Prostitución y Trata de mujeres en España, a debate

Con motivo de la celebración del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas que se celebra el 23 de septiembre, la Comisión Para la Investigación de los malos tratos a mujeres (CIMTM) y la Plataforma de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución han organizado las primeras Jornadas Internacionales ‘Explotación Sexual de Mujeres en Catalunya’, que tendrán lugar en Barcelona los días 28 y 29 de septiembre.

El ordenamiento jurídico español no prohíbe la prostitución pero persigue el proxenetismo y la trata de mujeres, una lucha que pretende reforzar mediante la aprobación del Plan Integral contra la Trata de Seres Humanos con fines de explotación sexual que está elaborando el Ministerio del Interior.

Las organizadoras de las Jornadas ‘Explotación Sexual de Mujeres en Catalunya’ consideran que la prostitución está íntimamente ligada a la trata de seres humanos, y sustentan esta idea en el informe de Naciones Unidas que reconoce que la demanda de prostitución es la máxima responsable de la expansión del negocio del sexo y de la trata de mujeres con fines de explotación sexual.

La portavoz de Comisión para la Investigación de Malos Tratos (CIMTM), Sara Vicente, está a favor del abolicionismo total. Identifica la prostitución con la violencia de género y asegura que “las mujeres que la ejercen muestran los mismos mecanismos que conocemos en los casos de malos tratos, es decir, padecen una especie de síntoma de Estocolmo para justificar la actividad”.

La Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer en el Congreso de los Diputados concluyó el pasado mes de mayo que la prostitución en España está directamente relacionada con el tráfico de mujeres y la explotación sexual. La diputada socialista, Lourdes Muñoz, fue la encargada de presentar el informe basado en un estudio criminológico de la unidad técnica de la policía judicial de la Guardia Civil.

El documento, que contaba con un paquete de 47 medidas para luchar contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, fue remitido al Gobierno y debería incluirse en el futuro Plan Integral contra la Trata.

Algunas organizaciones que apuestan por la abolición, como la asociación contra la explotación sexual AFESIP, aplaudieron la aprobación del informe, que interpretaron como un primer paso hacia la eliminación de la prostitución en España, sin embargo, la legislación actual no persigue esta práctica y el debate sigue abierto.

Los grupos parlamentarios en el Congreso, a excepción de ERC (Esquerra Republicana de Cataluña, ICV (Iniciativa per Catalunya-Verts) y EA (Eusko Alkartasuna), aprobaron el informe de la Comisión, ante la que intervinieron, a lo largo de seis meses, partidos políticos, sindicatos, plataformas de mujeres, representantes de homosexuales y transexuales, de las prostitutas, personal de la universidad, ONG’s y profesionales de las fuerzas de seguridad del Estado.

Para la portavoz de la Plataforma Abolicionista, Rosario Carracedo, ha supuesto un cambio significativo desde el punto de vista ideológico. “Entre los partidos mayoritarios, PP, PSOE, CIU, PNV, ha habido una coincidencia de sensibilidades en el análisis, y es muy positivo que haya concurrencia en torno a un hecho que significa una práctica de desigualdad”, manifestó.

En su opinión, “profundizar en el principio de igualdad entre hombres y mujeres no puede significar normativizar, a través de medidas de intervención publica, esta práctica de violencia, de desigualdad, sino todo lo contrario, hay que desmovilizarla, deconstruirla y frenar la excusa social que ha permitido estas prácticas”.

La Plataforma Abolicionista entiende que se ha dado un paso importante, pero su portavoz matizó que “hubiéramos preferido que las medidas punitivas contra el proxenetismo hubieran sido más contundentes, por ejemplo, rescatando la ‘tercería locativa’, que significa que todo negocio cuyo objeto, directo o indirecto, sea la explotación de la prostitución ajena, sea considerada una conducta delictiva”.

Esta medida hubiera desarticulado, según sus cálculos, el 90 por ciento de la prostitución en España y habría transmitido un mensaje claro: “este no es un país para hacer negocios de prostitución”.

Por su parte, Mercè Pigem, diputada de CIU, sostuvo que el informe de la Comisión deja claro que no hay diferencia nítida entre prostitución libre y forzada, y resaltó las recomendaciones para luchar contra la explotación destinadas a disuadir la demanda de los clientes, “porque sienta los pasos para ir construyendo una sociedad libre de este fenómeno”.

La prostitución es un problema de género, añadió, “porque un porcentaje elevadísimo de las prostituidas son mujeres y niñas, y además, la mayoría de los consumidores de prostitución masculina también son hombres”.

Trabajadoras del sexo

El colectivo en Defensa de los Derechos de las Prostitutas, Hetaira, entiende que la explotación de las prostitutas es un problema estrictamente laboral, y no están de acuerdo con el resultado de la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer, porque piensan que sí hay una clara diferenciación entre prostitución forzada y voluntaria, y apuestan por perseguir la primera y reglamentar la segunda.

