Declaración del Gobierno con motivo del Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres
Madrid. 24 nov. 20. AmecoPress.- El Gobierno de España ha aprobado hoy una Declaración Institucional para ratificar nuestro compromiso en la erradicación de todas las violencias machistas, con motivo del 25N, Día Internacional para la eliminación de las violencias contra la Mujer. También Irene Montero, Ministra de Igualdad, ha distribuido un video con una comunicación en la que enfatiza que las violencias machistas son una gravísima vulneración de los derechos humanos y aboga por un pacto social para luchar de manera decidida contra ellas: “Nos queremos vivas”.
Montero explica que la violencia de género es una de las mas “naturalizadas, estructurales e invisibilizadas que existen” y además es la “expresión más cruel de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres”. La ministra se ha referido a los datos, que ha calificado de “aterradores”: en España, una de cada dos mujeres mayores de 16 años ha sufrido violencia. Y muchas de ellas aseguran que no denuncian “por miedo a no ser creídas”.
Así, insiste Irene Montero, frente a los discursos de extrema derecha que niegan la existencia de violencia contra las mujeres, “tenemos la obligación de garantizar a todas las mujeres que no están solas y que tienen puertas grandes y seguras, con todas las garantías para denunciar y para ser acompañadas y preparadas en el daño causado”. La ministra ha abogado por la renovación de un “pacto social” en el que “todas y todos luchemos de manera decidida contra las violencias machistas”.
Declaración del Gobierno con motivo del Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres
La violencia contra las mujeres constituye una vulneración de sus derechos fundamentales y la expresión más cruel de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres.
El artículo 1 de la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, aprobada por Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 20 de diciembre de 1993, define la “violencia contra la mujer” como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, con el objetivo de sensibilizar a toda la sociedad respecto del problema de la violencia que sufren las mujeres, y para fomentar la toma de conciencia sobre la gravedad de la violación sistemática de los derechos de las mujeres en todo el mundo, decidió en el año 2000 declarar el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, invitando a los gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales, a sumarse a esta tarea de concienciación y sensibilización.
Con este motivo, la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el Ministro de Justicia, el Ministro del Interior, y la Ministra de Igualdad promueven la adopción por el Consejo de Ministros de la siguiente declaración:
“Con motivo de la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de todas las formas de Violencia contra las Mujeres, instaurado por decisión de la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2000, el Gobierno de España reitera su sólido y firme compromiso con la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y con la prevención y la respuesta frente a todas las formas de la violencia machista en el marco de la protección de los derechos humanos, la no discriminación y la justicia social.
La violencia contra las mujeres, en sus múltiples manifestaciones, constituye una vulneración estructural de los derechos humanos que hunde sus raíces en la discriminación por motivos de sexo y de género. España ha ratificado los principales tratados internacionales que comprometen a los Estados en la lucha frente a esta violencia, entre ellos la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y el Convenio de Estambul sobre 2 prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Este marco internacional se vio reforzado con la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que estableció entre sus metas la eliminación de todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado.
Este año conmemoramos el vigesimoquinto aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing que estableció una hoja de ruta internacional para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres, orientando la lucha mundial contra la discriminación y los obstáculos al empoderamiento de las mujeres y señalando la violencia contra las mujeres como grave obstáculo para lograr los objetivos de igualdad, desarrollo y paz. Se cumplen además 20 años desde la adopción de la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 1325 sobre Mujeres, Paz y Seguridad, que incorpora elementos fundamentales sobre la protección de mujeres y niñas en situaciones de conflicto y la lucha contra la violencia de género, incluida la violencia sexual.
Este aniversario nos convoca a hacer balance de los avances, pero también de los desafíos globales y nacionales que actualmente encuentra la lucha por la igualdad de género y frente a la violencia contra las mujeres. El Gobierno de España trabaja internacionalmente para seguir profundizando en los avances logrados en estos años y para frenar los intentos de retroceso en el horizonte de la igualdad y los derechos humanos de las mujeres y niñas.
Esta conmemoración coincide con una crisis sanitaria global como consecuencia de la pandemia ocasionada por la COVID 19. La Organización Mundial de la Salud reconoció en los inicios de la crisis sanitaria que la violencia contra las mujeres, como problema de salud pública global, acentúa su prevalencia en tiempos de emergencia, incluyendo los momentos de graves epidemias. De forma específica, la OMS advirtió que la COVID-19 y las medidas de restricción de movimientos podían tener impacto en las víctimas y aumentar el riesgo de sufrir violencia de género o la imposibilidad de romper con el agresor. Por su parte, el Secretario General de Naciones Unidas instó a los Estados a poner en práctica todas las medidas necesarias para garantizar las medidas de prevención y protección contra la violencia de género en el marco de la pandemia con su llamamiento “Paz en los hogares”. La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos también alertó del alarmante crecimiento de violencia contra mujeres y niñas durante la pandemia.
Es por ello que el Gobierno de España, consciente de la necesidad de garantizar la protección de los derechos humanos de las mujeres en este contexto, así como de sus hijos e hijas, decidió de manera inmediata, tras la declaración del estado de alarma, poner en marcha un “Plan de contingencia contra la violencia de género ante la crisis derivada del Covid-19” con el objetivo de garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios de información, asistencia y protección a las víctimas, mediante su consideración como servicios esenciales, y la adaptación de las modalidades de prestación de los mismos a estas circunstancias excepcionales. En este proceso excepcional la coordinación entre el Gobierno de España y los gobiernos autonómicos, así como 3 con las entidades locales, fue un ejemplo de co-gobernanza, que dotó de agilidad y eficacia la respuesta institucional.
