Plan Camino para dar alternativas económicas, laborales y sociales a las víctimas de trata y explotación sexual

Madrid, 20 sep. 22. AmecoPress.- El Consejo de Ministras y Ministros ha aprobado hoy el Plan Camino para dar alternativas económicas, laborales y sociales a las víctimas de trata, explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución. “La abolición significa papeles, vivienda, empleo, atención integral, sin necesidad de denunciar”, ha repetido en varias ocasiones la ministra de Igualdad, Irene Montero, en el acto de presentación del Plan ante organizaciones y prensa.

Junto a la ministra, en la primera mesa del encuentro, han intervenido Paola Brito, del Proyecto Esperanza Adoratrices, Andrea Losantos, de Mujeres en Zona de Conflicto (MZC), y Daniela Yuca, APRAMP. El objetivo: “debatir en torno a cuáles son las necesidades de las mujeres y cuáles son los retos y tareas de los poderes públicos para abolir de manera efectiva la trata, la explotación sexual y la prostitución”, ha dicho Toni Morillas, directora del Instituto de las Mujeres, encargada de moderar este primer intercambio.

El Plan Camina establece acciones específicas del Ministerio de Igualdad y otras transversales a realizar con otros ministerios, con el objetivo general de operativizar las medidas recogidas en la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual y complementar las acciones del Plan Estratégico Nacional contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos 2021-2023 en lo relativo a la trata con fines de explotación sexual.

Se concibe, por tanto, como una política palanca que desarrolla todas las actuaciones que competen al Ministerio de Igualdad respecto a la trata con fines de explotación sexual, la explotación sexual y el apoyo a las mujeres en contextos de prostitución. “Es la primera política pública abolicionista de alcance estatal”, ha dicho directora del Instituto de las Mujeres, “representa un lugar de encuentro para muchísimas mujeres, feministas, defensoras de los derechos humanos que venimos de trayectorias y tradiciones políticas diferentes” que se han encontrado en la “certeza de situar en el centro los derechos de las mujeres” y de poner en marcha una estrategia que permita “plantear el debate de la prostitución desde algo tan básico como garantizar las condiciones de vida digna para las mujeres”.

El Plan, como su nombre indica, es un camino, un “plan operativo”, un paquete de medidas “para reparar las vidas y la historia de estas mujeres”, a la vez que “garantizamos el acceso a vivienda, educación, sanidad, formación y empleo”, ha dicho Montero, sin olvidar que lo que llevan años reclamando las organizaciones es una Ley Integral contra la trata. “Esta es la única vía para abolir la desigualdad que perpetúa el machismo sobre los cuerpos de las mujeres”.

“Lo primero que necesitan las mujeres es apoyo psicológico, salud física y apoyo jurídico para regularizar su situación”, ha dicho Paola Brito, abogando también por una “atención individualizada”.

En esa línea, Andrea Losantos ha reclamado mas formación para las personas que las atienden y ha denunciado que a menudo las autoridades las hacen sentir como “delincuentes”.

Daniela Yuca ha recordado que la recuperación de las víctimas “es de adentro hacia afuera”. Las alternativas habitacionales y la reparación del daño desde el reconocimiento y protección de los derechos de las mujeres y niñas son imprescindibles, ha dicho.

“No vamos a poder garantizar los derechos de las mujeres si no tomamos decisiones valientes en materia de extranjería”

El testimonio de las tres mujeres que hoy se han sentado en una mesa para señalar qué se puede hacer para garantizar los derechos de las víctimas y también para acabar con la trata ha coincidido en la necesidad de revisar las políticas de extranjería. Sin papeles hay miedo, hay revictimización, hay muros al acceso a los derechos básicos.

En ese sentido, la ministra ha recordado que en un país en que el 90 por ciento de las mujeres que atienden las organizaciones son mujeres migradas en situación administrativa irregular, “no vamos a poder garantizar los derechos de las mujeres si no tomamos decisiones valientes en materia de extranjería”. El Plan Camino promueve el acceso a la regularización documental de las víctimas e impulsa el análisis de las necesidades de protección de estas con el fin de orientar futuras mejoras normativas en este ámbito. Para ello, se ha alcanzado un acuerdo sobre el que se trabajará intensamente en los próximos meses, para que todas las mujeres y especialmente las más vulnerables, sean beneficiarias de todas las medidas de este acuerdo.

Cinco líneas de acción

El Plan Camino incluye 28 medidas en 5 líneas de acción a implementar entre 2022 y 2026 y una dotación económica estimada en 204 millones de euros.

Además de lo mencionado en materia de regularización documental la prioridad del Plan es dar salida a las víctimas a través de la inserción socio laboral. Esta salida, debe ir acompañada de alternativas económicas y sociales que garanticen los derechos de las mujeres. Por eso, una de las principales líneas de acción a implementar es ofrecer vías realistas de salida a la explotación. En este sentido, resulta central vincular la consolidación de un itinerario de atención integral para estas mujeres, con programas de acceso a derechos sociales y económicos como son vivienda, salud y empleo, tres de los pilares de una de las medidas centrales del Plan Camino, como es el I Plan de Inserción Sociolaboral para Víctimas de Trata, Explotación Sexual y para Mujeres en Contextos de Prostitución (2022-2026).

El Plan también promueve la investigación y recogida de datos. En este sentido, se realizará la mayor macroencuesta sobre trata y prostitución de la UE. Una operación estadística que permitirá hablar de cifras reales, mapeando la oculta realidad de las cifras y datos sobre el número de mujeres víctimas de trata y explotación sexual y de aquellas que están en contextos de prostitución.

Por otro lado, se trabajará intensamente en la prevención y desincentivo de la demanda, llegando a jóvenes y hombres a través de campañas de sensibilización, pero, sobre todo, trabajando desde las escuelas y desde espacios de socialización cruciales para ello.

A su vez, se trabajará para que las víctimas puedan acceder a derechos económicos, socio asistenciales y de salud sexual y reproductiva; y que este acceso no dependa de la interposición de una denuncia.

Foto: archivo AmecoPress.
— -
Política – Políticas de Igualdad – Violencia sexual – Trata – Prostitución. 20 sep. 22. AmecoPress