Paloma García, Red Acoge: "España ha suspendido en el cumplimiento del Pacto Mundial de Migraciones"

6 de mayo de 2022.

Por Olatz Silva Rodrigo

Estado Español | Sociedad | Informes | Mujeres migrantes | Refugiadas | Cuidados | Legislación | Derechos humanos



Varias asociaciones presentan un informe sobre el cumplimiento del Pacto Mundial de Migraciones en España


Madrid, 05 may. 22. AmecoPress.- El Pacto Mundial de Migraciones (PMM) es el primer acuerdo negociado intergubernamental preparado bajo los auspicios de las Naciones Unidas, para cubrir todas las dimensiones de la migración internacional de manera holística e integral. Fue aprobado en 2018 en Marrakech y firmado por 162 países, entre ellos España.

Cuatro años más tarde, con el fin de analizar la situación de la migración en el país, Alianza por la Solidaridad-ActionAid, Fundación Cepaim, Médicos del Mundo, Red Acoge y Asociación Rumiñahui presentan el ’Informe de la sociedad civil sobre el estado de cumplimiento de los compromisos del Pacto Mundial de Migraciones en la política española’. Los resultados del informe se trasladarán al Foro de Examen de la Migración Internacional que tendrá lugar en Nueva York, entre el 16 y el 20 de mayo. En el Foro, representantes de todos los países discutirán y expondrán los progresos conseguidos.

El informe ha sido elaborado junto a asociaciones de personas migrantes en España. "No se puede hablar de estas personas sin ellas", asegura Vladimir Paspuel, presidente de la Asociación Rumiñahui. El documento es un diagnóstico del grado de cumplimiento del Estado español de los 23 objetivos contenidos en el PMM y responde a tres de los cuatro bloques en los que se divide el Pacto Mundial.

"El pacto no es un tratado internacional, es un acuerdo entre todos los Estados de Naciones Unidas en el cual se busca cooperar y trabajar de forma conjunta para avanzar en los objetivos planteados", recalca Paloma García, directora de desarrollo estratégico de Red Acoge. Una de las mayores tensiones que hubo en los diálogos en las negociaciones del pacto era la soberanía de los estados para decidir directamente sobre determinadas políticas y medidas legislativas relacionadas con las migraciones: "Sobre todo, la decisión de decidir quién puede entrar y quién no a mi país".

A pesar de la no obligatoriedad, García explica que es un "hito muy importante" porque cambia la orientación y el enfoque de las políticas migratorias y también de la forma de trabajar entre los Estados. El Foro de Examen es, por lo tanto, una manera de medir las buenas prácticas que los Estados han hecho de forma voluntaria. "Las organizaciones de la sociedad civil tenemos que valorar y hacer un examen final para ver en qué medida han cumplido los compromisos que habían adquirido", añade. En conclusiones generales, García ha recalcado que "España ha suspendido en el cumplimiento del Pacto Mundial de Migraciones".

Gobernanza de las fronteras

El primer bloque trata sobre medidas que los Estados deben adoptar en la gobernanza de las fronteras para respetar, proteger y garantizar los derechos de las personas migrantes. Conforme al informe, España está lejos de alcanzar el cumplimiento de los objetivos marcados en el Pacto como resultado de las siguientes políticas: la externalización de la seguridad de las fronteras, las devoluciones sumarias, los Centros de Internamiento de Migrantes (CIE) y las pruebas de determinación de la edad a menores.

Pablo Iglesias, técnico de incidencia política de Médicos del Mundo, explica que la gestión de fronteras debe ser "respetuosa con los derechos humanos" y que externalizar su gestión supone trasladar la responsabilidad de la gestión migratoria a países del entorno, delegando en ellos el respeto de los derechos humanos. Asimismo, subraya que "las pruebas para especificar la edad de los menores a día de hoy siguen siendo invasivas, poco fiables y humillantes".

Migración voluntaria, ordenada y regular

Garantizar una migración voluntaria, ordenada y regular es el objetivo del segundo bloque. "Este bloque se divide en dos grandes puntos: las vías de migración regular y los derechos laborales", comenta Iglesias. Por un lado, destaca "la insuficiencia de esas vías". A día de hoy, la contratación en origen y la reagrupación familiar son dos procesos "poco eficaces" que hacen que la única forma que tengan las personas para entrar en territorio español sea "de forma irregular" o "a través de visados de turista para intentar regularizar a posteriori su situación". La falta de vías regulares hace que muchas personas intenten rutas cada vez más peligrosas para llegar a España. 4.404 personas han muerto o desaparecido intentando llegar por mar a las islas Canarias.

