Acciónenred Andalucía denuncia la estigmatización del aborto en la sanidad pública

Madrid, 5 abr. 2021. AmecoPress.- Desde Acciónenred Andalucía solicitan medidas eficaces para garantizar el derecho al aborto en España. Estas medidas pasan por la libertad de la paciente a la hora de elegir el método que se prefiera, garantizar el derecho a la intimidad de las pacientes o evitar el acoso de las usuarias que acuden a interrumpir su embarazo así como el de los profesionales de la salud.

Acciónenred Andalucía hizo llegar el 29 de marzo a los Ministerios de Sanidad e Igualdad y a las ministras Carolina Darias San Sebastián e Irene Montero Gil un escrito firmado por 39 asociaciones y 404 personas en el que se expresan algunas preocupaciones y demandas en relación con el ejercicio y desarrollo de la IVE en España.

Desde la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) se viene denunciando desde hace 10 años que en la actualidad los centros IVE encuentran dificultades para garantizar el relevo generacional en los profesionales que realizan estas prácticas porque el aborto sigue siendo una práctica sanitaria que no se enseña, que está estigmatizada y no normalizada y que provoca una objeción de conciencia profesional, que no moral. Se piensa que realizar abortos no suma en la trayectoria profesional, por lo que los profesionales no suelen formarse en ella ni la practican. Por tanto, “nos parece muy preocupante la situación en la que la podemos encontrarnos en un futuro si no se asegura esta prestación en la Sanidad Pública con las mismas garantías que se viene haciendo en los centros IVE” afirman.

Sus demandas

Acciónenred Andalucía reclama en su escrito varios puntos a tener en cuenta por parte del Gobierno. En primer lugar, piden que el IVE se realice en el Sistema Público de Salud, en todas las comunidades autónomas, tanto por el método farmacológico como el instrumental. Por ello, “rechazamos cualquier limitación que impida a las mujeres acceder al aborto instrumental por debajo de las nueve semanas y que establezca como única posibilidad el aborto por medios farmacológicos. A cada mujer le corresponde decidir la alternativa más conveniente para ella. La propuesta del ministerio supondría ofrecer una alternativa única que, en la actualidad, solo es elegida por el 22 % de las mujeres, dado que la mayoría optan por el método instrumental al considerarlo más rápido, seguro y menos doloroso”. En segundo lugar, señalan algunos aspectos de la Ley 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo que se están incumpliendo y que dificultan avanzar para que esta prestación se haga en la Sanidad Pública con las mismas garantías de confidencialidad y calidad existentes en la actualidad. Y por último, reclaman que se adopten medidas que impidan el acoso hacia las mujeres que acuden a interrumpir su embarazo y los profesionales sanitarios.

La propuesta del ministerio supondría ofrecer una alternativa única que, en la actualidad, solo es elegida por el 22 % de las mujeres

El escrito, firmado tanto por colectivos como por personas individuales reza que “rechazamos cualquier limitación que impida a las mujeres acceder al aborto instrumental por debajo de las nueve semanas y que establezca como única posibilidad el aborto por medios farmacológicos. A cada mujer le corresponde decidir la alternativa más conveniente para ella. La propuesta del ministerio supondría ofrecer una alternativa única que, en la actualidad, solo es elegida por el 22 % de las mujeres, dado que la mayoría optan por el método instrumental al considerarlo más rápido, seguro y menos doloroso”. Esta limitación, explican, contradice la Ley 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo que en su art. 7 a) afirma que se garantizará la calidad de los servicios de atención y «la promoción de estándares de atención basados en el mejor conocimiento científico disponible», además de “la Ley de Autonomía del Paciente e incluso las propias recomendaciones de la OMS (Guía Técnica de Políticas para la Salud 2012) donde se destaca la importancia de que las mujeres puedan elegir entre diferentes métodos, tanto por su seguridad sanitaria como por el respeto a la libertad de elección”.

Desde Acciónenred Andalucía, además, explican que “esta reforma vulneraría además el art. 4 de la ley, que establece que el Estado velará por que se garantice la igualdad en el acceso a las prestaciones y servicios establecidos por el Sistema Nacional de Salud. De hecho, de avanzarse en la línea propuesta en este decreto, las mujeres sólo podrían acceder a la técnica farmacológica, porque la instrumental quedaría como una técnica residual, solamente accesible para mujeres con medios económicos suficientes”. Y además obvia el Real Decreto 831/2010 que establece los requisitos de calidad que deben reunir los centros que lleven a cabo esta prestación sanitaria, entre ellos, la oferta de las mejores soluciones y el respeto a la autonomía de las mujeres con relación al método elegido.

El personal médico no cuenta con formación en las técnicas específicas recomendadas por organismos como la OMS

Es por ello que en su escrito al Gobierno de España, solicitan que no se alarguen los tiempos de espera, que se garantice la confidencialidad y que “las instalaciones cuenten con los requisitos de intimidad que establece la ley y que necesita la mujer”.
Además, solicitan incluir la IVE en los currículos formativos de las facultades de Ciencias de la Salud en cumplimiento del art. 8 a) de la ley. En la actualidad, el personal médico no cuenta con formación en las técnicas específicas, diferentes según las semanas de gestación, recomendadas por instituciones como la OMS, ni cuentan con la experiencia necesaria. En este sentido, pedimos que las/os profesionales que vayan a realizar la prestación sanitaria de aborto provocado reciban formación práctica en los centros IVE que cuentan con una experiencia de más de 35 años.

Además, reclaman adoptar medidas de apoyo que respalden a los/as profesionales médicos y sanitarios que garantizan el aborto provocado en los centros IVE. Este apoyo hasta el momento no se ha recibido, pese a que han seguido facilitando a las mujeres la IVE en medio del acoso, los daños en sus instalaciones y la inseguridad jurídica.

Por último, exigen hacer frente a la estigmatización existente sobre esta práctica y a las reticencias activas de profesionales de la Sanidad Pública, quienes manifiestan una objeción de conciencia en la mayor parte de los casos, cediendo a presiones de distinta naturaleza. Por estos motivos, resulta imprescindible regular la objeción de conciencia y señalar las incompatibilidades derivadas de la misma, además de implementar el desarrollo de la educación sexual y la estrategia de salud sexual y reproductiva que establece esta norma.

Fotos: Archivo AmecoPress
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Comunicados- Salud- Salud y género- Salud reproductiva- Aborto. Madrid, 5 abr. 2021. AmecoPress.-