Susana García, la única trabajadora que la empresa ALSA no ha readmitido tras un despido improcedente

Madrid, 02 mar. 21. AmecoPress.- Mujer, madre y a cargo de una familia monomarental, ella es Susana García. Conductora profesional de la empresa ALSA desde 2011, con un expediente laboral ejemplar, sin reclamaciones de ningún tipo y con predisposición horaria y de movilidad geográfica. Siempre ha estado comprometida con los valores de la empresa, tanto es así que en 2016 fue imagen de la misma como “mujeres pioneras”. Ahora es la única trabajadora que ALSA no ha readmitido tras su despido.

Según García, en mayo de 2019 interpone una denuncia, al igual que uno de sus compañeros, recibiendo una fecha para el juicio que acaban posponiendo 3 meses en su caso. Más de un año después, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) falló a favor de la trabajadora, alegando “despido improcedente” pero la empresa asturiana recurre al Tribunal Supremo y se le comunica a la afectada que tendrá que esperar a que éste dicte sentencia.

En cambio, en el caso del compañero que también denunció, y al que no aplazaron su juicio, a pesar del Estado de Alarma decretado en España y del recurso al Tribunal Supremo por parte de la empresa, se mantienen las reuniones de forma telemática y, tras levantarse dicho Estado de Alarma, es reincorporado a su puesto de trabajo.

Se trata de dos casos prácticamente idénticos con una gran diferencia: ella es a la única que no han readmitido, sumando a esto no recibir ningún tipo de explicación por parte de la empresa.

Cabe destacar que por parte del Comité de Empresa y Representantes Legales de los Trabajadores existe un acuerdo tácito por el cual “todo trabajador despedido de forma improcedente por la empresa, y sea voluntad de éste la reincorporación a la misma, sea readmitido, tal y como viene sucediendo siempre, no existiendo ningún trabajador que no haya sido readmitido hasta el momento, desde 1990”. Teniendo en cuenta esto, se trataría, en su puesto de trabajo, de la única persona que lo ha sufrido hasta la fecha.

Daniel Martínez, presidente del Comité de empresa de ALSA, asegura en declaraciones a TVE que “en otros casos se ha llegado a un acuerdo” pero en este “la empresa se niega y no entendemos el motivo”. Según Martínez, esta entidad cuenta con varios casos de despido improcedente y “no podemos consentir que una multinacional como ALSA empiece a despedir a la gente de esta manera. Ya sabemos cómo funcionan estas empresas y la persecución sindical que existe”, añade.

En el momento en el que García sufría esta situación, y así como queda redactado en el auto de despido, otras 44 personas que formaban parte de la plantilla se encontraban cesadas. De esas 44, únicamente a 2 se les denegó su derecho a volver a la empresa: Susana García y uno de sus compañeros. Ambos habían interpuesto una denuncia.

Cronología de los hechos

En agosto de 2018, uno de sus contratos de 40 horas semanales llega a su fin, por lo que García decide reunirse con su jefe de personal para pedirle trabajo y explicarle su situación. “Tengo dos hijos y no recibo ninguna ayuda por lo que el único ingreso que entra en mi casa es el de mi trabajo. Necesito trabajar para poder comer”, asegura.

A pesar de ello, su siguiente contrato disminuye hasta las 20 horas semanales, es decir, el 50% de la jornada. Eso sí, trabajando cada día de la semana, excepto el sábado, a 25 kilómetros de su domicilio familiar. Según García, firmó el contrato porque su situación actual “no es para desechar ningún trabajo y mi jefe afirmó no disponer en ese momento de jornadas o contratos más amplios”. Más tarde, añade, “pude comprobar como compañeros que llevaban menos tiempo en la empresa y no tenían cargas familiares eran contratados a más horas e, incluso, con bajas muy largas”.

Decide, una vez más, volver a “suplicarle” a su jefe y recordarle su situación pero, en cuanto el contrato llega a su fin, vuelve a ser despedida. Se encuentra en un momento en el que las necesidades económicas la llevan a volver a trabajar, en enero de 2019, con las mismas condiciones precarias de la última vez, añadiendo las noches del sábado para el domingo en su calendario y, como asegura, encontrándose “con situaciones extremas que hacen peligrar su integridad física”.

