Sara “está castigada”: no puede ver, ni oír, ni hablar con sus dos hijas tras un proceso judicial lleno de irregularidades

Madrid, 28 abr. 2021. AmecoPress.- La violencia contra las mujeres es estructural y se materializa de múltiples formas. Sara ha sufrido y continúa sufriendo muchas de estas violencias. Su proceso judicial está repleto de violencia institucional. Sara escapó de su agresor cuando estaba embarazada de su segunda hija tras un parte de lesiones por malos tratos emitido por el centro de salud, protegiendo así a las menores y a ella misma. Sin embargo, el caso está lleno de lagunas que han llevado a que Sara “no pueda ni ver, ni oír, ni hablar con sus hijas y que sus hijas no puedan ver, ni oír, ni hablar con su madre en un sistema de protección ciego, sordo y mudo”.

“Quiero dar a conocer el estado de completa indefensión en el que nos encontramos mis hijas y yo y pedir ayuda a toda la ciudadanía para poder volver a estar con mis niñas. Para poder volver a formar parte de sus vidas. Porque ellas me necesitan, necesitan a su madre. Y sé que solo la sociedad, vuestro apoyo puede parar esta injusticia y puede volver a hacer que estemos juntas” es el llamamiento desesperado de Sara ante la situación en la que se encuentra. Este martes 27 se debía haber celebrado el último de los juicios contra Sara, donde se iban a decidir las medidas definitivas de guarda y custodia de sus hijas. Sin embargo, El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Zafra, Badajoz, ha retrasado por cuarta vez el juicio hasta el día 18 de junio, aplazamiento que se ha informado solo unos pocos días antes del comienzo del juicio. “Esta nueva suspensión prolonga la tortura de Sara, que lleva dos años sin poder ver ni hablar con sus hijas, que ahora tienen 4 y 6 años. Los otros tres aplazamientos se produjeron a petición de la parte contraria, y uno de ellos fue admitido, aunque se solicitó fuera de plazo. Mientras tanto, el interés superior de las menores sigue sin estar en el centro de la respuesta judicial” denuncian desde Mamá está castigada. La Plataforma ha puesto a disposición de la ciudadanía una petición para que Sara vuelva con sus hijas, que ya cuenta con más de 4.000 firmantes y toda la información y actualizaciones sobre el proceso de Sara están disponible a través de su cuenta de Twitter.

¿Por qué está castigada mamá?

Sara está castigada, y lleva castigada desde 2016 cuando tuvo que escapar de casa porque en una visita ginecológica, los profesionales que atendieron a Sara emitieron un parte de lesiones por malos tratos. Desde entonces, el supuesto proceso de protección por el que debía haber pasado ha estado lleno de irregularidades.

“Mi mamá está castigada” es lo que contestó la mayor de sus hijas al equipo psicosocial de Badajoz en diciembre de 2019. La pequeña, de cinco años, llevaba ya ocho meses sin tener contacto con su madre. Sus dos hijas, de 6 y 4 años no pueden ver a su madre porque el proceso lleno de “múltiples formas de violencia de género, especialmente violencia vicaria e institucional” le impide tener contacto con sus pequeñas. El proceso que ha llevado a Sara a esta situación “está lleno de irregularidades, acusaciones por falso Síndrome de Alienación Parental (SAP) y falso secuestro” afirman desde Mamá está castigada. A pesar de que no existe una orden de alejamiento ni incomunicación, él no le permite hablar, ni ver, ni escuchar a sus hijas, incluso a la pequeña, que no cuenta con filiación parental reconocida, pero la jueza de lo civil que le entregó a él la custodia “por el bien superior” de la menor. “Se ha cumplido su amenaza de no volver a verlas, la amenaza con la que él reiteradamente me paralizaba, y el pánico que sentía lograba que no pudiera salir huyendo del estado de pánico en el que me encontraba. A pesar de todo, he sido castigada, como viene pasando en muchos otros casos en nuestro país”.

Una historia llena de irregularidades

La historia de terror de Sara comienza en 2016, cuando acude a la primera revisión del embarazo de su hija menor. En esta ecografía, su niña no se mueve y Sara tiene un episodio de ansiedad. Tras evaluarla, el profesional emite un parte de lesiones por maltrato al Juzgado. “Ese día tuve que salir huyendo de allí por pura supervivencia. Temía que en cuanto se enterara hiciera cualquier cosa. Tenía pánico a las represalias. Siempre me amenazaba con quitarme a mis niñas y a día de hoy lo ha conseguido”. A Sara le asesora en el proceso judicial una abogada recomendada por el Proyecto Pilar, que está inhabilitada, ante el total desconocimiento de Sara. El juzgado de Zafra archiva la denuncia por malos tratos, pero ella recurre a la segunda instancia, la Audiencia Provincial de Badajoz, donde no se le permite demostrar estos hechos.

Tras este primer proceso, el maltratador de Sara pide la custodia compartida de su hija mayor, a pesar de que Sara siempre le ha dejado realizar las visitas “cuando me fui entendí que mi niña debía seguir teniendo contacto con su padre, las visitas se realizaban como él quería y nunca perdió el contacto”. Cuando su hija menor nace, sin filiación paterna reconocida, la custodia de las dos niñas se establece para Sara, con régimen de visitas para él. En el proceso de las visitas, él solo se lleva a la mayor, y no muestra ningún tipo de interés en la pequeña de las hermanas. Sin embargo, tras este periodo, las medidas de la custodia quedan anuladas, ya que la abogada de Sara estaba inhabilitada.