Dentro del punto de derechos laborales, el informe analiza la situación de precariedad y de explotación a las que están expuestas muchas personas migrantes y, de forma concreta, cómo se materializa esta en algunos sectores, "particularmente en el sector de los cuidados y en el agrícola". La tasa de desempleo de la población migrante duplica a la española. Asimismo, la diferencia del salario medio es de un 28,3%.

El sistema de homologación dificulta el reconocimiento de los títulos y experiencia de las personas extranjeras: "Aproximadamente un 25% de las personas migrantes en España tiene titulaciones universitarias, pero sufren un proceso larguísimo, tedioso y caro". El tiempo que puede tardar una persona migrante en conseguir la homologación son cuatro años, "obligándolas mientras tanto a realizar trabajos muy por debajo de su cualificación".

La integración de las personas migrantes

El tercer bloque pretende apoyar la integración de las personas migrantes y su contribución al desarrollo. De acuerdo con el informe, esto choca con algunas barreras legislativas y de política pública para que el Estado español avance en la consecución de los objetivos recogidos en el PMM. Por ejemplo, la normativa de extranjería no facilita el acceso a la situación regular como vía principal de integración.

Una persona migrante debe permanecer tres años en España en situación administrativa irregular antes de poder obtener un permiso de residencia. El 58% de las personas migrantes está en riesgo de pobreza y exclusión social. García afirma que el cambio es una cuestión de voluntad política, dado que en este momento, el Ministerio de Inclusión está adoptando todas las medidas posibles para acoger a las personas desplazadas de Ucrania: "Cuando hay voluntad política se pueden adoptar medidas para proteger a todas las personas que se ven obligadas a salir de su país por motivo de una guerra o cualquier motivo".

No se garantizan debidamente los derechos económicos, sociales y culturales a las personas migrantes, por ejemplo, el acceso a una vivienda digna. Asimismo, las identificaciones policiales por perfil racial siguen siendo legales. Otro punto a destacar es la persistencia de la exclusión sanitaria de muchas personas migrantes, que sigue siendo una realidad de muchas personas en el país, según afirma Iglesias.

Este tercer bloque también subraya la falta de una Ley Integral de igualdad de trato y lucha contra la discriminación. "Quienes sufren racismo y xenofobia son las personas que no pueden acercarse a la policía a denunciar, porque si está en situación administrativa irregular, se expone a que se le abra un expediente de expulsión", explica Paspuel. El presidente de la asociación Rumiñahui deja claro lo que quieren: "La población migrante queremos ser tratada como personas, como unos y unas ciudadanas más".

"Aunque haya habido avances, han sido limitados y no han sido avances a fondo", asegura la directora de desarrollo estratégico de Red Acoge. Las reformas han sido puntuales, pero no se han abordado las problemáticas de fondo "más estructurales". García ha señalado "como positivo" la reciente modificación del Reglamento de Extranjería, el cual anteriormente dejaba indocumentadas a las personas que cumplían la mayoría de edad. Aun así, ha querido subrayar que las pruebas de la determinación de la edad están denegando la minoría de edad a jóvenes que tienen menos de 18 años, y, como consecuencia, "se están quedando totalmente desprotegidos y desprotegidas".

El informe hace una última mención a los derechos de las mujeres migrantes y expone que es un reto pendiente. Demanda que toda la política migratoria española, así como las propuestas legislativas contenidas en las negociaciones del Pacto Europeo de Migraciones y Asilo, se alineen con la propuesta de enfoque de género contenida en el Pacto Mundial.

Recomendaciones al Gobierno de España

En el mismo informe, las asociaciones recogen una serie de recomendaciones al Gobierno de España. Piden defender en el marco de las negociaciones sobre el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo una postura coherente con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Reclaman también la prohibición de las identificaciones policiales por perfil racial.

Exigen la modificación de la Ley de Extranjería para facilitar la contratación en origen y potenciar los visados de búsqueda de empleo, así como para agilizar los procedimientos y evitar la irregularidad sobrevenida. Por otro lado, piden el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros. "Una persona migrante en situación irregular puede pasar sesenta días en un CIE, privada de libertad, sin haber cometido ningún delito. Es la única causa por la que una persona en este país puede ser privada de su libertad por causas no penales", denuncia Iglesias.

Otra recomendación es reconocer el derecho al sufragio activo y pasivo de todas las personas migrantes con permiso de residencia, dado que solo se les permite votar a nivel local.

Entre otras recomendaciones están incluir como beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital a las personas en situación administrativa irregular y garantizar la protección de los derechos de las mujeres migrantes que denuncian ser víctima de violencia de género.

Foto: archivo de AmecoPress.
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