“Altos niveles de inseguridad, la aparición de propaganda contra la igualdad de género, la persistencia de disposiciones discriminatorias por motivos de sexo en la legislación, la falta de mecanismos eficaces y la insuficiencia de presupuestos estatales para aplicar la política de género, los estereotipos discriminatorios de los operadores de justicia, las barreras financieras, lingüísticas y geográficas para acceder a la justicia para las mujeres del medio rural y con discapacidad, la normalización de la violencia contra las mujeres y su cosificación en medios así como la discriminación contra mujeres indígenas, afro mexicanas, migrantes y refugiadas”
