La Ley de Protección del Menor se encuentra en el punto de mira de diferentes asociaciones

Madrid, 1 oct. 20. AmecoPress.- La Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia, desde su presentación el pasado 9 de junio en el Consejo de Ministros, ha recibido enmiendas por parte de asociaciones al estar en desacuerdo en determinados artículos o en la forma en la que están redactados.

El pasado miércoles 30 de septiembre tuvo lugar el debate, mediante la plataforma ZOOM y organizado por el Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid, sobre las enmiendas presentadas al Proyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia, también conocida como ‘Ley Rhodes’, por parte de diversas organizaciones. Esta propuesta se presentó el 9 de junio en el Consejo de Ministros y, desde entonces, tras detectarse errores o insuficiencias, ha recibido numerosas enmiendas. El plazo para presentarlas se cierra el próximo 7 de octubre.

Lourdes Hernández, presidenta del Consejo de las Mujeres del municipio de Madrid, fue la encargada de abrir el acto, antes de que Marisa Kohan, periodista de Público, comenzara a moderar el debate. El coloquio contó con la participación de Ángela Alemany, de la Asociación de Mujeres Juristas Themis; Estrela Gómez, de la Asociación Gallega Contra el Maltrato a Menores (AGAMME); Paula Fraga, de la Alianza Contra el Borrado de las mujeres; y Aurora Muñoz, de la Plataforma 7N Contra las Violencias Machistas.

Desde la Asociación de Paula Fraga proponen “sustituir la redacción de algunos puntos por fórmulas jurídicas más amplias. Por ejemplo, hablan de identidad de género, pero el género es el conjunto de estereotipos y de funciones que nos adjudican por ser mujer u hombre. Hay que erradicar el género, porque hay que educar a las niñas y niños libres de estereotipos sexistas”.

“En el texto se define el concepto de niña o niño como un objeto de protección y no como un objeto de derechos”, según ha explicado Estrela Gómez. Además, “entiende a los menores de manera general, sin contemplar las diferentes etapas, da igual si tiene 6 meses que si tiene 17 años”.

En esta ley se ha incluido la prueba preconstituida. Ángela Alemany expresó que desde Themis consideran que “aunque está hasta los 14 años, pensamos que sería mejor imponerla hasta los 16”. Sobre esta cuestión, Estrela Gómez puntualizó que “hay que regular cómo realizarla y asegurar que la van a recoger profesionales”.

Las Oficinas de Atención a las Víctimas no dan asesoramiento antes de denunciar, sino que atienden a las víctimas una vez han interpuesto la denuncia. Estrela en este asunto critica que a los y las menores se les dirija a estas oficinas, “porque las víctimas deben ser dirigidas a servicios específicos de infancia”.

En caso de una situación de ruptura familiar, el artículo 27 no valora la opinión del menor. “No se debe hablar de acompañamiento profesional especializado, se debería especificar de otra manera, porque los juzgados no están para educar a los padres y a las madres en su labor”, ha explicado Ángela haciendo referencia a los coordinadores parentales, porque “imponen una serie de medidas que tendría que imponer un juez y estas acciones se convierten al final en resoluciones. Muchas veces, perjudican y castigan a la madre por creer que se está dando el síndrome de alienación parental”.

“Muchas veces, no se cree a las madres cuando denuncian un caso de abuso y el sistema las castiga entregando a los menores al maltratador”, según Aurora Muñoz. Además, “1 de cada 5 niños está sufriendo abuso sexual y esta ley no protege al menor contra el incesto ni el abuso sexual intrafamiliar”.

Sobre este tema, Estrela ha pedido “que se elimine de la ley el delito de abuso sexual y que quede el de agresión sexual, porque la propia situación de desequilibrio de poder entre un menor y un adulto se debería considerar como agresión”.

Con respecto a los puntos de encuentro, muchos organismos públicos están cediendo los centros a empresas privadas, las cuales cambian las custodias a los maltratadores, “se tienen que hacer protocolos de protección. Una madre que no quiere entregar a su hijo sería juzgada por sustracción de menores y esto empeora la situación”, apuntó Aurora.

En la ley también se contempla que para que un menor pueda cambiar de domicilio, necesita el permiso de los dos progenitores, pero no se tiene en cuenta lo peligroso que sería en los casos de violencia de género, ya que seguiría suponiendo un delito de sustracción.

“Solo un 20% de las mujeres víctimas de violencia de género son consideradas víctimas. Los menores son víctimas directas, ya sea como testigos o porque incide directamente sobre ellos. Por encima de todo, se debe proteger el derecho a la vida y las visitas a los padres maltratadores solo se retiran en un 3,5% de los casos”, ha puntualizado Aurora Muñoz, ya que “el maltratador no es un buen padre y entendemos que no se le pueden otorgar las visitas ni la patria potestad.”

“La ley explica que se evitará el contacto directo con el acusado, pero no habla de contacto indirecto. Pedimos que haya zonas de acceso solo para víctimas y salas de espera, que no sean accesibles para los presuntos agresores”, ha concluido Estrela al explicar la situación que viven a diario en los juzgados de Galicia, donde los y las menores ven al acusado en los pasillos.

Foto: archivo AmecoPress, cedida por el Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid
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Estado Español - Infancia – Política y género - Debates – Violencia sexual. 01 oct. 20. AmecoPress