“Necesitamos garantizar la IVE a través de la sanidad pública”

Madrid, 15 jul. 21. AmecoPress.- Nos recibe en la sede del Instituto de las Mujeres de la calle Condesa de Venadito de Madrid, donde trabaja desde que tomara posesión de su cargo el pasado 26 de mayo. Es clara al hablar de sus prioridades: que el Instituto de las Mujeres sea un instrumento de participación, la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y construir las políticas de igualdad desde los suelos pegajosos. Defiende, cual mantra, la transversalidad, imposible de alcanzar sin contar con las organizaciones de mujeres a la hora de diseñar políticas públicas.

Antonia Morillas nació en Torredonjimeno (Jaén) en 1982 y se trasladó a Málaga en el año 2000. Es licenciada en Comunicación Audiovisual y experta en planificación de procesos participativos por la Universidad Complutense de Madrid, un ámbito en el que cuenta con una dilatada experiencia.

La nueva directora del Instituto de las Mujeres habla también de violencia obstétrica, vientres de alquiler y explotación sexual, consciente de que legislar con perspectiva feminista es enfrentar el trasfondo cultural patriarcal y el entramado institucional que lo sostiene.

¿Qué objetivos se marca cuando la nombran directora del Instituto de las Mujeres?

Tenemos el reto de construir una agenda feminista que concite el máximo consenso posible y de generar un marco permanente de diálogo con el movimiento feminista, entendiéndolo en toda su diversidad. Queremos reforzar el perfil del Instituto de las Mujeres como institución que se pone al servicio del movimiento feminista y de las asociaciones de mujeres y también de otras iniciativas feministas que han surgido en los últimos años, a partir de las huelgas feministas de 2018 y que tienen quizás un carácter menos formal. Para construir la transversalidad y que la perspectiva feminista atraviese todas las políticas del Gobierno hemos de fortalecer todos los canales de participación de las mujeres en el diseño de las políticas públicas.

¿Cómo está planteando este objetivo? ¿Cómo incluir y aunar distintas sensibilidades y tendencias en el mundo asociativo, en un momento en el que dentro del feminismo los debates están siendo muy enconados y resulta complicado construir puentes y puntos de encuentro incluso a la hora de legislar, como hemos visto con la ley trans o la ley libertad sexual?

Hay un órgano de participación que es el Consejo de Participación de las Mujeres, vinculado al Instituto de las Mujeres, que es necesario fortalecer. También es interesante crear otros espacios, más flexibles, que permitan que mujeres no organizadas puedan expresar su opinión y participar en los procesos que impulse el Instituto.

A lo que estamos dedicando bastante tiempo es a pensar cómo construir esos procesos y a entender la participación no cómo un órgano o un acto o un evento, sino como un proceso.

Otro de los objetivos que expresó en su primera intervención pública y que ha sido el centro de los conversatorios organizados por el Instituto la pasada semana es la defensa del cuerpo y defensa de los derechos sexuales y reproductivos. ¿Qué engloban esos derechos? ¿Y por qué siguen siendo derechos que suscitan tanta resistencia y reacciones tan virulentas por parte de determinados sectores de la sociedad a pesar de ser esenciales?

Son derechos esenciales porque el reconocimiento y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres son palanca y condición fundamental para desplegar otros derechos que también tenemos reconocidos. Cuesta tanto que sean efectivos porque son un espacio de disputa y de control sobre las mujeres. Qué función desempeña el cuerpo de las mujeres tiene mucho que ver con la consideración social que tenemos las mujeres y las funciones sociales que se nos atribuyen.

Por eso tiene tanta relevancia y por eso lo estamos poniendo en el centro en esta nueva etapa en el Instituto de las Mujeres desde un punto de vista que va más allá de la IVE y que pasa por abordar la educación sexual, esa gran deuda pendiente que tenemos en nuestro país, y pasa por abordar todo lo que tiene que ver con violencia en el plano reproductivo, concretamente la violencia obstétrica. Es un campo lo suficientemente extenso para impulsar este proceso de amplio alcance social. Y además creo que es un espacio en el que las feministas nos vamos a encontrar porque tenemos un alto nivel de consenso.

