El Gobierno y las organizaciones sociales aprueban el Plan de Choque para iniciar la reforma del Sistema de Atención a la Dependencia

Madrid, 19 ene. 21. AmecoPress.- El pasado 14 de enero, la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 y los representantes de colectivos sociales (CCOO, UGT, CEOE y CEPYME) llegaron a un acuerdo para el desarrollo del Plan de Choque y la reforma del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), para su plena implementación.

En 2006 se aprobó la Ley de Dependencia (LAPAD). Actualmente hay 1,1 millones de personas beneficiarias con derecho efectivo. Aunque hay que señalar los problemas, como las limitaciones y falta de medios, del funcionamiento de la ley que la pandemia del COVID-19 ha resaltado e intensificado. Las personas a las que más ha afectado la crisis socio-sanitaria ha sido a las más vulnerables, como las y los residentes de centros residenciales, donde ha habido una letalidad muy elevada.

Por ello, los objetivos que se establecieron en la mesa de diálogo social son: reducción de la lista de espera y los tiempos de tramitación de las solicitudes; asegurar que sean adecuadas las condiciones laborales de las personas que trabajan en el Sistema de Atención a la Dependencia; e introducir mejoras en los servicios y prestaciones que garanticen la atención adecuada de las personas dependientes.

AESTE, Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia, valora muy positivamente el acuerdo alcanzado con el Gobierno, los sindicatos y las empresas del sector de la dependencia. Consideran que es “una oportunidad histórica para reformar, modernizar y profesionalizar el sector de la atención a las personas mayores y dependientes”. La asociación opina que, “tras 14 años de la creación de la Ley de la Dependencia, es el momento adecuado para revisar por completo el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia”.

El sector de la Dependencia está altamente feminizado. Por ello, son las mujeres las que más sufren la precarización y sus consecuencias: elevadas cargas de trabajo que les ocasiona lesiones musculoesqueléticas, automedicación y salarios bajos que agravan más su situación. Además, en el sector de la ayuda a domicilio las jornadas suelen ser parciales.

El acuerdo incluye un incremento de la financiación del SAAD por parte de la Administración General del Estado de, al menos, 600 millones de euros para este año 2021, para profesionalizar el sector, aumentar la calidad de los cuidados y mejorar las condiciones laborales y retributivas del personal. Las organizaciones quieren garantizar un salario mínimo de convenio de 14.000 euros anuales.

Jesús Cubero, Secretario General de AESTE, ha manifestado que han hecho “lo que tocaba ahora: sentarnos a hablar y fijar las bases de trabajo para que en el primer semestre de 2021 seamos capaces de evaluar las mejoras necesarias del sistema, y planificarlas para que los servicios y prestaciones que reciben nuestros ciudadanos se adecúen a sus necesidades reales, tanto sociales como sanitarias. Este acuerdo entre empresas, trabajadores y Administraciones es un ejemplo del trabajo que debería desarrollarse en todos y cada uno de los sectores de la sociedad española. Nos hace falta más diálogo, y una clara voluntad de resolver los problemas de las y los ciudadanos”.

Las organizaciones y el Gobierno se han comprometido a realizar propuestas para la revisión del Acuerdo de acreditación de centros y servicios del SAAD, que serán remitidas al Consejo Territorial.

El acuerdo contempla que a lo largo de este año 2021 se regulará la figura del profesional del asistente personal, y que al final de 2022, todas las personas dependientes con grado reconocido que vivan en su domicilio tendrán acceso al servicio de teleasistencia, que pasará a considerarse un “derecho subjetivo” que estará ligado a la condición de dependencia.

“Las mejoras en los servicios y prestaciones del sistema garantizarán sin duda una atención adecuada de las personas dependientes, pero en este sentido además debemos optar por la implantación de modelos eficientes donde los ciudadanos puedan escoger libremente los centros como parte de esa atención centrada en la persona”, según explica Cubero.

Para alcanzar todas las metas impuestas son necesarias medidas estructurales a medio y corto plazo. El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 presentó el pasado mes de octubre un documento de ‘Propuestas para la puesta en marcha de un Plan de Choque para el impulso del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia’. Los integrantes de la Mesa de Diálogo Social están de acuerdo en los siguientes puntos:

Evaluación completa de la situación para la mejora del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia

Dentro de la evaluación hay que conocer mejor la realidad del SAAD y sus diferencias en los distintos territorios de España, obteniendo así información más detallada sobre el coste de los servicios prestados, sus intensidades y su financiación; identificar las necesidades de mejora del sistema, de su gestión y de sus sistemas de información; analizar y evaluar el sector de centros residenciales conociendo cuántas instituciones hay y sus características; hacer una revisión profunda del impacto de género en las actuales políticas; y analizar con exactitud las aportaciones del sistema de cuidados mirando el PIB de España, los retornos directos, indirectos e inducidos del sistema erario público y determinar el impacto en la generación de empleo.

