Un gran paso para la prevención, atención y protección de las víctimas de violencia sexual

Madrid, 30 may. 22. AmecoPress. - El pasado jueves, el Congreso aprobó el Proyecto de Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual con 201 votos a favor, 140 en contra y tres abstenciones. Ahora, deberá pasar por el Senado. Conforme a Carmen Miquel, experta en género de Amnistía Internacional España, esta ley es un gran paso para la prevención, atención y protección de todas las mujeres, niñas y niños víctimas de violencia sexual. Sin embargo, todavía quedan aspectos relevantes que incorporar.

En 2018, Amnistía Internacional denunció que se invisibilizaba, cuestionaba, no se daba protección y se juzgaba a las mujeres que sufrían este tipo de violencia. Desde entonces, junto con numerosas organizaciones feministas, ha trabajado para impulsar una ley que proteja a toda mujer que haya sufrido o pueda sufrir algún tipo de agresión sexual a lo largo de su vida. Miquel subraya que hay que celebrar que "por fin" haya salido adelante una ley que aborda de "manera integral" la violencia sexual.

El Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra la mujer y la violencia doméstica, conocido como Convenio de Estambul, recomienda poner en el centro el consentimiento. Por lo tanto, es "muy relevante" que la ley aprobada en el Congreso también lo haga. Además, garantiza el derecho a la asistencia integral especializada y accesible para las mujeres, niñas y niños víctimas de violencia sexual, a través de la creación de Centros de Crisis que atiendan a las mujeres víctimas de violencia sexual 24 horas al día, todos los días de la semana, tal y como recomienda el Consejo de Europa. "El gobierno se comprometió a que en 2023 todas las Comunidades Autónomas cuenten con este tipo de centros", recuerda la experta en género de Amnistía Internacional España.

Miquel subraya otros aspectos positivos de la ley. Se prioriza la formación con enfoque de género de las autoridades que estén en contacto con la víctima (policía, personal sanitario, forenses y personal de la administración de justicia) para luchar contra los estereotipos y prejuicios que perjudican a las mujeres, niñas y niños, tras haber sido víctimas de violencia sexual, tanto si deciden poner una denuncia como si no. Por primera vez, se reconoce el derecho a la reparación a las víctimas de violencia sexual, para el cual Miquel espera que "se aseguren mecanismos adecuados para su desarrollo".

La Macroencuesta de Violencia contra la Mujer de 2019 señaló que un 13,7% de las mujeres residentes en España a partir de los 16 años (2.802.914 mujeres), han sufrido violencia sexual a lo largo de su vida. Solo el 8% de las que fueron agredidas sexualmente fuera del ámbito de su pareja denunciaron al agresor. "Esperamos que con esta ley, las mujeres se sientan seguras para pedir atención y protección", recalca Miquel.

Amnistía Internacional aplaude la supresión de los artículos 187.2 y 187 bis, tal y como lo había recomendado la misma organización, dado que eran artículos "que afectan a un colectivo de especial vulnerabilidad como es el de las trabajadoras sexuales y podían socavar sus derechos humanos y llevarlas a la clandestinidad y a una mayor estigmatización". Espera que cualquier medida que se aborde y que afecte a este colectivo se realice garantizando el derecho a la participación del mismo.

Existen "aspectos relevantes" que no han sido tenidos en cuenta en el actual texto, como son la tipificación como tortura de la violación sexual cometida por parte de autoridades o con su aquiescencia, así como la responsabilidad del Estado por la falta de diligencia y revictimización por parte de las autoridades. Amnistía Internacional seguirá trabajando para incorporarlos próximamente.

"Una vez aprobada, nos encontramos ante el reto de la correcta aplicación de esta ley", expresa Miquel. Dentro del ámbito judicial, es urgente combatir los estereotipos nocivos de género que producen revictimización. Además, la incorporación dentro de la tipificación de agresión sexual en el Código Penal de nociones imprecisas como la de "la entidad menor del hecho" para la atenuación de penas, puede contribuir a que los tribunales realicen interpretaciones estereotipadas sobre la violencia sexual.

Otra de las preocupaciones de Amnistía Internacional es en relación a las mujeres extranjeras en situación irregular que denuncien violencia sexual en el caso de que el procedimiento no termine en condena, ya que las coloca en riesgo de expulsión.

Una correcta implementación también supone la adecuada coordinación entre las Comunidades Autónomas, "que son competentes en muchos ámbitos regulados por la ley". Según el último informe sobre España del Grupo de Expertas contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (GREVIO), la disparidad autonómica es un problema en relación con la violencia de género. "Esta disparidad no puede perjudicar lo derechos de las mujeres, niñas y niños víctimas de violencia sexual según donde hayan sufrido la agresión", concluye Miquel.

Foto: archivo de AmecoPress.

Estado Español - Legislación - Legislación y Género - Violencia sexual - Violencia de género - Derechos humanos. 30 may. 2022. AmecoPress.