El Tribunal Supremo confirma la sanción a la juez de Zafra que detuvo a una mujer en proceso civil

Madrid, 6 abr. 2022. AmecoPress.- En 2019, Sara B.B. fue detenida sin previo aviso y separada de sus hijas de forma violenta tras ser acusada por su expareja de haber secuestrado a las niñas y de estar en paradero desconocido, aunque la madre no se había movido de su casa y sus vidas transcurrían con normalidad. La jueza que ordenó su arresto ha sido sancionada por la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial este lunes por "una falta muy grave de desatención en el cumplimiento de los deberes judiciales”.

La sentencia indica que la juez sancionada "no tenía competencia para acordar la detención y rechaza la tesis de la recurrente que trata de situar su proceder dentro del campo de su actividad jurisdiccional". La sanción es de 45 días de suspensión de funciones, pena que la plataforma #MamáEstáCastigada considera "claramente insuficiente teniendo en cuenta el sufrimiento causado desde entonces". Se refieren no solo a la separación forzosa de Sara y de sus dos hijas, también del episodio de trato degradante por parte de la Policía en la Comisaría de Badajoz, quienes después de detenerla, fue obligada a denudarse y a someterse a un examen de sus partes íntimas. Además de este incidente, ya constatado por el Tribunal Constitucional, Sara B. B. ha estado durante más de dos años sin poder ver ni hablar con sus hijas, que permanecían con su expareja, aunque no existiese ninguna orden para ello.

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de zafra, la magistrada, ahora sancionada, dictó dos providencias para que “se localizara y apercibiera a Sara para que entregara a sus dos hijas a su expareja, con la amenaza de que, en caso de negarse, incurriría en un delito de desobediencia a la autoridad judicial y/o sustracción de menores”, dicen desde la campaña.

La campaña “Mamá está castigada” nacía tras estos hechos para pedir justicia para Sara, a quien la Justicia quitó la custodia, aunque se detectó mal trato y la otorgó a su expareja, que además no tiene la custodia de la más pequeña. Según su abogada, Sara nunca cambió el domicilio de las niñas y siempre residieron en la misma localidad, a pesar de esto su expareja la denunció cinco veces creando una “falta apariencia de detención de las menores”. Actualmente, tras más de dos años, Sara solo puede ver a sus hijas dos horas por semana, encuentros que se encuentran vigilados en un Punto de Encuentro Familiar.

Hace unos meses, media centena de activista internacionales por los derechos humanos y feministas pedían a España a través de un manifiesto que “deje de criminalizar a las madres protectoras y a sus hijos”. En el documento, “Llamado a la acción. Madres presas por proteger a sus hijos/as en España”, reclamaban que se dejara de quitar justicias y de encarcelar a las madres, tal y como pasó con Sara. En el comunicado presentado denunciaban que “desde hace años el Estado español viene aplicando una política de quita de custodias a madres (arrancamientos) que han presentado denuncias por malos tratos y abuso sexual infantil hacia sus hijos por parte de sus progenitores". Casos similares como el de Juana Rivas, condenada por la sustracción de sus hijos cuando se negó a entregarlos en agosto de 2017, o de Ángela González, quien tras numerosas denuncias pidiendo protección para su hija, la niña acabó siendo asesinada por su padre en una visita en 2003.

Foto: archivo de AmecroPress, sacada del twitter de @MCastigada.

Estado Español - Infancia - Maltratos - Derechos Humanos - Violencia vicaria. 6 abr. 2022. AmecoPress.