“Yo veía que mi niña venía cada vez peor de las visitas, pero no entendía qué le estaba pasando, hasta que ya con dos añitos comenzó a verbalizar y presentar claros indicios de que podría estar siendo abusada por su padre. La veracidad de esas manifestaciones ha sido acreditada y se recogen en varios informes de profesionales y en distintos documentos que se han ido presentando a lo largo de todos los procedimientos judiciales” explica Sara. En esos procedimientos judiciales, no sólo no creyeron a su hija, sino que solo le llevaron a él declarar. “Yo siempre he defendido que mi hija decía la verdad y he intentado protegerla por todos los medios” y en un intento más de proteger a sus hijas, Sara decide interrumpir las visitas con él.

En 2018, cuando las denuncias por abusos sexuales ya estaban archivadas, él pide la custodia de las niñas, exigiendo además a Sara una pensión de 700 euros. Los jueces le otorgan la custodia de las niñas sin ningún tipo de valoración profesional de las menores y Sara decide no entregarle a las niñas a espera de una ejecución de sentencia que especificara cómo realizar el cambio de custodia, una notificación que jamás recibió. Ante esta situación, él pidió medidas urgentes, con una celebración de un juicio sin ella y sin su abogada, negando así la posibilidad de presentar las razones sobre la sospecha de abuso sexual hacia su hija, que se saldó con un auto del juzgado de Zafra en el que se le suspende el régimen de visitas a Sara, que ya no puede ni ver, ni oír ni estar con sus hijas, exigiéndole la entrega de las menores.

En este proceso, la jueza que lleva el caso es sancionada por el Consejo General del poder Judicial. Y, sin notificación oficial ni ejecución del auto de cambio de custodia, él pone cinco denuncias contra Sara en cuatro días por sustracción de menores, alegando trastorno mental y peligro de muerte para las niñas. Ante las denuncias, el Juzgado de Zafra ordena la entrega de las niñas y la detención de Sara si no cumple con la entrega. Su abogada recurre entonces con el auto de la jueza de instrucción donde se deniega la detención “y la entrega de las menores por posible trauma para ellas” informan desde Mujeres libres, Mujeres en paz, que también explican que “La Jueza de Zafra es entonces la que ordena y ejecuta la detención, siendo esta irregular dentro de un procedimiento civil, y siendo así la segunda de las juezas sancionadas por el Consejo General del Poder Judicial”.

“Soy inocente de la acusación de secuestro de mis hijas por la que he sido condenada a 4 años de prisión, a 4 años de inhabilitación de la patria potestad, incluso de la pequeñita que no tiene filiación paternal reconocida, y a 15.000 euros de indemnización por daño moral” explica Sara. “De nada ha servido demostrar en el juicio, con más de una quincena de testigos y con una extensa documentación acreditativa, que mis hijas siempre habían estado conmigo, que residíamos en el mismo sitio, que hacíamos vida completamente normal, que estaban perfectamente, que el Consejo General del Poder judicial (CGPJ) me había amparado, que en dos ocasiones la jueza de Instrucción había denegado mi detención y la entrega violenta de mis hijas por las consecuencias que podría tener esa separación de la figura materna para ellas ... De nada ha servido” lamenta.

Diferentes formas de violencia

Durante este proceso, Sara ha tenido que presenciar cómo se cuestionaba su testimonio al ser médica de profesión, al tener estudios superiores. También, cómo la policía de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) le arrebataban a sus hijas de forma vejatoria: “El arrancamiento se produjo tras detenerme con mi hija pequeña en el juzgado, cuando iba a recoger una documentación. Desde allí nos condujeron a la comisaria de Badajoz donde nos retuvieron largas horas hasta que trajeron a mi hija mayor. Mientras recibía un trato vejatorio, pude escuchar como mis hijas me llamaban desconsoladas, gritando y llorando cuando el padre y los abuelos paternos de la mayor (pues mi segunda hija no tiene filiación paterna reconocida) las metían en el coche para llevárselas” por este proceso al que sometieron a Sara y a sus hijas se están investigando posibles torturas, ya que su abogada ha emitido un recurso de amparo por tortura ante el Tribunal Constitucional.

“Entregaron a mis hijas a un desconocido para la pequeña y por el que la mayor sentía miedo. Tal y como ella había expresado a su pediatra y a otras profesionales, y como tantas veces me había dicho a mí, no quería estar con él. Lo que mis hijas han manifestado ante algún profesional o equipo psicosocial nunca se ha tenido en cuenta” denuncia Sara.

La abogada de Sara, además, denunció a las dos juezas del caso ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ambas han sido condenadas por ser las autoras responsables de infracciones disciplinarias muy graves, mediante “métodos medievales”.

Fotos: Extraídas de las redes sociales de #MamáEstáCastigada

Estado Español- Sociedad- Voces de mujeres- Violencia de género- Maltratos. Madrid, 28 abr. 2021. AmecoPress.-