Cristina Garaizábal, miembro de Hetaira, declaró que la Comisión reconoce que no hay ningún estudio serio de la prostitución. El colectivo tampoco tiene estadísticas generales pero maneja cifras sobre la prostitución de calle en Madrid, según las cuales, el 85 por ciento de mujeres la practica sin coacción, “y obviamente porque lo necesita”.

“No lo veo como nada degradante, no creo que deba desaparecer, y no sé porque no se puede tratar cómo un tipo de trabajo y que se mejoren sus condiciones. Se puede estar a favor de que desaparezca, pero ¿qué hacemos mientras exista?”, se preguntó la portavoz de Hetaira.

Frente a estas afirmaciones, Mercè Pigem sostuvo que CIU respeta las posiciones individuales de las que quieren vender su cuerpo, pero la libertad “no pasa por ampliar el catálogo del pudiente, del que puede pagar, sino por disminuir los obstáculos del que no puede elegir. Como responsables políticos, no hemos sólo de respetar las posturas personales sino conformar un orden social, y no se puede regular diciendo que, el que paga, puede hacer lo que quiera con el cuerpo de la mujer”.

Pigem agregó que el ordenamiento jurídico español prohíbe la disponibilidad del cuerpo humano, porque “a lo mejor hay personas a las que le resolvería la vida vender un riñón, y no se les permite porque mucha gente, desfavorecida económicamente, se vería abocada a desprenderse de órganos vitales, mientras que las personas pudientes los comprarían”.

Por su parte, Cristina Garaizábal, del colectivo Hetaira, insistió en que la Comisión ha interpretado la prostitución desde una visión abolicionista, y el informe de la Guardia Civil debería recoger que la explotación que sufre un sector de prostitutas es una estrictamente laboral, “que ellas aceptan voluntariamente lo que les imponen los empresarios, aunque sean unas condiciones draconianas”.

La portavoz de la Plataforma Abolicionista, Rosario Carracedo, explicó que “la prostitución no está penalizada, puedes ejercer la prostitución, y de hecho, el modelo abolicionista no impide que sigas ejerciendo la prostitución, lo que sustrae es que no sea una conducta normalizada, y lo que sanciona y prohíbe son los negocios en torno a las mujeres prostituidas”.

Hetaira califica esta situación de “alegalidad” en el sistema español. Por el contrario, la diputada socialista, Lourdes Muñoz, coincide con Rosario Carracedo al considerar que se está actuando dentro de la ley porque “la prostitución como tal no está penada, aunque sí el proxenetismo y la trata de mujeres”.

Plan contra la Trata

Antes de finales de 2007, el Gobierno espera aprobar el Plan Integral contra la Trata de Seres Humanos con fines de Explotación Sexual que el Ministerio del Interior está elaborando sobre cuatro pilares principales: sensibilización, prevención, persecución de los delincuentes y asistencia a las víctimas; según adelantó la directora del Instituto de la Mujer, Rosa Peris.

Algunas de las medidas aprobadas en el informe de la Comisión Mixta se reflejan en los objetivos del Plan, que tendrá una vigencia de tres años, y que persigue sensibilizar a la opinión pública para alcanzar “tolerancia cero” ante la explotación sexual y combatir las causas de este fenómeno desde la prevención, con actuaciones de desarrollo en los países de origen de la trata.

Asimismo, intensificará la persecución de los delincuentes mediante el fortalecimiento del trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y reforzando también la cooperación internacional. Por otro lado, contemplará medidas judiciales, asistenciales y educativas destinadas a reinsertar a las mujeres y a asegurar su protección.

El Plan Integral fijará un período de reflexión de treinta días en el que las víctimas deberán decidir si quieren interponer una denuncia, respondiendo así a la normativa europea que recoge la necesidad ofrecer a la extranjeras, en situación irregular, un tiempo para pensar si les conviene o no denunciar a los traficantes, teniendo en cuenta que, finalizado el proceso, serán tratadas como el resto de ilegales, es decir, serán deportadas a su país.

La directora del Instituto de la Mujer insistió en que el Plan no supondrá la regularización de las víctimas en nuestro país y añadió que tampoco se les aplicará la Ley Integral de Violencia de Género, porque esta norma está destinada a las mujeres que sufren maltrato derivado de relaciones afectivas (parejas y ex parejas) y no se refiere, por tanto, al mismo perfil.

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Fotos: AmecoPress

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Documento adjunto: Programa provisional de las Jornadas ’Explotación sexual de Mujeres en Catalunya’

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Estado español - prostitución; 14 agosto, 07 (AmecoPress)