Propuestas para un mayor impacto de género de los presupuestos de 2022

Madrid. 02 nov. 21. Amecopress.- Hoy ha sido presentado en la sala Clara Campoamor del Congreso de los Diputados el Manifiesto Feminista ante los Presupuestos del Estado para 2022, firmado por más de 80 organizaciones en un debate con representantes de los principales grupos parlamentarios.

Es la 14ª vez que la Plataforma Impacto de Género Ya analiza las partidas que el Gobierno correspondiente destinará a las distintas políticas públicas. Pero en esta ocasión lo hace con un marco muy especial: segundo año de una pandemia mundial que ha puesto en el centro los cuidados, remunerados o no.

Begoña San José ha sido la encargada de presentar el Manifiesto que, dividido en ocho ejes, analiza el Informe de Impacto de Género que acompaña a los presupuestos y da voz a las demandas feministas en relación a las distintas políticas públicas que desarrollan: empleo, pensiones, igualdad, lucha contra las violencias, dependencia, educación, sanidad, vivienda, medio ambiente y cooperación.

Siendo los servicios sociales, la sanidad y la educación competencias transferidas a las Comunidades Autónomas “pedimos que el PGE 2022 cree, con financiación finalista y evaluable, esos 200.000 empleos públicos estables en sanidad, educación, servicios sociales e igualdad y violencia de género”, ha enfatizado Begoña San José.

En materia de empleo, las organizaciones reclaman que se cree una estadística pública anual del Registro retributivo de empresas creado por el Decreto 902/2020 de igualdad retributiva entre mujeres y hombres, que se equipare a las empleadas hogar en la protección por desempleo y se ratifique el Convenio 189 de la OIT o reducir la jornada laboral general a 35 horas, entre otras medidas y tras un profundo diagnóstico.

El Manifiesto aborda la cuestión de la pobreza y propone que la reforma de las pensiones en trámite, ante el aumento de la brecha de género, tenga en cuenta el Manifiesto que 144 organizaciones feministas presentaron a las Comisiones del Pacto de Toledo y de Igualdad en marzo 2020, y actúe combinadamente en no seguir alimentando la desigualdad en los salarios y tiempos cotizados con tiempo parcial y “lagunas de cotización” y que más mujeres tengan pensión propia suficiente, para depender menos de la de viudedad.

También reclaman que el Ingreso Mínimo Vital llegue sin más demoras a todas las personas sin recursos de subsistencia, con personal suficiente y accesible en la SS y asegurando recursos humanos y materiales a los servicios sociales de base, para resolver las solicitudes en el plazo de un mes y que sea un derecho individual, no de la “unidad de convivencia”, concepto que enmascara el rol patriarcal de “cabeza de familia”.

“Necesitamos que los servicios de Igualdad tengan personal público estable”, ha resumido San José, y que “las transferencias a las Comunidades Autónomas sean plurianuales con objetivos claros”, para garantizar que los fondos destinados al Pacto de Estado contra la violencia de género se ejecuten correctamente y no suceda como en este momento, en el que solo dos Comunidades Autónomas lo han hecho bien.

Las organizaciones consideran que la atención a la dependencia es el apartado en el que está previsto la mayor subida (un 23 por ciento), aunque esté lejos del objetivo. “No estamos de acuerdo con que la principal prestación sea para la cuidadora” y tampoco están de acuerdo con hablar de “desinstitucionalizar” a las personas en situación de dependencia estigmatizando las residencias en vez de “mejorar su calidad y su gestión pública”, dando a entender que todas las personas pueden ser cuidadas en casa, “porque supone un retroceso en el reparto de su cuidado entre el Estado y las familias, volviendo a cargarlo sobre las hijas, esposas y mujeres de la familia”.

El Manifiesto pide que el Ministerio de Educación y FP empiece ya a cumplir la DA 3ª de la LOMLOE en los Presupuestos del Estado, dotando al programa 322 A o el 32UA C21.I01 del MRR de al menos 400 millones de euros para sumar a las 65.000 nuevas plazas de educación infantil otras 78.000 en el resto del territorio del Estado. En cuanto a la sanidad, “si ahora no la reforzamos, ¿cuándo?”, ha dicho la representante de Impacto de Género Ya.

El documento asegura que las medidas destinadas al Medioambiente “no reflejan suficientemente el cambio de modelo que sería deseable”. Algo que también ha ratificado más tarde Alicia Cantero, de Greenpeace España, “necesitamos transformar el sistema hacia uno más justo, ecológico, feminista y resiliente”.

En cuanto a la cooperación internacional, el presupuesto previsto avanza en un 12 por ciento, pero no llega al 35 por ciento para llegar en 2023 al 0,5. Una cooperación feminista ha de verse reflejada en el presupuesto que se le destina.

Diálogo

Tras la presentación del manifiesto feminista han intervenido Isabel Franco, del Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común Rosa María Romero Sánchez, Diputada del Grupo Popular en la Comisión de Igualdad, y Lidia Guinart Moreno, Portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de seguimiento del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.

Isabel Franco y Lidia Guinart han valorado muy positivamente el incremento presupuestario destinado a igualdad y lucha contra las violencias machistas, cuyas partidas, por primera vez superan los 500 millones de euros. También han enfatizado en el papel de las entidades locales, que recibirán mas financiación para implementar el Pacto de Estado contra la violencia de género, y la importancia de las campañas de sensibilización, especialmente destinadas a la población más joven.

La portavoz del Partido Popular ha sido crítica con los PGE, cuestionando que puedan llegar a ejecutarse, porque, según ha expresado, “se basan en previsiones de crecimiento económico que no se van a cumplir”. Además, ha puesto en cuestión la necesidad de un Ministerio de Igualdad, algo por lo que le han afeado desde diversos enfoques: “es preocupante”, ha dicho Lidia Guinart, “es lo que hace la ultraderecha”.

Foto: archivo AmecoPress.
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