Financiación Insuficiente

La financiación del SAAD por parte de la Administración General del Estado es insuficiente y debe incrementarse. Por ello, los Presupuestos Generales del Estado para 2021 incluyen ya una subida de las cuantías del nivel mínimo del 17,4% y la recuperación del nivel acordado, estimándose su efecto sobre la financiación del sistema en al menos 600 millones de euros adicionales.

Planes para la mejora del SAAD

Los planes que las organizaciones han acordado llevar a cabo son: reducir sustancialmente la lista de espera y los tiempos de tramitación de las solicitudes; asegurar que las condiciones laborales y profesionales de las personas que trabajan en el SAAD son adecuadas, lo que además es garantía de la calidad de la atención que reciben las personas beneficiarias del sistema; e introducir mejoras en los servicios y prestaciones para garantizar la atención adecuada de las personas dependientes, preferiblemente mediante servicios profesionales de calidad.

Criterios de distribución territorial de los fondos de la AGE

La Administración General del Estado (AGE) aporta fondos a la financiación del SAAD y se tiene que tener en cuenta la liquidación del nivel mínimo correspondiente a cada comunidad o ciudad autónoma que vendrá determinada por el número de personas atendidas, su grado de dependencia y el tipo de prestación que se le otorgue.

Las organizaciones pretenden mantener la prima que el actual sistema de reparto establece a favor de las prestaciones de servicio e introducir modificaciones para reducir la complejidad de la gestión y aumentar la transparencia y la previsibilidad de las liquidaciones anuales.

Plan específico para la reducción de la lista de espera en 2021

El acuerdo, además del incremento de la financiación, incluirá reformas en el proceso administrativo de gestión de las prestaciones que permitan simplificarlo, como: evitar la declaración de caducidad de los procedimientos por la inactividad involuntaria del solicitante; determinar que en la propia resolución de grado se establezca el Programa Individual de Atención (PIA); permitir que los PIA sean modificados según las circunstancias de las personas; derogar definitivamente la posibilidad de suspender hasta dos años la percepción de prestaciones económicas, quedando limitada a los seis meses desde la presentación de la solicitud; valorar la posibilidad de establecer un “procedimiento urgente” de acceso a las prestaciones para personas dependientes de elevada vulnerabilidad; entre otras.

Propuestas para la revisión del Acuerdo de acreditación de centros y servicios del SAAD de 2008 y su última modificación de 2017

La Mesa de Diálogo Social acordará unas propuestas para la revisión del Acuerdo de acreditación de centros y servicios del SAAD de 2008 y su última modificación de 2017, que se remitirán para su consideración por el Consejo Territorial en el primer semestre de 2021.
Esta revisión incluirá las mejoras que sean necesarias para reforzar la calidad de los servicios; las condiciones laborales de las personas que trabajan en ellos; las medidas necesarias para paliar la insuficiencia en el número de profesionales del que adolece el sector; la posible revisión de los precios de los conciertos; y la adopción de las medidas necesarias para el cumplimiento de estos estándares, incluyendo un refuerzo de las inspecciones.

Acciones de cualificación del personal de los servicios de cuidados

En el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia las organizaciones han acordado llevar a cabo acciones de cualificación del personal de los servicios de cuidados y de los servicios sociales de larga duración.
La propuesta de inversiones con cargo a los fondos europeos, que ya figura en el proyecto de Presupuestos Generales para 2021, incluye un programa para la capacitación del personal en el modelo de atención centrado en la persona en los servicios residenciales y domiciliarios, y un plan de mejora de la formación de profesionales de servicios sociales, orientada hacia el cambio de modelo de atención y la capacitación tecnológica. La inversión total prevista en estos dos programas es de 25 millones de euros y se desarrollará entre 2021 y 2023.

La Mesa de Diálogo Social reflexionará sobre la necesidad de desarrollar un modelo de atención y cuidados centrados en la persona, especialmente en los servicios residenciales.

Servicio de teleasistencia

Al final de 2022, todas las personas dependientes con grado reconocido que vivan en su domicilio tendrán acceso al servicio de teleasistencia, que pasará a considerarse un “derecho subjetivo” ligado a la condición de dependencia.

Antes de finalizar el segundo semestre de 2021 se acordarán los cambios que haya que introducir en las condiciones que debe cumplir este servicio, se abordará la definición de la “teleasistencia avanzada” y se analizará el papel que debe desempeñar en el sistema.

