Safira Cantos (AI): “La respuesta judicial frente a la violencia de género sigue siendo muy deficitaria”

Madrid, 15 dic. 16. AmecoPress. Safira Cantos es abogada. Trabaja en Amnistía Internacional por convicción. Entre otras funciones, se ocupa de promover que el enfoque de género cale en la organización y en los proyectos que desarrollan, de un modo transversal. Y es que las mujeres sufren discriminación adicional, ya sea institucionalizada por ley o en la práctica, incluso en países con leyes que garantizan la igualdad. Hablamos con ella cuando se celebra el Día Internacional -10 de diciembre- que conmemora el 68º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. “Los Estados tienen la obligación de garantizar los derechos humanos de las mujeres, y de prevenir, investigar y sancionar todas las formas de violencia, así como reparar a las víctimas”, defiende.

¿Es mayor la impunidad delitos que afectan a los derechos de las mujeres?

Es difícil responder la pregunta porque los contextos son muy diversos. Pero sin duda la violencia contra las mujeres es uno de los delitos que más impunidad tiene a lo ancho del planeta. Y especialmente la violencia sexual.

Que los organismos encargados de hacer cumplir la ley no promuevan investigaciones ni sancionen la violencia, lanza el peligrosísimo mensaje de que abusar de las mujeres es una posibilidad para la policía y para el resto de la sociedad. Siempre, en mayor medida, las mujeres sufren la impunidad.

En el caso de España. ¿Cuáles son los mayores obstáculos a la protección de las mujeres que sufren violencia de género?

La respuesta judicial sigue siendo muy deficitaria. En ese sentido hay algunos puntos que nos preocupan especialmente. Uno de ellos es que no sabemos si se está garantizando la asistencia letrada especializada desde el momento de interposición de la denuncia. No existen datos, cuesta saber si esto se está garantizando. Las autoridades responsables deberían por sí mismas evaluar los aspectos que contiene la Ley Integral de Violencia y no dejarlo en manos de las organizaciones especializadas y feministas. Pero tenemos evidencia de que esto no se está garantizando, lo cual, además de dejar a las mujeres en situación de desprotección, porque no conocen sus derechos, ni las herramientas que hay, ni los pasos a seguir, tiene además consecuencias en relación a la impunidad. Por un lado, que no se preparen los medios probatorios necesarios para acreditar los episodios de violencia que las mujeres están denunciando, lo cual agrava la situación de riesgo de esa mujer y golpea su confianza. Otro punto es que las mujeres dan el paso de denunciar cuando se produce un episodio de violencia grave, pero normalmente esto llega después de una trayectoria de violencia habitual que, al no investigarse, no se contempla. Existen de 7 a 10 años de media de maltrato habitual antes de interponer la denuncia, pero solo una minoría de denuncias contempla el maltrato habitual que se ha ejercido previamente.

Los datos conocidos arrojan una realidad preocupante. El Observatorio del Consejo General del Poder Judicial indica que en los 6 primeros meses de 2015 se presentaron más de 62.300 denuncias en los juzgados de violencia contra la mujer, de las que el 39,8% se han archivado sin llegar a juicio. Sólo en un 11’7% de los casos ha habido una sentencia condenatoria contra el agresor. Y según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2015, el 12,5% de las mujeres de 16 y más años que viven en España han sufrido violencia física o sexual a lo largo de su vida. Y el 13% de las mujeres han tenido miedo de su pareja en algún momento. Si se extrapola el porcentaje a la población femenina de esa edad estaríamos hablando de más de 2,5 millones de mujeres. Sólo en 2015, el 2,7% de las mujeres ha sufrido violencia física o sexual y 9,2% ha padecido violencia psicológica, control, humillaciones, acoso, amenazas. Esto tiene que ser revisado, algo está fallando.

Otro punto a revisar es la adecuada valoración del riesgo. Que haya disponibilidad de unidades de valoración del riesgo y que los recursos de protección estén disponibles también.

Por un lado, se insiste en que las mujeres denuncien para salir de la espiral de violencia. Por otra, hay realidades preocupantes, como el hecho de que cerca de la mitad de las mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas en lo que va de año hubieran denunciado. Algunas organizaciones vienen llamando a esto violencia institucional, que denuncia la responsabilidad del Estado. ¿Estáis haciendo algo al respecto?

Estamos solicitando que haya una evaluación de la aplicación de la ley integral, pero no estamos haciendo seguimiento a casos concretos. También vemos que no hay una formación obligatoria y generalizada de todas las personas que intervienen en el proceso, incluyendo los traductores. La ley no se acaba cuando se aprueba en el Congreso, ahí recién empieza su andadura y se tiene que monitorizar y evaluar su aplicación.

