El aborto en España: La pandemia agudiza las desigualdades preexistentes
Madrid, 8 abr. 2021. AmecoPress.- La legislación española contempla la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) por libre voluntad de la gestante, de forma gratuita, hasta la semana 14 de embarazo, y por patología fetal y salud materna, tanto física como psíquica hasta la semana número 22. Sin embargo, existen factores que contribuyen al estigma de profesionales y pacientes y la pandemia ha agudizado las desigualdades preexistentes para las mujeres en situaciones vulnerables.
En España la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) es un derecho para las gestantes. La legislación contempla que puedan optar tanto por el método instrumental como por el método farmacológico hasta la semana 14, y por patología fetal o materna, tanto física como psíquica hasta la semana 22. Además, se permite la interrupción sin límite a partir de la semana 22 “cuando exista una patología fetal incompatible con la vida, o cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico” en este precepto, la interrupción debe ser avalada por un comité clínico.
El aborto se despenalizó en España en 1985 en los supuestos de violación, riesgo para la salud, tanto física como psíquica de la madre y la malformación del feto, y no fue hasta 2010 cuando se aprobó la actual ley de plazos, decisiva para los derechos de las mujeres. Esta legislación permite la interrupción voluntaria del embarazo de manera gratuita para todas las personas que lo soliciten, sin embargo, exige que estas hayan sido debidamente informadas sobre sus derechos y las prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad, además de que transcurra un plazo de tres días desde que se recibió esta información hasta que se realice la interrupción. La actual ley, además, fue amenazada por un anteproyecto de ley del Partido Popular en 2014, que pretendía erradicar la libertad de elección de las mujeres y limitaba los supuestos válidos a dos: que fuese violación y que existiese riesgo para la salud física y psíquica para la madre.
Sin embargo, la legislación actual todavía incluye el aborto como delito en los artículos 125 y 145 bis del Código Penal. “Esta modificación impulsada por el Partido Popular constituye una vulneración de los derechos sexuales y reproductivos porque impide a las personas jóvenes ejercer su propia autonomía” explican desde L’Associació de Drets Sexuals i Reproductius. Para la asociación el penalizar el aborto en los supuestos en los que existe una voluntad expresa por parte de las mujeres para llevarlo a cabo es “una imposición del sistema patriarcal vinculada al control de los cuerpos y el orden social tradicional” Y consideran que el único caso penalizable es el aborto que se practica contra la voluntad de la persona embarazada.
“El aborto farmacológico nunca debe ser la única opción, ni siquiera la prioritaria"
Recientemente, el ministerio de Sanidad lanzó a consulta popular una modificación del Decreto 831/2010 de Garantía de la Calidad Asistencial de la Prestación a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, en la que, según sanidad, se pretendía actualizar la práctica de la IVE, “con un nuevo desarrollo que facilite la IVE farmacológica en menos de 9 semanas en la Sanidad Pública", lo que supondría que la práctica se realizaría desde los centros de Atención Primaria extra hospitalaria. La ONG acciónenred ha denunciado recientemente que la propuesta “supondría ofrecer una alternativa única que, en la actualidad, solo es elegida por el 22 % de las mujeres, dado que la mayoría optan por el método instrumental al considerarlo más rápido, seguro y menos doloroso”.
En el documento del proceso de consulta, el Ministerio de Sanidad afirma que el método propuesto “no solo es más oportuno, sino que sería más económico” ya que con el bajo coste de los fármacos y las pocas instalaciones requeridas para llevar a cabo la IVE en este supuesto, “reducen el coste total de los procedimientos a un tercio de los quirúrgicos”. Frente a esta propuesta, Francisca García, presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) explica que es fundamental “hacer este proceso lo más accesible posible para las personas con la mayor calidad, que se ofrezca a las mujeres todas las técnicas disponibles, pero no se puede priorizar la accesibilidad a la calidad”. La ministra de Igualdad, Irene Montero, afirmó a través de redes sociales que “la interrupción voluntaria del embarazo debe garantizarse de forma segura y efectiva para todas las mujeres y con acompañamiento médico especializado. El aborto farmacológico nunca debe ser la única opción, ni siquiera la prioritaria”.