Cansada y abrumada por esta situación, decide sacar las fuerzas para interponer una denuncia por “contratación encadenada de contratos”, continuando en el trabajo hasta abril y sin recibir ningún tipo de comunicación por parte de la empresa tras finalizar el mismo. “Intento ponerme en contacto con mi jefe de personal y nada, por lo que decido pasados unos días ir al INEM”, asegura.

Allí, le confirman su situación de paro pero sus papeles aún no están en dicho sitio por lo que, tras mucha insistencia, es el propio INEM quien decide realizar una reclamación a la empresa solicitando toda la documentación ya que, en caso de no llegar, García perdería la prestación.

Toda esta situación alarga el proceso y la agonía para ella, que decide interponer una denuncia por despido. A pesar de la valentía y el tiempo que le costó decidirlo, tuvo que enfrentarse a numerosas entrevistas de trabajo comprobando como, tras ver su nombre en los currículos, asegura ser “desechada por ser quien había denunciado a la empresa”.

“Al principio tenía miedo pero por mis hijos, mi familia y todas las personas que están pasando por mi misma situación saqué valor para enfrentarme a ello”, afirma García. “Es injusto lo que está pasando y la verdad solo tiene un camino. Quiero demostrar a la gente que lo está pasando tan mal que hay que luchar por nuestros derechos”

Apoyo social y respuesta de las organizaciones

Ante esta situación, son varias las plataformas y colectivos feministas y sociales que han mostrado su apoyo y exigen su reincorporación a la empresa. A pesar de coincidir con el contexto sanitario actual, se está llevando a cabo una campaña de apoyo en las redes sociales para pedir su readmisión.

Nuria Rodríguez, diputada de “Podemos Asturies” en el Parlamento Asturiano, recalcaba en las redes sociales del partido que “se está produciendo un clarísimo caso de discriminación con respecto a una trabajadora de ALSA” y es algo “absolutamente inaceptable”. Por ello, desde “Podemos Asturies” se ha pedido la comparecencia del Director del Consorcio de Transportes de Asturias ya que “entendemos que desde la administración pública y con dinero público no se puede estar financiando y ayudando a una empresa que atenta directamente contra las leyes de igualdad”, concluye.

Actualmente, ella es la única trabajadora que no ha recuperado su empleo por lo que cada día se pregunta si existe realmente el “Plan Equilibra” de la empresa. ALSA presume en dicho plan de “incrementar el equilibrio de género en la empresa en particular y en el sector de transporte en general, a través de la formación y el desarrollo profesional”, además de “potenciar el trabajo en colectivos como mujeres desempleadas, maltratadas o madres solteras con especial atención a las que tienen mayores dificultades de acceso al mercado laboral”. Madres como Susana García, que sigue sufriendo, a día de hoy, la indiferencia por parte de una empresa que la convirtió en una mujer precarizada más y que, tras aprovecharse de su situación de vulnerabilidad, fue injustamente despedida.

Tras dos años de incertidumbre, la empresa no se ha manifestado. “No he vuelto a saber nada de ellos, ni antes ni después de los juicios por despido, pese a que el comité de empresa solicitó mi inmediata incorporación”, afirma. A pesar de ello, García está muy agradecida por las muestras de apoyo recibidas por parte de sus compañeros y compañeras y, también, de aquellas personas que sufrieron una realidad como la suya.

Esta situación no solo afecta a las mujeres que la sufren directamente, como ella, también hay que tener en cuenta la repercusión que esto tiene para sus familiares. En su caso, asegura que ellos están sufriendo todo de forma directa: “saben que siempre cumplí con mi trabajo y ya llevamos mucho tiempo en un momento muy difícil”. Además, se enfrentó a una depresión importante que, de forma inconsciente, les trasladó. Pero todo ello no ha impedido que García decida dar voz a su caso para demostrarle a todas aquellas mujeres que viven la misma situación que ella que “no son las únicas, no están solas y hay que alzar la voz por nuestros derechos” y lanza una pregunta al aire que todos deberían plantearse y, sobre todo, debería recibir respuesta: “¿de verdad hay necesidad de seguir agravando y prolongando, aún más en el tiempo, el daño y la incomprensión que esta situación nos está generando a mi y a mi familia?"

Foto: archivo AmecoPress.
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Estado Español – Economía – Empleo y género – Acuerdos y Convenios. 02 mar. 21. AmecoPress