En ese sentido los recortes han influido de un modo muy desfavorable en la aplicación de la ley.

Sin duda. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, no se han constituido las unidades de riesgo y existen retrasos muy importantes en los juzgados y tribunales. El Estado es titular de la obligación de proteger a las mujeres que sufren de violencia de género y eso implica la asignación de recursos.

Es especialmente sangrante que haya habido condenas al Estado español, como en el caso de Ángela González Carreño, y el Estado se ha negado a reparar el daño, a pesar de la condena de Naciones Unidas. Si existe negligencia en la protección por parte del Estado, debe reparar el daño.

Tú has mencionado la violencia sexual. ¿Estás a favor de ampliar la Ley integral para ampliar el concepto de violencia de género?

Sí. Además, el Convenio de Estambul obliga a que el Estado asuma medidas frente a otros tipos de violencia. Nosotros señalamos especialmente la violencia sexual, la trata y la mutilación genital femenina.

Háblanos de algunas de las campañas que estáis desarrollando.

Hemos puesto el foco en la crisis de las personas refugiadas, en la que nos parece fundamental aplicar un enfoque de género. Hemos enfocado la acogida con especial referencia a las mujeres. Si bien es grave la situación de las personas refugiadas en general, las mujeres y niñas enfrentan una violencia adicional, tanto en el trayecto como en los campos de refugiadas. Hay testimonios de mujeres que aseguran que durante el trayecto no duermen, son continuamente interpeladas para obtener “favores sexuales” a cambio de papeles…En un contexto de vulnerabilidad de las personas, las mujeres y niñas se llevan la peor parte. Y por ejemplo, el sistema de asilo en España no tiene esa mirada de género.

También estamos desarrollando una campaña de apoyo a mujeres yazidíes. Estimamos que más de 3000 mujeres y niñas siguen en manos del Estado Islámico y hemos recogido testimonios absolutamente desgarradores. En este entorno salvaje, cinco mujeres han conseguido escapar y se encuentran en un campo en Grecia y han puesto en marcha una acción de solidaridad, un círculo de apoyo.
Me gustaría destacar que la movilización ciudadana produce cambios, sirve la presión que ejercemos de manera conjunta.

Prostitución

En cuanto a la prostitución, el posicionamiento reciente de la organización ha generado numerosas críticas.

AI no tenía un posicionamiento en relación a la prostitución, aunque sí existía la denuncia contra todo tipo de violencia, abuso o explotación. Y tuvimos un extenso y profundo debate. Lo que se ha establecido en la política actual es una petición de despenalización o descriminalización de la actividad de cuenta o intercambio de servicios sexuales, consentido, entre personas adultas, a cambio de un precio. Y señalo esto porque AI no solicita la regulación de la prostitución como empleo.
Ha habido confusión, en mi opinión por dos temas: por un lado, hubo filtraciones de este debate de manera incompleta en el transcurso del mismo; un debate de tres años, con estudios sobre el marco normativo, trabajo de campo, e intercambio de distintas posturas; por otro lado se ha utilizado el término trabajadoras sexuales, pero no como empleo, sino porque no se encontró una denominación más atinada para referir a este trabajo como actividad, no como empleo.

En todo caso, nuestra organización no pide la regulación de la prostitución, sino la protección de las personas que la ejercen y, especialmente, pide que se tomen medidas en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales para que no haya personas, especialmente mujeres, abocadas a la venta de servicios sexuales por la situación de necesidad.

En segundo lugar creemos que es fundamental la lucha contra la trata y la explotación.

Además de la descriminalización del trabajo sexual, es necesario luchar contra los estereotipos subyacentes, que hace que esta actividad tenga un sexo eminentemente femenino. Los Estados tienen la obligación de abordar los estereotipos de género que hacen que la mayoría de las personas que se prostituyen sean mujeres y que quienes reclaman los servicios sean hombres.
Se pide la derogación de las leyes que penalizan la prostitución porque en las investigaciones desarrolladas por AI se ha visto que la penalización lleva a agravar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres. Estamos hablando a nivel internacional. Y evidentemente, ni consideramos esta actividad como un trabajo ni tampoco lo planteamos como un derecho humano.

Foto: AmecoPress y © Amnistía Internacional (Photo: Richard Burton)
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Estado español – Violencia de género – Violencia sexual – Derechos humanos – Campañas; 15 diciembre. 16. AmecoPress