Nace el primer sindicato estatal de trabajadoras de hogar

Madrid, 20 oct. 20. AmecoPress.- La capacidad organizativa de las trabajadoras de hogar y cuidados en el Estado español es incuestionable. Pero hacía falta dar un paso más. “Estar sentadas en las mesas donde se negocian nuestros derechos”, dice Rafaela Pimentel, una de las tres mujeres que registró el primer sindicato estatal de trabajadoras de hogar el pasado 15 de octubre.

Pimentel lleva años trabajando y peleando por los derechos de un sector que ocupa a más de 600.000 mujeres en unas condiciones laborales que impiden el acceso a sus derechos del mismo modo que el resto de personas trabajadoras. Es una de las miles de mujeres que se han ido articulando y conformando distintos colectivos de trabajadoras de hogar. Ahora dan un paso adelante con el objetivo de “sindicar al mayor número posible de estas empleadas en todo el Estado español dándoles voz propia y no subordinada a ninguno de los grandes sindicatos”. Con la creación del sindicato buscan tener representación en las mesas de negociación institucional “porque los sindicatos actuales no están legitimados para negociar en nuestro nombre y solo les interesa la concertación patronal” aseguran.

Entre los objetivos del nuevo sindicato se encuentra “la ratificación del Convenio 189 de la OIT, que contempla su inclusión en el régimen general de la Seguridad Social para ser consideradas como el resto de sectores productivos, inclusión en el Estatuto de los Trabajadores y en la Ley de prevención de Riesgos Laborales y, en tercer y último lugar, la derogación de la Ley de Extranjería que pone a las trabajadoras migrantes en una situación de vulnerabilidad frente a la explotación”.

Estos objetivos vienen formando parte de las reivindicaciones históricas el colectivo y han sido protagonistas de jornadas y congresos estatales. Es en esos congresos, según explica Pimentel, donde la imagen de crear un sindicato propio empezó a fraguarse. "Siempre hemos sabido que queríamos un sindicato diferente, un biosindicato, adaptado a nuestra situación y a nuestro tiempo", dice la trabajadora, "que vaya más allá de la defensa de nuestros derechos exclusivamente y con perspectiva feminista, para no repetir las mismas estructuras patriarcales, propias de los sindicatos tradicionales". Para desarrollar la propuesta están intercambiando experiencias con sindicatos similares existentes en Colombia, Perú, Honduras y República Dominicana.

Antes de la pandemia había alrededor de 600.000 trabajadoras del hogar. Los últimos datos de la Encuesta de Población Activa, del segundo trimestre de 2020, indican que el número de empleadas del hogar se redujo hasta las 483.000 personas. Pero lo cierto es que son cifras difíciles de analizar, ya que muchas de ellas trabajan en situación irregular, sin contrato ni estar dadas de alta a la Seguridad Social. Según los últimos datos de afiliación del Régimen especial de trabajadoras del hogar había 374.395 afiliadas en septiembre. Las organizaciones enfatizan las situaciones son muy diversas, cambiantes y en muchos casos se desarrollan en la llamada economía sumergida.

Las trabajadoras, que enviaron un comunicado al Gobierno demandando una vez más la protección de derechos para el colectivo, se han mostrado “indignadas también con la labor del Gobierno por haber sido excluidas de las medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la Covid-19”.

Consideran que “el subsidio extraordinario aprobado no es suficiente ya que deja a un lado a las personas que se encuentran en situación administrativa irregular y contempla un pago del 70% sobre la base de cotización, olvidando por completo que en el sector no se cotiza por el valor real”. Además, tampoco es una alternativa para las internas que se quedaron sin trabajo después de la muerte de su empleador.

En definitiva, la pandemia ha venido a profundizar las condiciones de exclusión y explotación en la que viven diariamente las trabajadoras de hogar en nuestro país, la mayoría de ellas mujeres y migrantes. Estas condiciones se agravan entre las trabajadoras migrantes que no tienen papeles, ya que esta situación administrativa las coloca en condiciones aun más vulnerables.

“La ausencia de redes de contactos que puedan aconsejarlas o asesorarlas sobre dudas jurídicas o una red de apoyo ante la pérdida súbita del empleo, especialmente las internas, sometidas casi a condiciones de esclavitud, coloca a estas personas en una situación de enorme vulnerabilidad. Las trabajadoras a menudo tienen que hacer jornadas laborales largas o inclusive excesivas, sin que se les paguen horas extras, sus salarios generalmente son bajos y no se les brinda una adecuada cobertura social (riesgos laborales, subsidio por desempleo, etc.). Todo ello unido al riesgo de sufrir acoso físico y sexual, como así también violencia y abusos en algunos casos quedan atrapadas en situaciones donde no pueden física o legalmente salir de la vivienda de sus empleadores debido a amenazas o violencia, incluida la retención de su salario o documentos de identidad”, señalan en su comunicado.

Junto a Rafaela Pimentel, registraron el sindicato, la colombiana Graciela Gallego, trabajadora en régimen de interna que lleva 20 años viviendo en España, y Marina, hondureña que ha sido empleada como interna, aunque en estos momentos es trabajadora de hogar como externa.

Fotos: Archivo AmecoPress.
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Estado Español – Economía – Empleo – Empleo y género – Trabajo doméstico. 20 oct. 20. AmecoPress.