Alianza por la solidaridad denuncia el riesgo que corren líderes ambientalistas en prisión
Madrid, 16 abril 2020. AmecoPress – La organización recuerda que la criminalización a quienes lideran los movimientos del campesinado, en muchos casos personas indígenas, son una constante en muchos países. Su situación en las cárceles se está viendo agravada por la pandemia del COVID-19 y el aislamiento de sus familias.
La ONGD Alianza por la Solidaridad-Action Aid hace un llamamiento a la comunidad internacional para que se tomen medidas contra los países en los que se está persiguiendo a los líderes y lideresas comunitarios que se enfrentan a los proyectos extractivistas en sus territorios. A través de la experiencia que le dan sus proyectos sobre el terreno, la organización relata la situación a la que se enfrentan las defensoras de derechos humanos en países como Guatemala, El Salvador o Colombia.
En Guatemala, entre 2012 y 2017 se contabilizaron más de 900 actos de criminalización contra personas defensoras de derechos humanos. Muchas acabaron envueltas en procesos judiciales y encarceladas. En el caso de Colombia, Naciones Unidas ha denunciado recientemente el elevado número de casos de criminalización de líderes indígenas y afrocolombianos en Colombia. A través de su relator especial para los derechos humanos ha señalado que Colombia “sigue siendo el país con el mayor número de personas defensoras asesinadas en América Latina, y las amenazas en su contra se han disparado, en un contexto de altos índices de impunidad, pese a avances en esta materia”.
Las y los líderes en prisión se enfrentan a una situación de insalubridad debido a la falta de medidas higiénicas, acceso a una sanidad básica y al aislamiento de sus familiares. En muchos países las medidas de confinamiento impiden a las personas presas recibir visitas que les proporcionaban apoyo económico que necesitan para sobrevivir. Por todo ello, denuncian, su situación ya de por sí difícil está empeorando debido a la pandemia del coronavirus.
Alianza por la solidaridad – Action Aid ha señalado que “participar en manifestaciones, convocar actos de protesta o informar a las comunidades sobre proyectos que afectan a los recursos naturales bastan para generar denuncias por parte de quienes consideran que la defensa de los derechos de las comunidades afecta a sus intereses económicos. La falta de conocimientos legales o de recursos para poder tener una defensa adecuada o la presentación de pruebas falsas pueden acabar en condenas judiciales para los y las líderes ambientalistas, cuyos recursos de apelación tardan meses o años en ser considerados”.
Foto: Alianza por la solidaridad
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16 abr. 20. AmecoPress