En el ámbito de la justicia, durante el estado de alarma han permanecido en funcionamiento los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, se ha garantizado que se tramitasen y dictasen las órdenes de protección y demás medidas cautelares en esta materia y se ha ofrecido un servicio de guardia continuo asegurando la protección inmediata de las mujeres.
Esta cuestión ha constituido igualmente una prioridad dentro de la Estrategia de Respuesta conjunta de la Cooperación Española a la crisis de la Covid-19, presentada en el Consejo de Ministros del pasado 21 de julio, y consecuente con el compromiso que desde hace años ha asumido la Cooperación Española en la erradicación de la violencia de género, tanto con iniciativas de apoyo a organismos internacionales como el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP) o el Programa Ciudades Seguras de ONU Mujeres, como con iniciativas bilaterales de apoyo a países socios, ONGD y sociedad civil, incluyendo la lucha contra la doble discriminación, como la violencia ejercida contra mujeres con discapacidad, a través del Programa que financia la AECID al FNUAP.
Así mismo, España ha apoyado y promovido iniciativas en el ámbito internacional sobre la lucha contra violencia de género, entre las que cabe destacar la presentación y adopción, el pasado 10 de noviembre, de la resolución sobre mujeres, niñas y la respuesta a COVID-19 en la Asamblea General de Naciones Unidas, la resolución sobre promoción y protección de derechos de mujeres y niñas con ocasión del aniversario de la resolución 1325 o el apoyo al Foro Generación Igualdad Beijing +25.
Más allá de la situación de crisis sanitaria y social que vivimos, y a pesar de los avances institucionales y sociales de las últimas décadas, la violencia machista persiste. En nuestro país, durante el año 2020, la violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja se ha cobrado la vida de 41 mujeres y de tres niños y niñas y ha dejado a 23 niñas y niños huérfanos por el asesinato de sus madres.
Además, el pasado mes de septiembre conocíamos los resultados de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer de 2019, que confirmaban que una de cada dos mujeres de nuestro país ha sufrido al menos una forma de violencia machista a lo largo de su vida; más de 2.900.000 mujeres han sufrido violencia física y/o sexual de alguna pareja actual o pasada, más de 1.300.000 mujeres han sufrido la violencia sexual fuera de la pareja y cerca de 1.700.000 niños y niñas viven en hogares en los que la mujer está sufriendo algún tipo de violencia. Además, otras formas de violencia machista como la explotación sexual, la trata de mujeres y niñas, el matrimonio forzado o la mutilación genital femenina están presentes en nuestra sociedad y reclaman nuestra actuación.
Estas cifras ponen de manifiesto una realidad innegable y que nos interpela a todos: gobiernos, instituciones y sociedad en general, obligándonos a una acción decidida en pro de la erradicación de la violencia contra las mujeres y de las actitudes sociales que la toleran, la justifican o incluso la banalizan. Es preciso intensificar los esfuerzos para combatir el machismo y condenar 4 socialmente todas las actitudes, prácticas y conductas que consienten y reproducen estas violencias.
Para avanzar en el logro de una sociedad libre de violencias machistas, el Gobierno de España promueve nuevos instrumentos normativos, como la Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual, cuya finalidad es impulsar la prevención, la atención integral, la protección, la justicia y la reparación frente a las diferentes formas de violencia sexual, actualmente en fase de anteproyecto; la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que va a ser un instrumento importante para consolidar una asistencia eficaz y especializada a las niñas y niños que viven en contextos de violencia de género; o como la futura Ley contra la trata de mujeres, actualmente en fase de estudio preliminar.
Así mismo, el Gobierno prepara una Estrategia Nacional contra la Violencia Machista como instrumento de política pública que garantice la consolidación e institucionalización del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, reflejo de la unidad social y política en torno a la lucha contra las violencias machistas, como política de Estado. La Estrategia Nacional se concibe como instrumento fundamental para articular la prevención y la respuesta más eficaz frente a todas las formas de violencia contra las mujeres previstas en los tratados internacionales, que preste especial atención a aquellas víctimas que encuentran obstáculos añadidos en su búsqueda de atención, protección o justicia, y que establezca cauces ágiles de coordinación interministerial y de co-gobernanza entre los Gobiernos central, autonómicos y locales.
En el ámbito europeo, y en línea con la Estrategia para la Igualdad de Género de la Unión Europea, España seguirá impulsando la adopción de acciones y medidas concretas para eliminar la violencia contra las mujeres, por ejemplo, buscando una armonización europea de delitos como el acoso sexual, la mutilación genital femenina o los abusos sexuales.
En suma, el Gobierno reconoce que la lucha contra la violencia machista, como política central en la consecución de un país más justo, libre e igualitario, y envía un mensaje de reconocimiento y homenaje a todas las mujeres, niñas y niños víctimas de la violencia machista que ya no están entre nosotros. Las políticas de homenaje y reconocimiento de las víctimas, así como el establecimiento de medidas de reparación son una prioridad para este gobierno.”
Foto: Archivo AmecoPress
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Estado español – Violencia de género – Instituciones de Igualdad. 24 nov. 20. AmecoPress.