a examinar. Sin embargo, las fuentes estadísticas oficiales presentan importantes limitaciones metodológicas, sobre todo debido a la falta de datos desagregados por indicadores distintos al sexo, la edad y el país de nacimiento y nacionalidad. Por ello “sólo se ha podido reflejar de forma incompleta y parcial la heterogeneidad del colectivo de mujeres en movimiento residentes en Madrid”, aclara Itziar Ruiz-Giménez Arrieta (@Iruizgimeneza), profesora de la UAM, durante la presentación.

También la pandemia del Covid-19 ha influido en el desarrollo de la investigación, al impedir reuniones y trabajo presencial, pero sobre todo, ha acentuado desigualdades y discriminaciones que enfrentan diariamente las mujeres en movimiento. A pesar de las dificultades, se realizaron cuatro talleres en los que han participado 51 mujeres. Los talleres “son espacios de escucha y de palabra” y también “hacen realidad un derecho humano como es el derecho a la participación”.

Para realizar el estudio se realizó un mapeo de todas las legislaciones que establecen obligaciones para el Estado, la comunidad autónoma y el ayuntamiento a la hora de respetar, proteger y llevar a cabo políticas públicas para garantizar los derechos de las mujeres en movimiento. Desde ahí, se identificaron las brechas y también se estableció un “mapeo de alianzas”.

A fecha de 1 de julio de 2020 residían en Madrid 441.472 mujeres nacidas fuera de España (el 13% de la población total), y 278.403 mujeres extranjeras (9%). Sin embargo, estos datos sólo se refieren a la población censada y, por tanto, no incluyen a las mujeres en movimiento que no consiguen superar las barreras burocráticas que a veces se exigen para su inclusión en el padrón municipal de habitantes. Barreras que dificultan el empadronamiento, aun cuando se trata de requisito esencial para poder disfrutar en la práctica de determinados derechos (sobre todo el derecho a la educación, la salud, y a las ayudas sociales), así como para obtener un permiso de residencia por arraigo social.

En cuanto a la procedencia de las mujeres en movimiento residentes en Madrid, a 1 de julio de 2020, el 67% de las mujeres nacidas fuera y el 51% de las extranjeras venían de América Latina, mientras que el 13% de las nacidas fuera y el 16% de las extranjeras lo hacían de la Unión Europea. A su vez los principales países de nacimiento y nacionalidad de las mujeres en movimiento fueron Ecuador, Perú, Venezuela, Colombia, Rumanía, China, Honduras, Paraguay y Marruecos. Esto refleja la mayor facilidad que la población latinoamericana tiene para acceder a la nacionalidad española así como el alto ratio de feminidad de la migración que proviene de esa región.

Tres bloques: derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales (DESLA), derecho a una vida libre de violencia y de discriminación, y derechos políticos

Helia del Rosario, de AIETI, se ocupó de sintetizar los principales hallazgos de la investigación, que presentó en tres bloques: derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales (DESLA), derecho a una vida libre de violencia y de discriminación, y derechos políticos.

El informe resalta la edad como un rasgo sociodemográfico distintivo del colectivo. Mientras que, a fecha de 1 de enero de 2020, la población española se distribuía de manera más o menos uniforme entre todas las franjas de edad (entre el 3 y el 7% de la población se sitúa en cada una de ellas), la población nacida fuera y extranjera, sobre todo mujeres, se concentraban en las franjas de edad de 25 a 50 años. Por tanto, las mujeres en movimiento residentes en Madrid son un colectivo fundamentalmente joven y en edad de trabajar.

El estatus jurídico es otro elemento clave, ya que impacta de manera directa en el disfrute de los derechos humanos de las personas en movimiento. La ausencia de datos desagregados a nivel municipal, sin embargo, dificulta en gran medida conocer con exactitud el estatus jurídico de las mujeres en movimiento residentes en el municipio de Madrid. En base a los datos disponibles para la comunidad de Madrid, podemos saber a fecha del 30 de junio de 2020 que residían en la ciudad un total de 484.747 mujeres extranjeras con permiso de residencia, el 41% en régimen general y el 59% en régimen Unión Europea. Además, podemos estimar que, a 30 de diciembre de 2019, vivían en Madrid 3301 mujeres extranjeras con permiso de residencia por reagrupación familiar aproximadamente, y 21.000 mujeres en situación irregular. De éstas, al menos 7443 eran menores de edad. Por último, podemos estimar que a finales de 2020 residían en Madrid aproximadamente 8087 mujeres solicitantes de asilo.

La situación laboral de las mujeres en movimiento que residen en Madrid también muestra diferencias sustantivas tanto respecto a las mujeres españolas como a los hombres en movimiento. A fecha de 1 de enero de 2020, residían en Madrid un total de 115.018 mujeres extranjeras ocupadas, un 56% de toda la población extranjera y un 9% de toda la población. El 98% de ellas estaban ocupadas en el sector servicios, y el 40% de éstas, a su vez, en actividades remuneradas de cuidados. Se constata por tanto, una gran estratificación del trabajo migrante femenino en el municipio de Madrid, así como la segmentación del mercado de trabajo y su impacto en las mujeres en movimiento, cuyas trayectorias laborales con independencia de su cualificación, se concentran en trabajos no cualificados en el sector servicios y, en especial, en el sector de empleo de hogar. Es además importante recordar que la relación con el mercado de trabajo define en gran medida la posición social de las personas, migrantes o no. Así cabe destacar que, en la misma fecha, había en Madrid 13.131 mujeres extranjeras en paro, el 52% de todas las personas extranjeras en paro, el 14% del total de mujeres en paro y el 5% de todas las mujeres extranjeras.