Desde ACAI afirman que esta propuesta pretende “sustituir la no realización directa del IVE, priorizando métodos farmacológicos. La técnica farmacológica es segura, pero es una técnica que está obligada a convivir con la instrumental, ambas son necesarias entre sí. La técnica farmacológica tiene un margen de un 3 a un 5 % de error, en ese caso, se necesita la técnica instrumental, al igual que la técnica instrumental puede apoyarse en la farmacológica”. Eludir esto, explican, “acaba con la libertad de las mujeres. No solo no tienen derecho a elegir la interrupción del embarazo que deseen, si no que nuestra obligación como profesionales es poner todas las técnicas a su disposición y que pueda decidir según su situación sanitaria, personal e íntima”.
La crisis sanitaria ha agudizado todas las desigualdades preexistentes
A pesar de que la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho y está financiado en su totalidad por parte del sistema público de sanidad, la situación de las comunidades autónomas con respecto al aborto es diversa. La mayoría de las CCAA ofrecen tanto el método farmacológico como instrumental a la hora de realizar las IVE, sin embargo “No siempre se utiliza la técnica más adecuada a las semanas de gestación por desconocimiento de los métodos por parte del personal médico y sanitario público. Limitar la oferta a uno de los métodos, imponer alguno de ellos o bien ofrecer una información incorrecta o sesgada supone restringir la libertad de decisión de la mujer y vulnerar sus derechos” afirman desde L’Associació de Drets Sexuals i Reproductius. Además, con la crisis sanitaria “se agravan de forma cruel todas las desigualdades, las barreras que ya conocíamos han salido a mostrar su peor cara. Los tres días de reflexión obligatorios para abortar en el Estado español han supuesto riesgos extras para su seguridad y salud por no poder reducir los desplazamientos en la mayoría de territorios. Solamente, Galicia y Catalunya han puesto en marcha la primera visita telemática legislando en favor del acceso al aborto y la seguridad de las mujeres” denuncian desde la asociación.
Toñi Aretio, Trabajadora Social experta en género, explica que “a veces, existe una gran distancia en lo que las leyes dictan y lo que se cumple, como ocurre con las leyes que tienen que ver con los derechos sociales, y en especial, con los derechos de las mujeres. En La Rioja no se realiza ninguna IVE dentro de las 14 primeras semanas en el sistema público de salud y tampoco en ninguna clínica privada, se derivan todos los casos a Pamplona. Sólo se realizan las intervenciones en caso de malformación del feto, enfermedad congénita o en caso de riesgo para la salud de la madre. Además, La Rioja es la única Comunidad Autónoma que no cuenta con ninguna clínica concertada donde se realice la IVE.” También denuncia que aún existen Comunidades Autónomas en las que no se realiza ningún tipo de aborto en un hospital público, como es el caso de Castilla-La Mancha.
Los desplazamientos forzosos entre CCAA afectan a más de 6.000 personas al año, L’Associació de Drets Sexuals i Reproductius denuncia que “más de 6.000 casos no pueden considerarse excepcionales teniendo en cuenta que el impacto que supone para las mujeres esta vulneración es muy importante. Además, si a nadie se le ocurre tener que desplazarse fuera de sus provincias para parir ¿por qué sí tenemos que hacerlo para abortar?”
La trabajadora social Toñi Aretio explica que en comunidades como La Rioja, existen mujeres con una situación muy precaria que no disponen del dinero suficiente para costear la IVE, ya que, a pesar de que el procedimiento esté cubierto por el sistema público de salud, no disponen del dinero necesario para el transporte y la estancia, situación que se ve agravada en casos como los de las mujeres que no cuentan con el apoyo necesario en su entorno y tienen que hacer frente al procedimiento solas, sin los medios necesarios para desplazarse y han de justificar su ausencia en casa “las Trabajadoras Sociales de la sanidad pública tienen que hacer un gran esfuerzo imaginativo para ayudarlas a ausentarse” afirma. Además, Toñi pone en relevancia los casos de mujeres con situación difícil a nivel de salud mental que “necesitan la ayuda de un personal muy especializado para poder acompañarlas, y muchas veces se carece de los medios.”
Las mujeres migrantes, las mayores perjudicadas
Las dificultades de las mujeres migrantes en situación irregular y sin acceso a la seguridad pública se han incrementado con creces desde el comienzo de la pandemia. España es un territorio receptor de mujeres que cuentan con barreras extremas para acceder a la IVE o mujeres cuyo país de origen prohíbe esta práctica sanitaria. En caso de la identificación de estas mujeres por parte de la policía, se exponen a multas o a la exclusión del país, explica Toñi Aretio.
