Gobierno y organizaciones denuncian el "protocolo antiaborto" como recorte de derechos
Madrid, 18 ene. 23 AmecoPress.- La aprobación, el pasado mes de diciembre por parte del legislativo, de una reforma para la Ley de Libertad Sexual y Reproductiva de 2010 ha sido objeto de debate público desde entonces. El objetivo de esta reforma es garantizar con la máxima plenitud los derechos y libertades de las mujeres en lo respectivo a salud sexual y reproductiva.
Así, esta reforma penal mantiene, entre otras medidas, asegurar un aborto libre y seguro penalizando el acoso en clínicas abortistas, o desarrollar los derechos relacionados con la salud menstrual. En el contexto de dicho debate público, desde el gobierno autonómico de Castilla y León se lanza un pulso a esta legislación que, por otro lado, numerosas organizaciones nacionales del ámbito familiar y de género defienden.
Según declaraciones de García-Gallardo, el presidente de la sección autonómica de VOX en Castilla y León y vicepresidente de la junta autonómica, “un acuerdo que ha sido negociado y consensuado con el consejero de sanidad”, destinado a “proteger más a la mujer, acompañarla más en un proceso difícil como es el embarazo y que todas aquellas mujeres embarazadas que quieran continuar con el embarazo hasta el final, que tengan todas las facilidades y la información posible”. Este paquete, ‘de medidas en apoyo a las familias y la promoción de la natalidad’, comprende mayormente tres puntos: El protocolo de latido fetal, acceso a ecografías 4D y la defensa de la objeción de conciencia para los profesionales.
Estas medidas chocan con la intención del legislativo de acabar con la denominada “violencia gineco-abstétrica”, aquella que se ejerce generalmente desde un ámbito institucional y que genera perjuicios físicos o psicológicos en las mujeres en relación con sus procesos de gestación, parto y aborto. En este sentido, la nueva legislación implanta medidas concretas como es el reconocimiento del aborto forzado, la esterilización y anticoncepción dentro de esta tipología de violencia, el registro de profesionales objetores de conciencia para proveer de personal mínimo a todas aquellas mujeres que quieran interrumpir voluntariamente su embarazo, o la exclusión del amparo institucional de todas aquellas organizaciones “pro-vida”, que acosan y extorsionan a mujeres en las clínicas.
Por su parte, el PSOE emite un comunicado en el que “muestra su frontal oposición al recorte y a la limitación de los derechos sexuales y reproductivos que puede producirse en Castilla y León”. Según el partido, “las medidas destinadas a restringir el derecho a las IVE pueden suponer la institucionalización en la sanidad pública de medidas que coaccionarían y limitarían la libertad de las mujeres en el ejercicio de sus derechos”. Además, hace referencia a las diferencias regionales en materia de servicios de este tipo ya que, muchas son las mujeres que tienen que desplazarse para poder ejercer este derecho, cosa que la reciente reforma trata de solventar.
La Comunidad de Castilla y León ya era una región con carencias en estas materias. Actualmente, solo son dos hospitales públicos en toda la región en los que se puede ejercer este derecho, por eso es que el 97,5% de las mujeres de Castilla y León tienen que interrumpir su embarazo fuera de su ciudad. En este sentido, el partido del Gobierno culpa de este mayor aún recorte de derechos a Vox y al apoyo del PP y no descarta tomar medidas legales “para que las mujeres que lo desean puedan interrumpir su embarazo en condiciones de igualdad, intimidad y dignidad, así como protegiendo la libertad y seguridad, especialmente en aquellos momentos en los que las mujeres se pueden sentir más vulnerables”.
En el día de hoy, 17 de enero, el partido ultraderechista hace pública la materialización de su amenaza y advierte al Partido Popular de la Comunidad de Castilla y León que abandonará la Junta y así la coalición de gobierno autonómica si este no aprueba su protocolo antiaborto. Ante esto, el gobierno aprobará hoy un nuevo requerimiento a la Junta de Castilla y León, lo que significa el paso previo a emprender acciones legales ante el Tribunal Constitucional.
En este sentido, Jaume Asens, abogado y presidente de Unidas Podemos en el Congreso, defiende que “los actos molestos, intimidatorios o coactivos que menosprecian la libertad de las mujeres a la hora de ejercer el derecho al aborto son delito, dentro o fuera de las clínicas”. De esta manera, “si esto sucede (la aprobación del protocolo) vamos a emprender las acciones legales que estén a nuestro alcance y esto no solo incumbe al Tribunal Constitucional, sino que puede incumbir a tribunales ordinarios”.
