Violencia vicaria: el sistema judicial debe primar la protección de las y los menores

Madrid, 24 nov. 21. AmecoPress. - La violencia vicaria es otra forma más de violencia en la que el hombre ejerce un daño irreparable sobre la mujer a través de sus hijos e hijas. Una expresión de dominio y control en una relación de poder sustentada por la desigualdad. “El maltratador sabe que, de ese golpe, ella no se recuperara jamás”, aclara la psicóloga clínica, especialista en victimología y violencia contra las mujeres, Sonia Vaccaro.

Sin embargo, cuando las mujeres deciden actuar se encuentran ante un sistema judicial paternalista que sigue cuestionando sus testimonios como sucedió en el caso de Ángela González Carreño. Una madre que presentó más de cincuenta denuncias en juzgados y comisarías porque temía por la vida de su hija Andrea durante los regímenes de visita con su padre, pero de nada sirvió. Tras quince años de lucha gracias al equipo jurídico de Women’s Link liderado por Gema Fernández, el Tribunal Supremo reconoció la responsabilidad del Estado español en el asesinato de Andrea a manos de su padre y obligó a la Administración a indemnizar a Ángela con 600 mil euros. Una decisión que fue dictaminada después de que las Naciones Unidas condenarán a España por violar los derechos de madre e hija en 2014.

Un sistema judicial paternalista que sigue cuestionando sus testimonios

“Tuvo un arranque complicado. Nosotras cuando ganamos el caso de Ángela en Naciones Unidas y el Comité CEDAW emitió su decisión, lo primero que nos encontramos fue esa falta de voluntad política y de cualquier tipo. Sin embargo, la primera dificultad fue entender de qué manera podríamos ejecutarlo porque en España no hay un organismo especializado para llevarlo a cabo. Por ello, decidimos volver a hacer una reclamación de responsabilidad patrimonial, pero todo el mundo nos decía que era una locura (…). Después de cuatro años de litigio ante la Administración, hubo que recurrir porque decían que era lamentable el resultado que tuvo el caso y la muerte de la niña, pero no creían que fuera responsabilidad del Estado. Entonces hubo que ir a la Audiencia Nacional, que tuvo la misma postura, hasta que por fin logramos que el Supremo cambiara el rumbo de las cosas”, cuenta la experiencia, la abogada especializada en derechos humanos, Gema Fernández.

No obstante, este éxito no hubiera sido posible sin las movilizaciones que organizó el grupo de Women’s Link, ya que “entendemos que los procesos judiciales son como oportunidades para crear plataformas de activismo y de generar un debate aportando argumentos con perspectiva de derechos humanos”, aclara Fernández.

El problema es que no es un caso aislado. Desde 2013, que se empezó a contabilizar este tipo de asesinatos, más de 40 niñas y niños han sido asesinados por sus padres. El ocho de los casos tuvieron una denuncia previa; cuatro, una solicitud de una medida de protección y dos, una medida vigente. Esto se debe a que las medidas judiciales no aportan fiabilidad ni garantías de protección a las víctimas. Según fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), apenas un 3 por ciento de los casos termina con la suspensión del régimen de visitas a los padres maltratadores y solo un 5,2 por ciento de jueces y juezas dictan una retirada de la custodia a los agresores como medida cautelar.

Las medidas judiciales no aportan fiabilidad ni garantías de protección a las víctimas

Además, según datos de la macroencuesta sobre violencia machista realizada por el Ministerio de Igualdad, cerca del 90 por ciento de las mujeres afirman haber sufrido cualquier tipo de violencia cuando sus hijos e hijas eran menores de edad, y el 51,7 por ciento reconoce que sus hijas e hijos sufrieron violencia a manos de su pareja. Por ello, muchas de las agresiones se realizan de manera sutil y cotidiana; por este motivo, son difíciles de detectar, denunciar y demostrar.

Las denuncias no deben ser la única salida para poner fin al maltrato

Según los datos expuestos con anterioridad, se observa que las denuncias todavía no son suficientes para garantizar el fin del maltrato, así como las órdenes de alejamiento que dictan los juzgados; ya que, en algunos casos, se siguen permitiendo los regímenes de visita sin ningún tipo de supervisión. “Si hay violencia, se acaban las visitas”, denuncia la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas (FAMSD), Ana M.ª Pérez del Campo.