Esta situación se agrava en los casos en los que existe el desplazamiento forzoso entre comunidades: “Durante el confinamiento perimetral, muchas mujeres migrantes se han quedado embarazadas sin desearlo. Cuando se les ha informado de que tendrían que trasladarse de comunidad, y que en el trayecto podrían ser interceptadas por la policía, las mujeres han decidido seguir adelante con el embarazo” afirma la experta. Además, pide responsabilidad al Gobierno: “se les está negando a estas mujeres, de facto, el derecho a decidir sobre su propio cuerpo”.
Estigma, acoso e impunidad
Desde ACAI afirman que el aborto es una práctica estigmatizada, principalmente porque no está normalizada desde la academia, ya que en la universidad no se estudia el aborto provocado ni durante la carrera ni durante las especializaciones posteriores, es por este motivo que existe una preocupación por el relevo generacional de los y las profesionales sanitarios que practican la IVE, que en muchos casos se enseña en los propios centros ante la falta de conocimiento. Además, denuncian, la objeción profesional en este ámbito deviene de la estigmatización de la misma: es una práctica que no suma en el currículum de los sanitarios: “Cuando una práctica sanitaria no se normaliza, la profesión no se normaliza” afirman.
Otro factor que estigmatiza la práctica es el acoso provocado por algunos grupos fundamentalistas, que se escudan en la libertad de expresión para acosar y hostigar a las mujeres y a profesionales en las puertas de las clínicas acreditadas para la interrupción voluntaria del embarazo. Las mujeres acosadas se cifran en más de 8.000, según el estudio de ACAI.
Francisca García, presidenta de la asociación, afirma que “no entendemos que no se estén tomando medidas ante este acoso que agudiza el estigma. A pesar de que el compromiso por la puesta en marcha de estas medidas existe, es necesario que se empiece a trabajar en un cambio legislativo, similar a la ley francesa”. Esta ley, la “LOI no 2017-347 du 20 mars 2017” castiga con dos años de prisión y hasta 30.000 euros de multas a quienes impidan o traten de impedir "la practica u obtención de información sobre una interrupción voluntaria del embarazo” Además, en ausencia de una ley específica, solicitan que se establezcan zonas de seguridad en el entorno de los centros sanitarios acreditados para la IVE para garantizar los derechos de las mujeres. “El principal problema es el conflicto de intereses entre el derecho a la salud y a la libertad de expresión, sin embargo, el derecho a la libertad de expresión se puede llevar a cabo en otros espacios sin coartar los derechos de las mujeres” afirma Francisca.
Otras de las causas que contribuyen a la estigmatización de la interrupción voluntaria del embarazo es la judicialización a la que se enfrentan por su defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, en la misma línea de acoso y hostigamiento. Desde L’Associació de Drets Sexuals i Reproductius denuncian que “el grupo fundamentalista Abogados Cristianos lleva años judicializando a las defensoras y a los colectivos feministas, el 2018 denunció a clínicas acreditadas para la IVE acusándolas de, según el grupo fundamentalista, dar informaciones falsas en sus webs con el objetivo de incitar a las mujeres al aborto”.
Instituciones públicas y falta de información
El Estado debería contar con programas amplios de salud reproductiva y sexual con perspectiva de género desde la infancia. Desde la Associació de Drets Sexuals i Reproductius afirman que “no se ha realizado ninguna campaña de sensibilización ciudadana para informar de los derechos en este ámbito, cuestión que alimenta el tabú y el estigma alrededor del aborto y pone en duda la capacidad de las mujeres a la hora de tomar decisiones”.
La asociación denuncia la vulneración del derecho a la calidad de la información ya que “la primera opción informativa que ofrece el buscador Google sobre el aborto está en manos de una entidad antiabortista que ofrece información falsa obviando la obligación jurídica de “proteger” que tiene el Estado”. Además, proponen que el estado promueva y apoye desde las instituciones espacios informativos especializados, rigurosos y que tengan un abordaje feminista y de derechos, además de un espacio informativo referente que centralice toda la información necesaria sobre la IVE, con el fin de garantizar el derecho a una información de calidad.
Frente a la insuficiencia de información desde las instituciones públicas, que varía en cantidad y calidad según la Comunidad Autónoma, la labor informativa de asociaciones como ACAI o los propios centros IVE es clave para las mujeres que optan por la interrupción voluntaria del embarazo.
Foto: Archivo AmecoPress
Estado Español - Salud - Salud y Género - Salud reproductiva - Derechos Humanos - Situación social de las mujeres - Aborto. 08 abr. 21. AmecoPress