Organizaciones en lucha “contra los recortes en libertades”
Son numerosas las organizaciones de mujeres y relacionadas con el ámbito familiar que se pronuncian en protesta por las medidas anunciadas en la Comunidad Autónoma. El Fórum de Política Feminista “cualquier intento de limitar la autonomía de las mujeres sobre su derecho a decidir acceder a una interrupción voluntaria del embarazo”. Pero además, hace referencia a lo anunciado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre la creación de un teléfono para que las mujeres embarazadas se informen sobre las consecuencias del aborto.
Ante estas medidas del Partido Popular, las cuales el Fórum considera destinadas a “blindar acuerdos políticos con Vox para gobernar a costa de los derechos de las mujeres”, la organización defiende que el derecho al aborto “es consolidado desde hace muchos años en nuestro país y lo que las mujeres pretendemos es poder realizarlo libremente y en la sanidad pública”. Así, desde el Fórum apelan a la responsabilidad del gobierno para blindar este derecho en la sanidad pública para todas las Comunidades Autónomas y afirman: “No admitiremos ningún retroceso en nuestro derecho al aborto”.
La Federación de Planificación Familiar, SEDRA, afirma contundente que “las medidas propuestas por el vicepresidente de la Junta de Castilla y León para prevenir abortos suponen una coacción inaceptable tanto a las mujeres como a las y los profesionales sanitarios”. “Usar un latido o una ecografía como método de prevención de un aborto no forma parte de un procedimiento sanitario necesario” defienden desde la organización, y matizan que estas acciones “suponen en este caso una coacción además de la asunción de que las mujeres son personas incapaces que necesitan ser tuteladas. Suponen infantilizar y ningunear a las mujeres”.
En este sentido, la organización defiende que estas acciones también tienen su efecto en las y los profesionales, a los cuales coloca en una posición de “poder emocional” respecto a quienes deben atender y acompañar con respeto a su autonomía. Ya que las mujeres acceden a la interrupción voluntaria del embarazo, como su propio nombre indica, de forma voluntaria y, según estudios de esta organización, la mayor parte de mujeres no se arrepienten.
No obstante, la organización SEDRA objeta que “para que disminuyan los embarazos no planificados y el número de interrupciones de embarazo, las mejores herramientas son el acceso universal y gratuito a los métodos anticonceptivos y a la educación sexual”. Paradójicamente, el vicepresidente de la Comunidad ha mostrado públicamente su rechazo y denuncia a la educación sexual que cada vez mayor número de familias creen necesaria para que sus hijos e hijas “aprendan a aceptar y aceptarse como personas sexuadas, entender lo que les pasa en sus relaciones, poner límites y vivir su sexualidad desde el bienestar”.
La Federación concluye firmemente que “estas medidas forman parte de un ataque a los derechos sexuales y reproductivos y a los derechos de las mujeres, que además se repite en otras comunidades autónomas y en otros países de una manera coordinada”. Con esto hace referencia a que, reconocido por el propio García-Gallardo, estas medidas antiaborto son tomadas referencialmente de la legislación húngara del ultraconservador Viktor Orbán, y finaliza: “Es una obligación advertirlo, y también seguir trabajando por los derechos humanos”.
Seguimiento
En el día de hoy, 18 de enero, el Tribunal Constitucional se pronuncia y afirma que “señalará para el primer Pleno de febrero el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 2/2010 sobre la interrupción voluntaria del embarazo”. Su presidente, Cándido Conde-Pumpido Tourón lo ha anunciado hoy ante el Colegio de Magistrados y fija la fecha en 7,8 y 9 de febrero.
Nota de prensa | El Presidente del TC señalará para el primer Pleno de febrero el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 2/2010 sobre la interrupción voluntaria del embarazo https://t.co/3LsrBCX5Eu pic.twitter.com/MySBSoRmHo
— Tribunal Constitucional de España (@TConstitucionE) January 17, 2023
Fotos. Archivo AmecoPress.
Estado Español - Violencia política de género - Legislación y género - Aborto - Violencia abstétrica. Madrid, 18 ene. 23 AmecoPress.