Las mujeres son “las que más estamos sufriendo esta crisis"

Madrid, 02 feb. 21. Amecopress.- En medio de la tercera ola de la Pandemia de la COVID-19 que arrasa en nuestro país, Europa y la mayor parte del mundo, Fórum Política Feminista quiere dejar constancia una vez más este 8 de marzo, día internacional de las mujeres, que somos las que más estamos sufriendo esta crisis sanitaria, económica y social agravando nuestras precarias condiciones de vida.

Como trabajadoras sufrimos más el paro, los trabajos a tiempo parcial, del cuidado de las personas dependientes. Soportando la violencia sexista en todos los ámbitos de nuestra vida personal, laboral, social, en redes sociales, instituciones. Sufriendo también la desprotección y abandono en campos de refugiados, guerras, bloqueos ilegales, migraciones forzosas por el hambre y la violencia.

El acosos misógino que crece exponencialmente por las redes sociales, no termina, el auge de la mafia proxeneta internacional, la asunción acrítica de las propuestas del transpatriarcado por las instituciones públicas , tanto en normativas nacionales, autonómicas e internacionales como por parte de los medios de comunicación social que en nuestro país se plasman en borradores de proyectos de ley Trans y LGTBI son las luchas que el movimiento feminista afronta sin por ello dejar de lado nuestras reivindicaciones históricas por la igualdad.

La reconstrucción económica y social de este país debe priorizar alcanzar y/o consolidar la autonomía económica de las mujeres, clave para alcanzar la igualdad efectiva y la prevención de la violencia contra las mujeres.

Se habla de la economía basada en los cuidados de personas, de servicios públicos para cubrir, con empleo de calidad, unas tareas esenciales para la sociedad. Es necesario que el centro de las políticas públicas desarrolle los mecanismos para que las personas y su bienestar sean la prioridad. Así dejará de ser una carga que las mujeres llevamos a las espaldas y nos hacen quedar atrás. Se subestima el valor real de la producción económica, y al considerar las tareas del hogar y los cuidados como inactividad, se invisibilizan trabajos que son realizados por más de 3 millones de mujeres como única actividad, que obligan a sub-emplearse con contratos precarios por parcialidad o las arroja al desempleo para dedicarse en exclusiva a los cuidados a los que las políticas públicas no hacen frente.

Lo que exigen desde Forum de Política Feminista, son políticas de corresponsabilidad para la desaparición de la diferencia por sexo con medidas concretas como la escolarización de 0 a 3 años y un sistema de servicios públicos para los cuidados y suficientemente financiado, regularizando la situación de las empleadas del hogar y eliminar los incentivos que desincentivan el empleo de calidad de las mujeres y equiparación de las pensiones, también las no contributivas, a un mínimo de suficiencia vital y elevar los indicies de referencia para la garantía de unas rentas mínimas adecuadas.

También se busca reducir la brecha de las pensiones entre mujeres y hombres. Eliminar programas que incentiven la peor calidad de los empleos de las mujeres, como la excedencia o parcialidad. Luchar contra la Economía sumergida para mayor solidaridad del sistema y salvar de la exclusión a colectivos como las empleadas del hogar y cuidados. Potenciar con el sistema de incentivos el retorno al trabajo de mujeres desempleadas e inactivas y la conservación en situación de trabajo activo de las mujeres. Medidas positivas que compensen las cortas trayectorias laborales de las mujeres al mercado de trabajo y las lagunas de cotización en caso de incrementar el periodo de acceso a la jubilación. Mantenimiento de los complementos a mínimos, y primando los requisitos de necesidad social por encima de los de matrimonio, de manera que, sin desproteger a mujeres mayores, no incentive la dependencia de las casadas jóvenes. Y equiparar el sistema especial de empleadas de hogar con el Régimen General para que, además de tener derecho al desempleo, adecúen las cotizaciones a sus ingresos reales para una mejor protección en la etapa pensionista.

Reducir la tasa de paro registrado del 22,61%, eliminando la brecha entre sexos Y ampliar la tasa de empleo en las mujeres menores de 30 años para alcanzar al menos la de 52% masculina, 12 puntos superior a la de las mujeres, es también otro de sus objetivos. Además de combatir los estereotipos y roles de género que condiciona el acceso al empleo a las mujeres a determinados sectores y ocupaciones, con el fin de incrementar la presencia de mujeres en ámbitos donde se encuentran menos representadas. También impulsar políticas de empleo dirigidas a favorecer la inserción laboral de las mujeres con discapacidad para que se reduzca su exclusión y puedan alcanzar un desarrollo personal que les permita ser autosuficientes, y el incremento progresivo con referencia al SMI en los Presupuestos Generales del Estado de las pensiones no contributivas. Equiparación de la pensión no contributiva con el mínimo general de las pensiones.

En cuanto a la violencia machista, de las 290 medidas que contiene el Pacto de Estado contra la Violencia de Género unificadas las del congreso y el Senado, Forum de Política Feminista afirma que solo se han cumplido 75 lo que supone el 25,8% del total de medidas. 164 están en proceso de implementación y 51 siguen pendientes de implementación. Lo que exigen es que se cumpla con la medida de la modificación del art.1 de la Ley Integral, ampliando el concepto de violencia de género a todas las formas de violencia contra las mujeres contenidas en el Convenio de Estambul.

