Nada justifica que las trabajadoras de hogar y cuidados no tengan derecho al paro

Madrid, 29 mar. 2021. AmecoPress.- Nada justifica que las trabajadoras de hogar y cuidados no tengan reconocido su derecho a la prestación por desempleo. Ni que no cuenten con una ley de riesgos laborales cuando trabajan con productos químicos, limpian cristales desde las alturas o cargan sobre sus huesos a mayores con dificultades de movilidad. Ni la desprotección que experimentan frente a un despido que puede llegar de un día para otro. Nada lo justifica, pero sucede y la legislación lo ampara. Por eso, un año más desde hace 11, las organizaciones de trabajadoras de hogar y cuidados reclaman la ratificación del Convenio 189 de la OIT por parte del Estado español y exigen su plena integración en el régimen general de la Seguridad Social. Dejarán constancia de sus demandas por escrito en una carta que entregarán mañana, 30 de marzo, a las 12 horas, en la sede del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en Madrid.

Precisamente hoy la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que “con carácter casi inmediato vamos a ratificar el Convenio 189 de la OIT” y ha recordado que el Gobierno está obligado a “cumplir la sentencia” del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que concluyó a finales de febrero que España discrimina a las trabajadoras del hogar por negarles el paro a propósito del caso de una empleada gallega.

Pero, a pesar del anuncio, las organizaciones, que ya han vivido varias veces que este compromiso se incumple y se posterga, son claras: “hasta que no veamos la firma y se garanticen las medidas para su implementación no vamos a estar satisfechas”, dice Rafaela Pimentel, de Territorio Doméstico, que recuerda que este colectivo no solo se mueve porque sus condiciones laborales mejoren coyunturalmente, sino que luchan por un “cambio en la organización de los cuidados, un cambio estructural que beneficie a la sociedad en su conjunto”.

La presentación de la carta ha estado acompañada de diferentes movilizaciones en distintas ciudades a lo largo del fin de semana pasado para denunciar que siguen sin tener reconocidos derechos laborales básicos en igualdad de condiciones.
Las asociaciones destacan que el trabajo de hogar y de cuidados es vital para la organización de la vida en sociedad, y que fue la crisis provocada por el COVID 19 la que dejó al descubierto que este sector profesional es esencial para el sostenimiento de la vida y los cuidados, en la misma medida que resulta infravalorado e invisible para la agenda política y económica.

Efectivamente, la discriminación de este sector laboral, fuertemente feminizado, racializado y precarizado, ha sido reconocida en fechas recientes por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ha dictaminado que el no reconocimiento de la prestación por desempleo para las casi 400.000 mujeres afiliadas es contrario a la Directiva Europea de Igualdad de Trato entre Hombres y Mujeres y discriminatoria según la norma en materia de desempleo en España. “Y eso se ha convertido en una grieta por la que varias compañeras han llevado sus casos a tribunales y están obteniendo pequeñas victorias”, expone Pimentel.

Las trabajadoras de hogar y cuidados demandan, no solo la anunciada ratificación del Convenio 189 de la OIT, también la inclusión plena del empleo de hogar en el Régimen General de la Seguridad Social para dejar de ser tratadas como trabajadoras de segunda.

Resaltan que en el caso del régimen de interna se vulneran directamente los derechos humanos y que las aproximadamente 200.000 trabajadoras sin contrato están del todo excluidas de cualquier protección.

La cuestión de la “irregularidad” es decisiva para comprender y denunciar algunas de las situaciones cercanas a la esclavitud que siguen produciéndose en territorio español. La ley de extranjería establece que para solicitar la regularización hay que residir tres años en España. Tres años que para muchas significan trabajar como internas por sueldos miserables, recibiendo “pago en especie” (cama y comida), sin descansos, llegando a sufrir todo tipo de abusos y viviendo con mucho miedo.

