La sombra de Polonia es oscura
Madrid, 27 oct. 20. AmecoPress.- En 2016 una huelga feminista en Polonia logró parar el intento del por entonces primer ministro, Jaroslaw Kaczynski, de prohibir por completo el aborto. La semana pasada el Tribunal Constitucional de Polonia declaró inconstitucional la ley que permite a las mujeres interrumpir su embarazo por causa de anomalías fetales, de modo que solo se podrá abortar en caso de violación, incesto o peligro para la salud de la mujer embarazada. ¿Qué ha cambiado en estos últimos años? ¿Qué estrategias emplean quienes pretenden coartar los derechos de las mujeres y en concreto, sus derechos sexuales y reproductivos? ¿Cómo se inserta esta amenaza en un contexto global marcado fuertemente por la pandemia del COVID-19?
Efectivamente la crisis ocasionada por el COVID-19 está agravando las deficiencias y desigualdades preexistentes en el acceso y disfrute de los servicios de salud sexual y reproductiva para las mujeres y niñas. Y en algunos escenarios, la pandemia ha venido a potenciar la crisis democrática y de derechos humanos que viene fraguándose en los últimos años.
Así lo advierten las personas expertas que, desde diversas instituciones, se esfuerzan por esclarecer y proponer estrategias que contribuyan a fortalecer las políticas por la igualdad de género y a propiciar el aumento de financiación para la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Una de estas personas es Neil Datta, director del Foro Parlamentario Europeo para los Derechos sexuales y Reproductivos, quien fue el principal ponente del diálogo parlamentario: ¿Cómo afecta la pandemia a la agenda legislativa sobre derechos sexuales y reproductivos de las mujeres?, promovido por los Intergrupos Estatal y Vasco sobre Población, Desarrollo y Salud Reproductiva y el Intergrupo Catalán sobre Derechos Sexuales y Reproductivos, junto con la Federación de Planificación Familiar (FPFE).
Neil Datta destacó que en las últimas décadas se han registrado avances significativos en el reconocimiento y ejercicio de los derechos de las mujeres y, específicamente, de sus derechos sexuales y reproductivos y su derecho a la salud. La implementación de los compromisos acordados en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD) de 1994, y en la Plataforma de Acción de la Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en 1995 en Beijing, continúan recibiendo un fuerte apoyo en todo el mundo, como lo ilustran las revisiones de los acuerdos de estas conferencias, firmados en la Cumbre de Nairobi de 2019 y próximamente en París.
Sin embargo, también advirtió del crecimiento de iniciativas de retroceso y una ofensiva que cada vez ejerce más presión contra los derechos de las mujeres, la igualdad de género, los derechos LGBTQI+ y en general, los derechos sexuales y reproductivos. Esta presión y coerción a menudo son orquestadas por redes europeas y globales que se infiltran e influyen en instituciones y foros internacionales.
Estos grupos, que vieron cómo algunos de sus intentos restrictivos fueron respondidos con contundencia desde la sociedad civil, que logró parar por ejemplo el intento del entonces ministro Alberto Ruíz-Gallardón, –que quiso acabar con el derecho a la IVE en España en 2010- o el de Jaroslaw Kaczynski, primer ministro en Polonia, -que en 2016 quería prohibir por completo el aborto-, ha desarrollado nuevas estrategias y marcos para imponerse.
Nuevas estrategias y narrativas para imponerse
Así, los argumentos utilizados por estos grupos se apoyan en la defensa perversa de la “libertad religiosa” y en la “crisis demográfica”. “La libertad religiosa se está utilizando como un arma contra otros derechos fundamentales”, explicó el director del Foro, “como el derecho a la salud, a la educación, al respeto a la diversidad”, derivando en figuras como la “objeción de conciencia” para denegar la atención médica pública y el derecho a la no discriminación y para dar cabida a leyes basadas en un discurso de odio. El chantaje de la crisis demográfica se usa para regresar a un “pasado imaginado” y promover un modelo de familia y valores tradicionales que discrimina a las mujeres y a las personas LGTBI y se opone a la igualdad de género.