A fecha de 1 de enero de 2020 la mitad de todas las mujeres en movimiento residentes en Madrid se concentraban en sólo seis distritos de los 21 que conforman la ciudad de Madrid: Carabanchel, Puente de Vallecas, latina, Ciudad lineal, Usera y centro distritos que están en la parte alta de la tabla del ranking de vulnerabilidad, al estar entre los distritos que cuentan con la menor renta media y Esperanza de Vida, el mayor número de familias que perciben la renta mínima y la mayor tasa absoluta de paro.

Muchas mujeres en movimiento se han quedado sin ingresos tras el estado de alarma y no han tenido acceso al Ingreso Mínimo Vital

Los resultados del informe se sustentan en testimonios que ilustran las múltiples y diversas discriminaciones que confrontan permanentemente las mujeres en movimiento.

“Llevo en España 21 años y siempre he trabajado por horas (en el servicio del hogar) y sin contrato de trabajo. Solo una señora me hizo un contrato por 4 horas semanales. Solo he pagado 5 años de Seguridad Social. Cuando una trabaja por horas no tiene derecho a nada. Tengo 61 años y ya no encuentro trabajo. Ahora tengo problema de salud. Me dio un ictus, pasé el Covid un mes y he tenido una intervención de corazón; además, vivo con mi esposo que tiene una discapacidad (del 75%). Soy yo la que se encarga de cuidarlo”. Es la experiencia de Martha, una mujer colombiana.

Segregación laboral, discriminación, explotación, mayor tasa de paro, dificultad para homologar sus títulos, son brechas que afectan de manera especial a las mujeres en movimiento y que la pandemia ha acentuado. Muchas de ellas se han quedado sin ingresos tras el estado de alarma y no han tenido acceso al Ingreso Mínimo Vital. Solo se ha facilitado la regulación de jóvenes migrantes para trabajar en el campo. Del mismo modo, se han ordenado inspecciones de trabajo en el campo para detectar casos de explotación laboral y esclavitud pero no se ha hecho para empleadas de hogar.

Sin ingresos, el derecho a la vivienda se ve amenazado. De hecho, las mujeres en movimiento han sido uno de los colectivos más afectados por la crisis en el acceso y disfrute del derecho a una vivienda que afronta la inmensa mayoría de la población que habita en Madrid. Durante la realización del taller, Miriam, ecuatoriana, cuenta que recibió una orden de desahucio por un piso que no pudo pagar. Pero también sufren discriminación en el acceso a la vivienda por las por prejuicios. En el grupo participó una madre soltera con dos hijos que tuvo que pedir a su padre que fuera a la firma del contrato porque no se fiaban de que ella pudiera pagar el alquiler.

Aunque en el 2018 se reconoce el acceso universal al sistema público de sanidad – siempre que las personas acrediten llevar más de tres meses en el país-, para las personas en situación irregular los servicios especializados de salud siguen estando restringidos. Algunas mujeres participantes en los talleres han destacado que el no manejar el idioma se convierte en un obstáculo y varios testimonios denuncian la valoración estereotipada de ciertas enfermedades por parte de los y las profesionales de la salud, cuando las vinculan a costumbres o características de la cultura de la que proceden las mujeres, incluso cuando han nacido en España. El informe incluye en su análisis el acceso a la salud mental y a la salud sexual y reproductiva.

En cuanto a la educación muchas jóvenes del colectivo de mujeres en movimiento que están estudiando se quejan de la dificultad para prorrogar sus estudios y también critican que se valore que tienen menos formación y que es mejor que opten por la FP y no aspiren a estudiar en la universidad.

El informe recoge información de suma importancia en cuanto a las distintas formas de violencia y discriminación racial –que pivota sobre la Ley de Extranjería- que enfrentan las mujeres en movimiento que residen en Madrid, con testimonios impactantes, lo que permitirá, en las siguientes fases de la investigación, identificar áreas de mejora en las políticas públicas madrileñas desde un enfoque de género, derechos humanos e interseccionalidad.

Porque el trabajo no solo quiere señalar brechas y vulneraciones, sino poner el acento en las propuestas, en las redes de solidaridad, en las alianzas y en la decisiva participación de las mujeres en movimiento para la mejora de la sociedad madrileña.

Foto: archivo AmecoPress.
— -
Pie de foto: 1) Imagen del Estudio; 2) y 3) Itziar Ruiz-Giménez Arrieta y Helia del Rosario durante la presentación
— -
Autonomías – Mujeres migrantes – Refugiadas – Derechos Humanos – Informes. 08 jul. 21. AmecoPress