Muchas de las agresiones se realizan de manera sutil y cotidiana

Tampoco se consultan algunos recursos de detección de violencia machista disponibles en los juzgados como los informes forenses de urgencia o las valoraciones integrales multidisciplinares. Por consiguiente, las principales víctimas, los y las menores, se encuentran totalmente desprotegidas.

Por esta razón, muchas mujeres presentan una desconfianza en el sistema judicial, ya que son las que más salen perjudicadas. Según la macroencuesta, el 77,4 por ciento de las mujeres no denuncian y la solución que encuentran es la separación. No obstante, hay mujeres que "no quieren denunciar penalmente al padre, simplemente lo que piden es que se dicten medidas para poder vivir con sus hijos e hijas", explica Gema Fernández.

Por ello, “lo que no puede ser es que la única salida que presenten las mujeres es la denuncia para obtener las garantías de protección necesarias. Hay otras jurisdicciones como en Reino Unido donde todas estas medidas, muchas veces, se toman en el ámbito civil y no hace falta tener una condena penal de maltrato para que se puedan proteger a los menores a través de la suspensión del régimen de visitas. En España, hay una sobreutilización de la vía penal para regular un montón de cuestiones sociales”, añade.

Así mismo, en muchos casos, se sigue primando la palabra del padre por encima de la protección de la madre y sus hijas e hijos. Un enfoque erróneo en el que se perpetúa los estereotipos de género como el prejuicio de que las mujeres mienten para quitar la custodia a los hombres. “Debemos tener una justicia democrática y un pensamiento libre de prejuicios sexistas”, defiende la presidenta de FAMSD. Sin embargo, hay “mucha movilización por parte de asociaciones de padres maltratados y partidos de extrema derecha que niegan la violencia de género y están haciendo presión para que todo esto no cambie”, manifiesta Fernández.

La violencia vicaria no se combate solamente a nivel legislativo

Ante esta situación, ¿qué medidas propone el Gobierno para su erradicación? El Ministerio de Igualdad aumentará su presupuesto para 2022 en un 157 por ciento hasta llegar cerca de los 450 millones de euros. Un incremento centrado en tres ejes de acción: la igualdad entre mujeres y hombres, las violencias machistas y la discriminación étnico-racial o por motivos de orientación sexual o identidad de género. La ex secretaria de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género, Noelia Vera, afirma que “son clave para asentar los cimientos de un estado social que tiene por receta económica fundamental la igualdad”. Además, “cumpliremos con nuestras obligaciones para todas las víctimas, de todas las violencias”, añade.

En cuanto a la violencia vicaria, a finales de junio de este año se ha aprobado la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia después del suceso de las niñas de Tenerife, Anna y Olivia, secuestradas y asesinadas por su padre, Tomás Gimeno. Así como la reforma del Código Civil prohibiendo los regímenes de visita a los padres condenados por malos tratos. “Hay que tener claro que a los menores hay que protegerlos por encima de los derechos de sus padres”, declara la abogada de Women’s Link.

Sin embargo, “no podemos caer en que esto lo vamos a solucionar a golpe de leyes (…). Los jueces y las juezas tienen que entender las mecánicas de violencia de género, así como, no culpabilizar a las mujeres, no basar sus decisiones en la alineación parental...etc., es decir, queda muchísimo trabajo por hacer (...) con medidas más formativas con perspectiva de género y mayores recursos en los servicios sociales y en las áreas psicotécnicas de los juzgados… Hay que montar una estructura en torno a las leyes para que sean efectivas”, añade.

No podemos caer en que esto lo vamos a solucionar a golpe de leyes

Por ello, el objetivo de estas actuaciones es coordinar el equipo judicial, de servicios sociales, de psicología y especializados para notificar cuánto antes un caso de violencia machista en el que los hijos y las hijas son utilizadas para hacer daño a la madre. “Esta violencia desestructura las vidas de los niños y las niñas (…). No son nunca simples testigos de la violencia que soportan”, afirma Pérez del Campo. No obstante, habrá que valorar con tiempo si estas propuestas del Gobierno prestan una ayuda eficaz a las mujeres y niñas y niños víctimas de la violencia de género.

Foto: archivo AmecoPress.
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Pie de foto: 1) Ángela González; 2) Gema Fernández; 3) Cartel Comisiones Obreras; 4) Cartel de la campaña #NOPUEDESERNORMAL #DATECUENTA
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Estado Español – Legislación y género – Violencia de género. 24 nov. 21. AmecoPress