Reforma de la Ley de Libertad Sexual y Reproductiva, ¿qué comprende?
Madrid. 20 dic. 22. AmecoPress.- El pasado 15 de diciembre, la sociedad se hacía eco de la aprobación en el Congreso de una reforma a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, que desarrolla diferentes registros legislativos concretos en esta materia y se dirige al último paso, en el Senado, para su entrada en vigor. “Así, se desarrolla la legislación referente al derecho al aborto y a la salud menstrual entre otras. El texto, propuesto por el Ministerio de Igualdad pero en el que participan diversas carpetas, ha recibido 190 votos a favor, 154 en contra –PP, Ciudadanos y Vox- y 5 abstenciones”.
La Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de El Cairo, en 1994, y la IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres de Pekín, al año siguiente, desarrollan el concepto de salud sexual y reproductiva en clave de derechos. Estos hitos de la comunidad internacional, junto a los lazos que la ONU ha continuado estableciendo entre esta materia y salud física y mental, vida, intimidad, educación y discriminación, suponen el recorrido a largo plazo que ha dado lugar a la ley que, si concluye con éxito el último paso en el Senado, entrará en vigor este próximo año en el Estado español.
En este sentido, no es hasta la Ley Orgánica 9/1985 que aborda la salud sexual y despenaliza el aborto, sin embargo es solo en casos de violación, malformación del feto o riesgo para la salud de la madre. Ya en 2010, se habla de “salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo”, y sirve de protección y garantía de los derechos relacionados con este ámbito. No obstante, un 78% de los abortos voluntarios realizados en el año 2020 han sido realizados en centros de carácter privado, y estas carencias de atención se acentúan más dependiendo de la región, debido a las diferencias territoriales existentes. Además, casos como el de la Ley Orgánica 11/2015 supone, según organizaciones supranacionales como el Comité CEDAW o el DESC, “un retroceso en la capacidad de decisión de las mujeres”.
Así, según defiende el Ministerio de Igualdad, la reforma legislativa que ya se encuentra camino del Senado tiene como fundamento principal “la garantía y protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”, además de su “derecho a decidir de manera libre y responsable sobre su maternidad y acceder a la información y a la educación que les permita ejercerlo”. No obstante, la futura ley compete a diversas materias concretas como aborto, educación o vienes de necesidad, entre otras.
Maternidad, seguridad para decidir con libertad
En particular, la norma tiene por objeto “garantizar que toda mujer que desee interrumpir su embarazo en términos de la ley orgánica pueda hacerlo en condiciones de igualdad efectiva en el conjunto del territorio y de un modo acorde con criterios de cercanía, accesibilidad y calidad de la intervención y de seguridad”. Así, el primer paso es la derogación de la ley de 2015, rehabilitando a las mujeres adolescentes de 16 y 17 años y a mujeres con discapacidad a ejercer este derecho sin necesidad de consentimiento de tutores legales.
En otro sentido pero en el mismo marco, el texto conceptualiza la “violencia gineco-abstétrica” hacia las mujeres para garantizar institucionalmente estos derechos sexuales y reproductivos. Comprende como este tipo de violencias el aborto forzado, la esterilización y anticoncepción forzadas, y fenómenos como la gestación por subrogación o sustitución.
Por la garantía de la vigencia efectiva de estos derechos reproductivos y abstétricos, establece acciones concretas como es la creación de un registro sobre objetores de conciencia para así asegurar servicios mínimos de profesionales hábiles en centros públicos. Además, una de las enmiendas presentadas por el grupo socialista propone que “quedarán excluidas (de apoyo institucional) aquellas organizaciones contrarias al derecho recogido en la presente ley”, en referencia a organizaciones “antiaborto” o “pro-vida” que acosan y extorsionan a mujeres que acuden a ejercer su derecho a la IVE.
En este sentido, con el objetivo de fortaleces la participación de la sociedad civil y asegurar la igualdad en el acceso a prestaciones y derechos, se refuerzan servicios como el Consejo Interterritorial de Salud y la Defensoría del Pueblo, para atender a la vulneración de estos derechos sexuales y reproductivos.
Primeras necesidades
“En el marco de lo establecido en la reciente regulación del sistema educativo, la norma contempla el ámbito afectivo-sexual en todas las etapas educativas, adaptada a la edad del alumnado y contribuyendo su desarrollo personal”, defienden desde el Ministerio. Así se implantarán políticas concretas para mujeres con discapacidad, fomentando el respeto y los derechos sin vincularlo necesariamente con la reproducción.
En cuanto a la mejora del tratamiento de aquellas situaciones patológicas que se proyectan en la salud menstrual y sexual, se prevé como baja laboral la “menstruación incapacitante secundaria o dismenorrea secundaria asociada a patologías tales como endometriosis, miomas y otras enfermedades”, así como las bajas médicas habituales a partir de la semana 39 del embarazo y por interrupción del embarazo –sea voluntaria o no-. Como objetivo, la reducción de sesgos negativos en el ámbito laboral.
El texto incluye “la gratuidad de los productos de gestión menstrual en centros educativos, así como en centros penitenciarios y centros sociales para que puedan acceder a ellos mujeres en situación de vulnerabilidad”. En este sentido, también plantea la “corresponsabilidad en el ámbito de la anticoncepción mediante la eliminación de roles sexistas mediante la investigación y comercialización de anticonceptivos masculinos”. Así, también se acerca, mediante acciones concretas, estas materias a la educación y sensibilización.
Fotos: Archivo AmecoPress.
Estado Español - Legislación y género - Salud reproductiva - Aborto - Políticas de Igualdad. Madrid. 16 dic. 22. AmecoPress.