¿Cuáles son los aspectos más novedosos que se incluirán en la reforma de la Ley del Aborto?

Por un lado, algo que está incluido en el pacto de gobierno de coalición, derogar las modificaciones que se hicieron en 2015 que hacen referencia al recorte de derechos de las mujeres de 16 y 17 años. También queremos eliminar los tres días de reflexión, nos parece un símbolo relacionado con la tutela sobre el derecho a decidir de las mujeres. Nos parece importante despenalizar y sacar del Código Penal la interrupción del embarazo siempre que sea voluntaria. Esto ha sido una reivindicación histórica del movimiento feminista porque mantenerlo en el Código Penal tiene mucho de estigma en torno al aborto y está relacionado con muchos de los obstáculos que impiden que todos los aspectos recogidos en la ley del 2010 sean efectivos. Por eso sacar el aborto del Código Penal no es solo relevante en términos normativos, sino culturales.

Hay que abordar la objeción de conciencia, no cuestionamos la objeción de conciencia, pero un derecho individual no puede dificultar el acceso al derecho de las mujeres a la IVE. Necesitamos abordar todo lo que tiene que ver con la equidad territorial y garantizar la IVE a través de la sanidad pública.

¿Y el acoso en las puertas de las clínicas donde se realizan los abortos?

Tiene que ser abordado. Hay distintas propuestas, pero tenemos que garantizar que tanto las mujeres que acceden a las clínicas como las profesionales puedan ejercer sus derechos.

“La pornografía lo que hace es fomentar una cultura sexual de la violación”

Antes mencionaba la educación afectivo sexual. Varias organizaciones han estudiado que la pornografía se ha convertido en la primera escuela para los y las adolescentes. ¿Qué consecuencias tiene y cómo se va a luchar contra ello?

Sin duda hay que abordar este tema. Cómo conseguir que la educación sexual sea un elemento transversal que se garantice de manera plena en los currículums y que los profesionales de la educación tengan herramientas para incorporar la educación sexual desde una perspectiva feminista. Esto desde un marco normativo.

Además, desde el Instituto de las Mujeres hay un trabajo que se puede impulsar y que tiene que ver con la comunicación y la sensibilización en torno a la pornografía porque mientras para muchos chavales es la única “educación sexual” de la que disponen, la pornografía lo que hace es fomentar una cultura sexual de la violación. Hay que educar y sensibilizar, sin paternalismos.

Otro elemento clave de los objetivos manifestados como directora del Instituto de las Mujeres es reconocer la violencia obstétrica y la gestación subrogada como formas de violencia contra las mujeres. Con la violencia obstétrica, quizás, una de las dificultades más importantes es la invisibilización y la normalización de esta violencia, que se sigue ubicando como violencia interpersonal y no como violencia institucional. ¿En qué términos se abordará la violencia obstétrica?

Estamos en una fase inicial. Tenemos que hacer un trabajo de la mano del Ministerio de Sanidad y en el marco de la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva.

Hay un trabajo que tiene que ver con disponer de datos y de registros de cuáles son las prácticas que se producen en el ámbito sanitario y que la propia relatora de Naciones Unidas ha indicado de manera clara que son formas de violencia.

Todo lo que ha avanzado España en materia de recomendaciones tenemos que traducirlo a protocolos. En España hay una estrategia de atención al parto normalizado que es de 2007 que incluye muchas recomendaciones en coherencia con lo que estamos planteando, así como la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva de 2011.

También necesitamos incorporar la perspectiva de género en la formación de los profesionales.

Y, por último, el hecho de que se trate de una violencia institucional se debe en parte a que está normalizada y por tanto necesitamos sensibilizar a la población para que las mujeres no consideren normal lo que no lo es.

Más allá de que haya que abordar cambios legislativos, el hecho es que todavía existe una brecha entre la ley y lo que sucede.

Hay una brecha, es así. Y quizás la tarea de los responsables públicos sea identificar cuáles son los obstáculos concretos que se producen, para poder diseñar herramientas normativas y políticas públicas para superarlos.

