Feministas por el Cambio Social aborda la cobertura de servicios para la violencia de género
Madrid, 17. oct. 22. AmecoPress. Los debates, organizados por Feministas por el Cambio Social, pretenden analizar el Informe preliminar sobre la cobertura social y de personal de los servicios de prevención y de atención a la violencia de género. De esta manera, se realizará un revisionismo acerca de la accesibilidad que tienen las mujeres a los servicios públicos, con el objetivo de proponer mejoras y reclamar garantías para que se cumplan sus derechos.
Esta iniciativa se llevará a cabo en los siguientes lugares:
• Barcelona, martes 18 Oct (por confirmar), en CCOO Vía Laietana 16
• Granada: miércoles 19 Oct 18 h en el Centro Mariana Pineda, c/Águila 19
• Pamplona, viernes 21 Oct 12 h en CCOO Avda. Zaragoza 12
• Valladolid, miércoles 26 Oct en CCOO
• Madrid, jueves 27 de Oct 18 h en Bravo Murillo 4 bajo
• Zaragoza, viernes 28 Oct en CCOO
• Valencia (confirmar)
El objetivo de este Informe es cuantificar la cobertura actual, de personal y de personas usuarias de la red pública de servicios de prevención y atención a la Violencia de Género, y adecuarla a la mayor y mejor prevención y atención a la violencia contra las mujeres y sus hijas e hijos que necesitamos. Para leer el informe pulsa aquí.
Según los datos DERA de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género, la red de atención social integral y de proximidad a mujeres, niñas y niños víctimas de violencia machista es principalmente autonómica, con Mil centros y 2.638 profesionales para atender a 57.257 mujeres y 64.726 niñas y niños víctimas, el 7% de las que la sufren según la Macroencuesta. No hay datos fiables de personal y cobertura de la prevención desde el sistema educativo y sanitario, ni tampoco de servicios municipales o de otras entidades locales, muchos contabilizados como autonómicos.
Las 57.257 mujeres atendidas representan el 1,4% de los 4 millones en violencia según la Macroencuesta. Esas 2.638 profesionales son más del triple de las 735 que constituyen la plantilla de los organismos autonómicos de igualdad, lo que supone que la atención se externaliza a contratas, temporales y que no pueden emitir acreditaciones oficiales, por la Ley de Contratos del Sector Público.
Foto: archivo AmecoPress
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