Según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en España algo más de 600.000 personas se dedican al trabajo de hogar y de cuidados empleadas por familias particulares. De ellas, más del 95 por ciento son mujeres. Muchas de estas mujeres son migrantes, un porcentaje amplio está en una situación administrativa irregular. Todas forman parte de un sector desprestigiado, desprotegido y vulnerable.

Llega un nuevo 30 de marzo, día internacional del Empleo de Hogar. Venimos de dos años de pandemia que constataron la esencialidad de los cuidados. “La crisis provocada por el COVID 19 dejó al descubierto que este sector profesional tan importante para el sostenimiento de la vida, es esencial, y al mismo tiempo infravalorado e invisible para la agenda política y económica”, afirman las organizaciones. “Por nuestra lucha colectiva se aprobó un subsidio extraordinario para las trabajadoras del hogar que fue concedido sólo a un 10% de las trabajadoras, porque no escapa al conocimiento del Gobierno que muchas mujeres realizan este trabajo sin contrato por su situación administrativa irregular, abocándolas a la desprotección, pobreza y exclusión social”.

En estos momentos atravesamos una crisis sobrevenida por la invasión de Ucrania, frente a la que ha sido necesario desplegar medidas económicas para proteger distintos sectores. Pero ellas, las trabajadoras de hogar y cuidados, siguen sin ser incluidas en los recursos, prestaciones y normas aprobadas. Porque se trata de coyunturas que no hacen sino evidenciar que la consideración del sector ha de transformarse y sus derechos han de equilibrarse con los que tienen reconocidos el resto de trabajadoras.

Trabajadoras esenciales con plenos derechos laborales

Durante todos estos años, las trabajadoras de hogar y de cuidados organizadas han realizado una labor extraordinaria para visibilizar los aportes al bienestar y progreso de la sociedad. Y sin embargo, “en España en pleno Siglo XXI, las trabajadoras de hogar y cuidados seguimos sin tener reconocidos, en igualdad de condiciones, nuestros derechos laborales básicos como son: la prestación por desempleo, una ley de prevención de riesgos laborales, la equiparación en el cálculo de las pensiones o la prevención frente al despido, la conciliación laboral y familiar entre otros, infringiendo de esta manera la propia legislación española en materia de igualdad de trato y no discriminación y en el caso del “régimen de interna” vulnerando directamente los derechos humanos”.

En la carta que entregarán mañana en el Ministerio de Trabajo, las organizaciones de trabajadoras de hogar y cuidados demandan “la inclusión plena del trabajo de hogar en el Régimen General de la Seguridad Social para que se nos deje de tratar como trabajadoras de segunda, bajo el paraguas de “Régimen Especial” que es el eufemismo con el que se justifica la falta de condiciones laborales decentes y los múltiples abusos que a diario se comenten en este sector del trabajo” y recuerdan que “una sociedad no avanza ni garantiza el bienestar de su ciudadanía si establece las bases y el sostenimiento de su riqueza con la opresión de los colectivos más vulnerables, que son realmente la raíz de todo crecimiento y desarrollo de un país”.

Peticiones

• Ratificar con urgencia y sin demoras el Convenio 189 de la OIT sobre trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos, junto con la incorporación efectiva en la normativa interna, afrontando los cambios legislativos necesarios, estableciendo plazos concretos para su aplicación y con el respaldo de la dotación presupuestaria necesaria para que pueda implementarse. De manera particular:
• Aprobación definitiva de la prestación por desempleo
• Reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas migrantes, con la regularización de los y las trabajadores en situación administrativa irregular. Abolición de la ley de extranjería.
• Implementación de políticas públicas que garanticen los cuidados como derecho básico universal, que aseguren su cobertura con criterios de equidad; que impulsen la redistribución de los tiempos de vida laboral y personal para hacer posible una conciliación real; que apliquen medidas concretas y urgentes para integrar los costes de los cuidados en los domicilios como prestaciones del sistema público de atención, favoreciendo empleos de calidad con todos los derechos.

Foto: archivo AmecoPress
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Economía – Trabajo doméstico – Empleo y género – Conciliación – Dependencia; 29 de mar 2022. AmecoPress.