Cuando se legisla sobre derechos en torno a los que hay una cultura patriarcal de fondo contra la que estás confrontando, también hay un entramado institucional que sostiene esta cultura. Desmontarlo no es sencillo.

También, aunque con otros matices, pasa algo parecido en el caso de la gestación subrogada. Los vientres de alquiler están prohibidos en nuestro país, pero se siguen registrando bebés nacidos y nacidas mediante esta “práctica”. Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, aseguró el viernes en uno de los conversatorios que “el fenómeno de los vientres de alquiler no ha dejado de crecer, se estima que está por encima de las tasas de adopción actual”, aunque no hay datos oficiales que lo corroboren. ¿Cómo se va a abordar la lucha contra la gestación subrogada?

Estamos convencidas de que es una forma de explotación que hay que combatir desde los poderes públicos. Desde el Observatorio de la Imagen de las Mujeres vamos a identificar a las agencias de intermediación y denunciarlas. Desarrollan una publicidad ilícita y sexista.

Construir políticas de igualdad desde los suelos pegajosos

Usted también insiste en la necesidad de construir las políticas de igualdad desde los suelos pegajosos y el Instituto de las Mujeres tiene la misión de trabajar para que la perspectiva de género y los postulados feministas se apliquen de manera transversal en todas las políticas públicas. ¿Va a presionar para que de una vez por todas España ratifique el convenio 189 de la OIT en el caso de las empleadas de hogar?

Sí, claro. Es una prioridad que además estamos trabajando junto al Ministerio de Trabajo. Estamos trabajando para que el eje de cuidados se sitúe en el centro, desde un triple enfoque: el derecho al cuidado, que implica el fortalecimiento del sistema público; la corresponsabilidad; y la dignificación de las condiciones laborales de las trabajadoras de hogar y cuidados. Por supuesto esto ha de hacerse fortaleciendo los espacios de organización de las trabajadoras.

¿Qué le parece prioritario en el caso de la defensa de los derechos de las mujeres rurales?

Las mujeres rurales vienen liderando la lucha frente al despoblamiento y la lucha por conseguir infraestructuras y por situar en el centro el sector primario y las líneas de comercialización cortas.

Hay cuestiones prioritarias: la asignación de infraestructuras al ámbito rural; la dotación de servicios públicos; la apuesta por el autoempleo y el emprendimiento de las mujeres en el ámbito rural -y en ese sentido el Instituto tiene dos programas importantes, el programa Desafío Mujer Rural y otro de alfabetización digital. Por supuesto, es imprescindible trabajar de la mano de las organizaciones.

Las mujeres migrantes son muy importantes en los sectores de los que estamos hablando. Sin embargo, en muchas ocasiones, cuesta mucho avanzar en el reconocimiento de los derechos de estas mujeres, especialmente de aquellas que se encuentran en situación irregular.

Tenemos una línea que vamos a poner en marcha el año que viene que tiene que ver con construir un mapa de la precariedad en los sectores feminizados con un doble objetivo: contar con información de las necesidades, trabajando de forma participada, de manera que el Instituto de mano de organizaciones de mujeres precarias pueda tocar a las puertas de quienes tienen que abordar cambios.

Por último, venimos de una crisis sanitaria sin precedentes que ha tenido muchas consecuencias económicas y sociales. La crisis entre otras cosas puso sobre la mesa la centralidad de los cuidados, algo que el Feminismo viene exponiendo desde hace años. ¿Se tendrán en cuenta los saberes feministas y a las mujeres en la gestión de la salida de esta crisis y en la aplicación de fondos y políticas?

Creo que ha tenido un reflejo en cómo se ha diseñado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que va a remover y traer fondos europeos a España. En el diseño de ese plan, hay dos cuestiones que han situado la centralidad de los cuidados. Por una parte, uno de los cuatro enfoques transversales aplicados es el enfoque de género. Además, cuenta con un eje específico que tiene que ver con destinar fondos a los cuidados.

Foto: AmecoPress.
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