Análisis del SAAD

Evaluación de otras posibles mejoras de las prestaciones del SAAD y establecimiento de un calendario de aplicación para los años 2022 y 2023. A lo largo del primer semestre de 2021 se evaluarán las posibilidades de elevar las intensidades horarias del SAAD y de los de promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia, mejorar las prestaciones económicas y ampliar las compatibilidades entre las distintas prestaciones y servicios, tal y como se recoge en la propuesta inicial del Plan de Choque. Para ello, se considera necesario conocer con más detalle el coste actual de estos servicios en cada comunidad autónoma y cuál sería el impacto presupuestario de estas medidas.

Una vez realizado este análisis y consensuado el alcance mínimo que tendrá cada propuesta, se aprobará un calendario para su implantación a lo largo de 2022 y 2023, acompasado al incremento de la financiación del nivel mínimo y del nivel acordado.

Figura del Asistente Personal

A lo largo de 2021 se regulará la figura del Asistente Personal. Se trata de una prestación poco desarrollada, mientras que el impacto económico de la Prestación Económica de Asistencia Personal (PEAP) es superior al resto de prestaciones. El Consejo Territorial ya ha realizado previamente trabajos para acordar una regulación mínima, sin haber alcanzado aún un consenso suficiente sobre el desarrollo de esta prestación, y se acuerda retomar estos trabajos y concluirlos durante 2021. Igualmente, los interlocutores sociales han presentado a la Mesa de Diálogo Social una propuesta para su discusión, referida especialmente a los criterios de formación, condiciones laborales, profesionalidad y calidad de la atención que deben alcanzarse en esta prestación.

Estrategias de coordinación socio-sanitaria

Durante 2021, la Mesa de Diálogo Social propondrá estrategias de coordinación socio-sanitaria en el marco del Sistema para la Autonomía personal y Atención a la Dependencia (SAAD), que serán elevadas al Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAAD y, en su caso, al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, para su desarrollo. Los interlocutores sociales han presentado a la Mesa de Diálogo Social una propuesta para su discusión.

Beneficiarios y aportaciones

El Consejo Territorial revisará en 2021 las aportaciones de las personas usuarias y propondrá algunos criterios comunes que podrían aplicarse a partir de 2022, participando simultáneamente la Mesa de Diálogo Social en el estudio y análisis de estos criterios.

La LAPAD establece que los beneficiarios de las prestaciones de dependencia participarán en su financiación, según el tipo y coste del servicio y su capacidad económica personal, y que el Consejo Territorial fijará los criterios para la aplicación de este principio. Igualmente, señala que nadie quedará excluido del sistema por no poder afrontar el copago y que el mismo será en función de la capacidad económica de la persona y del coste de la prestación.

Reformas

Se impulsarán las reformas precisas para garantizar la atribución a la jurisdicción social de las cuestiones litigiosas relativas a las prestaciones derivadas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

Mejora de calidad

Para mejorar la calidad en la prestación de los servicios, se garantizará de manera específica la calidad en el empleo mediante las condiciones laborales de las personas trabajadoras que prestan los servicios, promoviendo la profesionalidad y potenciando la formación básica y permanente de los y las profesionales, así como su cualificación y acreditación.

Recursos contra la COVID-19

La propuesta del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia incluirá la transferencia de recursos a las comunidades autónomas con el objeto de hacer frente a la COVID-19 con la adquisición de equipos de protección y pruebas diagnósticas y gastos relacionados con la adaptación de la prestación de los servicios a los requisitos de seguridad para la protección de profesionales y personas atendidas.

Las organizaciones han resaltado la importancia de la formación e información continua frente a los riesgos de exposición en un sector con alta rotación y temporalidad, adecuando las plantillas de los distintos servicios; asegurando un stock suficiente de EPIs; realización de pruebas PCRs también al personal en caso de contagio o posible contagio; y reconocimiento como enfermedad profesional, a todas las y los profesionales que se hayan contagiado.

Comisión de Seguimiento

Se creará una Comisión de Seguimiento de este Acuerdo de Diálogo Social para la Plena Implementación del SAAD, así como del contenido del Plan de Choque, con representación de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales y de los interlocutores sociales, con el fin de asegurar su participación en todos estos procesos y evaluar el cumplimiento de estos acuerdos.

Foto: archivo AmecoPress, cedidas por AESTE
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Economía – Dependencia – Conciliación – Tercera edad – Empleo y género ; 19 de enero. 21. AmecoPress19 ene. 21. AmecoPress