Valoración de las medidas contra la violencia machista aprobadas por el Gobierno

Madrid, 07 abril. 2020. AmecoPress.- El consejo de Ministros aprobó la semana pasada un Real Decreto Ley (RDL) de medidas urgentes para garantizar la protección, información y asistencia a las víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra las mujeres. El decreto considera como esenciales diversos servicios de protección a las víctimas, lo que significa que el Estado deberá garantizar su pleno funcionamiento en todo el territorio nacional durante el estado de alarma motivado por la emergencia del coronavirus. Las medidas tienen como objetivo garantizar la protección de un "colectivo de personas especialmente vulnerables que deben ser objeto de protección por parte del Gobierno", según explica una nota emitida por Igualdad. Son sin duda avances importantes en la lucha contra la violencia machista, muchos de ellos reclamados por las organizaciones desde hace años. Sin embargo, el decreto concede una amnistía al uso indebido de los 100 millones de euros transferidos por el Ministerio de Igualdad a las comunidades autónomas en 2018 y 2019, sin obligarlas a reinvertirlos o devolverlos, lo cual no es tan buena noticia para expertas y asociaciones.

El Fórum de Política Feminista ha analizado el Decreto minuciosamente. En primer lugar, la organización considera “muy positiva” la declaración de la red estatal autonómica y local de servicios de atención a víctimas de violencia de género como servicios esenciales para el mantenimiento de las funciones sociales básicas, como la salud y la seguridad. “Este carácter se ha venido reivindicando, sin éxito, desde que se empezaron a recortar en 2010”, explica el Fórum, “y debe contribuir no sólo a disponer servicios nuevos frente a situaciones nuevas derivadas del confinamiento y del cierre de los burdeles, sino a que tengan condiciones de estabilidad financiera, de personal y de prestación y equidad territorial que hasta ahora no han tenido”.

También “es positivo”, según el análisis del Fórum, que el Decreto reconozca que las mujeres víctimas de violencia de género son un” colectivo especialmente vulnerable” en situaciones de aislamiento domiciliario, por verse forzadas a convivir con su agresor, que exige no sólo medidas policiales, sino de asistencia social integral, y que extienda la atención como servicio esencial a todas las formas de violencia incluidas en el Convenio de Estambul.

“Es muy positivo que el Decreto aborde la situación de las mujeres en situación de prostitución”, precisa Begoña San José, integrante del Fórum. “Pero es muy necesario hacer seguimiento y dotar de recursos suficientes para que se lleven a claro las medidas anunciadas. ¿Dónde están estas mujeres?, ¿Quiénes les dan los servicios de alojamiento?”

Amnistía para comunidades autónomas y sin fondos adicionales

El Fórum critica que el artículo 7 y la Disposición Adicional del Decreto concedan una amnistía al uso indebido de los 100 millones de euros transferidos por el Ministerio de Igualdad a las Comunidades Autónomas en 2018 y 2019, sin obligarlas a reinvertirlos o devolverlos.

El Gobierno reconoce que esos recursos “no se han aplicado a actuaciones autonómicas contra la violencia de género”, como denunció en diciembre el Fórum de Política Feminista ante el Defensor del Pueblo. Pero eso no basta para lograr “la implementación y prestación continuada durante los cincos años de vigencia del Pacto de Estado de los servicios de asistencia y protección de las víctimas de violencia de género” que dice pretender, explican desde el Fórum.

Según ha explicado Igualdad, respondiendo a las críticas planteadas por las organizaciones, “queremos aclarar que nuestro objetivo es no restar de los fondos para 2020 los remanentes de 2019 no comprometidos. No queremos que las Comunidades Autónomas vean mermados los fondos en esta situación de crisis ni en todo 2020”. Esto es así, entre otras cosas, porque el Real Decreto Ley no incluye la asignación de fondos adicionales para implementar estas medidas.

El artículo 7 excluye a comunidades autónomas y ayuntamientos de las obligaciones de la regla Sexta del artículo 86.2 de la Ley General Presupuestaria, que son “mantener el destino específico a medidas contra la violencia de género para el que recibieron los fondos y ser descontados de los del año siguiente o reintegrarlos al Estado”. La Disposición transitoria lo extiende no sólo a los fondos de 2018, sino a los de 2019. “Esto no debería ser así”, insiste Begoña San José, “si una comunidad autónoma, como la de Madrid, tenía asignados 10 millones y solo ha gastado uno, ¿serán recuperados?, ¿se asignarán a la lucha contra la violencia de género exclusivamente?”

Es decir, el Decreto-Ley “no aprovecha” para establecer el carácter plurianual de las transferencias demandado por la Conferencia Sectorial de Igualdad de octubre pasado, ni para estabilizar y fortalecer la estructura estatal, autonómica y local de gestión económico-administrativa y de prestación de servicios”. Uno servicios que no son precarios, sino “esenciales”.

Precariedad

Ese es uno de los elementos a analizar: la precariedad estructural de unos servicios que ahora pasan a ser esenciales y que en su mayoría dependen de contratas y de la labor de organizaciones. Según Begoña San José, en la actual crisis y situación de alarma, “la sanidad y hasta la policía se han visto reforzadas”, pero en qué medida va a pasar esto con los servicios de violencia de género, “es algo que está por ver”.
La experta insiste en que el mensaje transmitido por el Gobierno, aprobando estas medidas por medio de un Real Decreto, es muy positivo. “Para las víctimas es muy importante saber que la sociedad les apoya. Es muy interesante que salga el ministro de Interior por la televisión explicando que han puesto en marcha una app para móviles destinada a la protección de las víctimas de violencia de género”.

Sin embargo, este reconocimiento y consideración no llega a las mujeres en situación de prostitución, un “colectivo más aislado”, muchas de ellas “son extranjeras, los proxenetas las obligan a moverse, tienen miedo…” Por ello, San José opina que se necesita reforzar con recursos, a las organizaciones que trabajan con este colectivo, a la policía, y tal vez con contrataciones directas desde el Ministerio de Igualdad, como ha hecho Trabajo o Sanidad ante las necesidades que se han ido planteando por la situación de crisis por el coronavirus.

“Las medidas aprobadas por el Gobierno son muy importantes, porque se necesitan ahora, pero también porque es un precedente de interés”, concluye Begoña San José, “pero hay que hacer seguimiento y garantizar su implementación. No caigamos en el mucho ruido y pocas nueces.”

Fotos: archivo AmecoPress
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Estado español – Violencia de género – Instituciones de igualdad – Política y género – Maltratos; 07 de abril 2020. AmecoPress.