Por fin las trabajadoras de hogar tendrán derecho a cobrar el paro

Madrid, 06 sep 2022. AmecoPress.- El Consejo de Ministros y Ministras ha aprobado este martes el Real Decreto-Ley para la mejora de las condiciones de trabajo y de seguridad social de las trabajadoras del hogar. Tendrán derecho a cobrar el paro una vez dejen de trabajar y dispondrán de una protección legal completa como el resto de personas trabajadoras por cuenta ajena. El Gobierno quiere “acabar con la discriminación histórica de este colectivo feminizado”. El avance llega tras años de lucha en los que las organizaciones de trabajadoras de hogar y cuidados y el movimiento feminista han reclamado la ratificación del convenio 189 de la OIT para que se acabe con la discriminación del colectivo respecto al resto de las trabajadoras y trabajadores del país.

La desvaloración del trabajo doméstico se ha mantenido en las normas y, según ha hecho saber el Gobierno “se corrige para terminar con la infravaloración histórica de un trabajo desempeñado mayoritariamente por mujeres, que ha contribuido a la perpetuación de estereotipos y al agravamiento de la brecha de género”.

Las plataformas de las empleadas de hogar que reivindican estos derechos desde hace décadas y que con su lucha han conseguido llevar sus demandas al debate público y a las instituciones, se muestran satisfechas con los avances, aunque, sin duda, no consideran cumplidas sus reivindicaciones. Aún están revisando la norma que hoy se aprueba porque, recuerdan, "el texto se ha negociado fundamentalmente con los sindicatos", aunque las organizaciones de empleadas de hogar fueran recibidas por la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, poco antes de que el Congreso aprobara la ratificación del Convenio 189 de la OIT.

Protección por desempleo

Las empleadas del hogar dejan de ser el único colectivo laboral que carecía de protección en situación de desempleo pese a que la mayoría tienen relaciones laborales a tiempo parcial e intermitentes, que a menudo finalizan repentinamente por defunción de sus empleadores y con un régimen especial de despido que permitía los despidos arbitrarios e intempestivos sin ningún tipo de indemnización.

En caso de despido, será el Fondo de Garantía Social (Fogasa) el que se haga cargo de las indemnizaciones de aquellos empleadores que se declaren insolventes. Además, se restringirán las causas que justifiquen el desistimiento –la figura jurídica que hasta ahora permitía despedir a la trabajadora de modo unilateral mediante el pago de una indemnización y sin alegación de causa-. A partir de ahora se deberán acreditar los motivos que puedan dar lugar a la finalización del contrato con las empleadas extendiendo, por tanto, la protección frente al despido.

Se trata sin duda, de una buena noticia. Sin embargo, las organizaciones querían que este derecho se reconociera con carácter retroactivo. La norma reconoce la prestación de desempleo, pero no se comenzará a abonar hasta que se cumplan los periodos de cotización exigidos en el Régimen General; es decir, después de negar el derecho, ahora se exige haber cotizado como al resto.

Bonificaciones

Será obligatorio cotizar por desempleo y al Fondo de Garantía Salarial a partir del 1 de octubre. Para que estas cotizaciones no supongan un sobresfuerzo económico para los empleadores, estos tendrán derecho a una bonificación del 80% en las aportaciones empresariales a la cotización por desempleo y al Fogasa en este Sistema Especial.

Se mantiene la reducción de un 20% en la aportación empresarial a la cotización por contingencias comunes correspondiente a este Sistema Especial. Además, se van a incrementar los tramos de bonificación superiores al 20%, en función de la composición del hogar y también de los niveles de renta y de patrimonio, lo que permitirá aumentar el número de beneficiarios. Los requisitos de estas bonificaciones se fijarán reglamentariamente.

Además, el Real Decreto-ley también establece que los empleadores asumirán las obligaciones en materia de cotización para aquellas trabajadoras que presten sus servicios durante menos de 60 horas al mes por empleador, eliminándose la posibilidad de que sean las trabajadoras las que soliciten directamente su afiliación, altas, bajas y variaciones de datos.

Acreditación de competencias

El Gobierno desarrollará políticas de formación y acreditación para las personas empleadas del hogar dedicadas al cuidado o la atención de las personas que formen parte del ámbito doméstico y familiar. Estas iniciativas tendrán en cuenta las particulares condiciones de trabajo en este sector y las personas trabajadoras que desarrollan su actividad en él.

Enfermedades profesionales

La norma establece también el compromiso de creación de una comisión de estudio cuyo objetivo es la inclusión de la perspectiva de género en el cuadro de enfermedades para que se identifiquen y se corrijan las deficiencias que existen en el ámbito de la protección ante las enfermedades profesionales de los trabajos desarrollados mayoritariamente por mujeres.

El Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) fue aprobado en 2011. Pero fue el 10 de junio de este año, después de una década, cuando el Congreso respaldó casi por unanimidad que por fin España lo ratificara. Y esto fue posible gracias a las mujeres que, además de limpiar nuestras casas y cuidar de nuestras hijas, hijos y mayores, se han organizado desde lo cotidiano y con una dignidad conmovedora han reclamado sus derechos y también los nuestros. La norma que hoy aprueba el Consejo de Ministros y Ministras es también un logro de estas mujeres. Y como ellas recuerdan, no hay que olvidar que muchas de ellas se encuentran en situación administrativa irregular y que algunas trabajan como internas. La lucha continuará.

Fotos archivo AmecoPress.
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Economía – Cuidados – trabajo doméstico – Legislación y género; 06 de septiembre. 22. AmecoPress