¿Qué herramientas usan estas fuerzas organizadas para arremeter contra los derechos de las mujeres? Fundamentalmente los litigios y la creación y uso de una diplomacia paralela o alternativa. Existen numerosos ejemplos que muestran cómo los instrumentos jurídicos se utilizan para ejercer acoso legal a líderes y organizaciones progresistas y que documentan el uso de los tribunales para imponer una ideología conservadora que se dirige a minar la igualdad, la diversidad y los derechos de las mujeres, de manera especial, sus derechos sexuales y reproductivos.
Lo sucedido en Polonia la semana pasada es resultado de esta ofensiva realizada a través de cauces jurídicos. También el abandono de la Convención de Estambul que varios estados europeos están promoviendo y que, en el caso de Bulgaria, fue declarada inconstitucional por el propio Tribunal Constitucional del país.
Estas fuerzas políticas –apoyadas también por instituciones religiosas- van construyendo una “diplomacia alternativa paralela”, como la denomina Neil, que en el caso significativo de Estados Unidos llega a constituir una arquitectura global con influencia decisiva en materia de derechos humanos y derecho a la salud. Lamentablemente hoy se ha ratificado el acceso –el tercero impulsado por Trump- de la jueza Amy Coney Barrett como la 115ª juez del Tribunal Supremo ocupando el sitio que dejó vacante la muerte el pasado 18 de septiembre de Ruth Bader Ginsburg, leyenda del feminismo e icono de las causas progresistas. Barrett, de 48 años, devota católica e intérprete ortodoxa de la Constitución, es “un peligro para el derecho al aborto”, advirtió Neil Datta, pero es solo la “punta del iceberg”.
En la base de ese iceberg hay millones de euros y dólares destinados a formar a jueces y juezas bajo la ideología de la derecha cristiana y para influir en los tribunales de todo el mundo. Hay leyes y normativas que bloquean la igualdad de género como pilar fundamental de los estados y las sociedades, exaltando los llamados “derechos de la familia”, la “libertad religiosa” o el “derecho a la propiedad privada” por encima de los derechos humanos consensuados internacionalmente.
¿Qué hacer?
Así, la igualdad de género y los derechos sexuales y reproductivos se han convertido en cuestiones prioritarias de las agendas políticas y diplomáticas en todo el mundo. “No es un asunto de derecha contra izquierda, es un asunto de extrema derecha contra democracia”, advirtió Datta.
Y en esa “pelea” hay previstos algunos hitos importantes que influirán en la agenda legislativa de la salud y los derechos sexuales y reproductivos. El informe europeo de salud y derechos sexuales y reproductivos que se hará público próximamente, las modificaciones de las leyes que regulan el acceso al aborto en distintos países, las ratificaciones de la convención de Estambul, los resultados de las elecciones en Estados Unidos o el nombramiento del Enviado Especial de la UE. A todo ello se suma que la crisis ocasionada por el COVID-19 está agravando las deficiencias y desigualdades preexistentes en el acceso y disfrute de los servicios de salud sexual y reproductiva para las mujeres y niñas.
“¿Qué hacer?”, se preguntaban ayer en el debate. “Las peticiones parlamentarias funcionan”, insistió el Secretario del Foro Parlamentario Europeo para los Derechos Sexuales y Reproductivos (EPF) desde 2004, valorando la “generosidad de los parlamentarios y parlamentarias españoles”.
La financiación puede convertirse también en un arma. Por un lado, hay que insistir en cubrir brechas en el acceso a la salud y derechos sexuales y reproductivos, proporcionando los recursos de manera adecuada y suficiente. Pero también habría que condicionar la financiación ofrecida desde las instituciones europeas al estado de derecho y al respeto de los derechos humanos, como por ejemplo ha hecho Noruega congelando las ayudas a Polonia.
Hay que ayudar a reconocer nuevas trampas narrativas y, sobre todo, continuar promocionando la agenda progresista. Porque los logros conquistados en el camino hacia la igualdad de género están en riesgo.
Foto: archivo AmecoPress, cedidas por la FPFE y AI © Grzegorz Żukowski
Unión Europea – Política – Salud y género – Salud reproductiva – Aborto. 27 oct. 20. AmecoPress