La prevención de la violencia de género en el sistema educativo debe ser política prioritaria, por ello exigen que se impartan asignaturas que incorporen la formación en igualdad de mujeres y hombres, entre ellas la educación sexual y afectiva para prevenir la violencia sexual.

Detección precoz en el sistema sanitario sistemática en Atención Primaria y Hospitalaria mediante cribado de test “West” a todas las mujeres a partir de los 14 años. Incluir en la Cartera de Servicio a fin de asegurar el registro y contar con datos de incidencia. Asegurar coordinación de los recursos y actuaciones de ayuda y trasmisión de los datos. Incluir en los protocolos de seguimiento de las pacientes del Covid 19 el cribado para detección de alto riesgo de feminicidio debido a las medidas de confinamiento y la formación obligatoria y continuada de la Judicatura, Fiscalía, Abogacía y funcionariado y otros operadores jurídicos en perspectiva de género para que la víctima pueda acudir a la justicia en condiciones de igualdad, esperando justicia y reparación. De modo de librar al sistema judicial de los prejuicios y estereotipos sexistas. Erradicar el maltrato institucional a las mujeres cuando acuden al sistema judicial en busca de protección y reparación.

Exigen también una regulación específica que prohíba, mediante penas y sanciones, el uso y la apología del falso Síndrome de Alienación Parental (SAP), que debe contener, el rechazo explícito a la figura de ADR o Coordinador parental prohibiendo su formación y su uso en los juzgados por ser un arma contra las mujeres y las niñas y niños cuando se dirimen las custodias, introduciendo de forma soslayada un sistema que coarta su libertad y les perjudica. Además de exigir que los centros Puntos de Encuentro Familiar y los Centros de Apoyo a la Familia, tengan una gestión pública, sean ideológicamente independientes y cuenten con personal especializado en violencia de género, infancia y diagnóstico de la personalidad, así como unos protocolos adecuados para no revictimizar y proteger de la violencia machista a la infancia y mujeres. También se posicionan en contra por ser una herramienta de maltrato contra la mujer e hijas e hijos, por lo que piden la eliminación urgente del punto 8 del art.92 del Código Civil.

Reclaman una ley de abolición de la prostitución que ampare a las mujeres, proporcionando salidas educativas y de empleo, vivienda y ayudas económicas, y que se penalice el proxenetismo en todas sus formas y también prohibir la publicidad en medios y redes sociales de la prostitución y pornografía y acabar con la apología del trabajo sexual como vía laboral y de emancipación.

Las familias monomarentales piden el reconocimiento y regulación explícita de medidas dirigidas a ellas tales como servicios de apoyo familiar, ingreso mínimo vita, información accesible y comprensible, políticas de conciliación…

Para que nuestros derechos a la protección a la salud sean una realidad piden una formación obligatoria con perspectiva de género y en material de Salud Sexual Reproductiva, violencia obstétrica y Derechos Humanos, morbilidad diferencial, VG a profesionales sanitarios, tanto en pregrado como en postgrado y en formación continuada, protocolos con perspectiva feminista e interseccionalidad en la actuación preventiva y clínica, mayor información epidemiológica y clínica desglosada por sexo, una educación afectivo sexual obligatoria en centros educativos con presupuesto específico y formación adecuada del profesorado en coeducación feminista y el acceso universal y efectivo a la anticoncepción hormonal y de barrera en todos los territorios.

Piden también que el aborto esté fuera del Código Penal y dentro de la Sanidad pública, con el acceso no tutelado para menores de 17 años y una regulación de la objeción de conciencia y asesoramiento de la prestación, además de medidas de contención de las organizaciones antiabortistas. Exigen la desmedicalización del parto no complicado, cumpliendo con la Declaración de Fortaleza de la OMS que garantice una atención al embarazo y parto natural, desmedicalizando estos procesos y adecuando las prácticas sanitarias para la consecución de las tasas obstétricas recomendadas por la OMS, en cuanto a cesáreas, partos instrumentalizados, episiotomías, rotura artificial de membranas, uso de oxitocina sintética, inducciones, la no separación de madres y bebés, y apoyo a la Lactancia Materna.

En relación a lo anterior también piden una oferta sistemática de métodos preventivos frente a infección VIH, un asesoramiento protocolizado en la sanidad pública sobre técnicas de reproducción asistida y efectiva. Una aplicación estricta y seguimiento del protocolo contra la Mutilación Genital Femenina y la adecuación de recursos de atención a la salud mental en la sanidad pública con perspectiva de género.

Para terminar ven necesario el fortalecimiento de los servicios públicos, sociales, sanitarios, educativos y cuidados. Denunciar la dejación de estos servicios esenciales en manos de empresas privadas que priorizan sus beneficios empresariales tal y como se ha visto en las residencias de mayores durante la pandemia Covid, la insuficiencia crónica de los servicios sociales y sanitarios públicos necesita de una inyección de financiación pública que alcance la media de la UE.

Foto: archivo AmecoPress.
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Comunicados – Empleo y género – 8 Marzo – Movimiento Feminista . 02 feb. 21. AmecoPress