El Gobierno aprueba la ley de infancia
Madrid, 11 jun. 2020. AmecoPress.- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de la ley para la protección de la infancia y la adolescencia ante la violencia. Esta nueva norma, agrupa diferentes medidas que las organizaciones de infancia venían pidiendo desde hace años, entre las que se encuentran: el aumento de la prescripción de los delitos graves contra menores, medidas de prevención, la habilitación de un registro de víctimas y retirada de la patria potestad a penados por homicidio o asesinato en materia de género. Las asociaciones, por su parte, echan en falta la perspectiva de género en el documento.
Ahora, una vez aprobada, comienza toda la tramitación parlamentaria para la ley que comenzó su andadura con el Partido Popular, experimentó su desarrollo con el gobierno socialista y ha sido aprobada con el gobierno de coalición. Entre las novedades más destacas se encuentra la ampliación del plazo de prescripción de los delitos más graves (abusos y agresiones sexuales). Esta, que va de los 5 a los 15 años, comenzará a correr cuando la víctima tenga 30 años y no 18, como ocurre actualmente. El personal experto celebra esta medida, ya que quienes han sufrido abusos en su infancia necesitan tiempo para procesar lo ocurrido e identificarlo como tal.
Se ha puesto especial énfasis en los protocolos de actuación, que se llevarán a cabo tanto en centros educativos como deportivos y de ocio. Entre estos, destacan los destinados a acabar con el acoso escolar, el ciberacoso, el suicidio, la violencia de género, la autolesión y la violencia doméstica. Las residencias de menores tutelados por la Administración no quedarán exentas de estos protocolos. “La semana pasada supimos que un niño de nueve años en una vivienda tutelada en Navarra se había quitado la vida. Es fundamental establecer mecanismos de prevención para que esto no ocurra”, ha indicado el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias.
Cristina Sanjuan, técnica de violencia infantil en Save The Children, explica que es un gran logro que se trate de una ley integral, ya que esto permite abarcar varios ámbitos como la prevención, la detección temprana, las situaciones de violencia y la recuperación. Entre las diferentes asociaciones una de las premisas más alabadas es la inclusión de protocolos de actuación en los centros educativos y deportivos.
Una vez entre el vigor la norma, el gobierno remitirá a las Cortes un proyecto de ley para crear juzgados especializados en violencia contra la infancia y la adolescencia y, otro proyecto, para crear una jurisdicción en infancia, familia y capacidad. Asimismo, en materia judicial, el juez podrá retirar la patria potestad a los penados por homicidio o asesinato en dos situaciones. La primera, cuando el autor y la victima tuvieran hijos en común y, la segunda, cuando la víctima fuera hija del autor.
Se habilitará además un registro de víctimas con datos desagregados que resultará de gran utilidad, debido a que al tener información detallada sobre esta violencia se podrán adaptar las políticas públicas a la realidad. Esta ley endurece también las condiciones de acceso al tercer grado, la libertad condicional y los permisos penitenciarios a aquellos condenados por delitos sexuales. Además, se procederá a regular los indicadores por los cuales se considera que un menor está en riesgo. Entre ellos se tomarán en cuenta: la falta de atención física o psíquica, negligencia en su cuidado, madres identificadas como víctimas de trata, la no aceptación de la orientación sexual y el castigo habitual o desproporcionado.
La violencia contra la infancia afecta por igual a niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, según explican diversas organizaciones de derechos de la infancia, las niñas y adolescentes están más expuestas a ciertas actuaciones comprendidas dentro de la violencia infantil. Los abusos sexuales, la mutilación genital femenina, la trata con fines de explotación sexual o los matrimonios forzosos, son algunas de las violencias específicas que sufren las menores.
Según los últimos datos del Ministerio del Interior (2018) de las denuncias por delitos contra la libertad sexual que tenían como víctima a una persona menor de edad, el 80% tenían como víctima a una niña o adolescente. Por ello, demandan que la ley cuente con perspectiva de género y que ampare las diferencias existentes entre niños y niñas con la finalidad de que sea efectiva y contenga una visión real. Cristina Sanjuan indica que uno de los aspectos que se pueden mejorar es “incorporar más medidas en las violencias que sufren las niñas como, por ejemplo, la trata”.
Desde Save The Children indican mediante datos la importancia que tiene una ley como esta. Ponen de manifiesto que las niñas son abusadas mayormente entre los 7 y 9 años por un agresor del entorno familiar, mientras que los niños sufren abusos de forma más frecuente entre los 11 y 12 años y, su agresor, es conocido con autoridad (entrenador deportivo, monitor de tiempo libre, profesor, etc.). En general, alarman los datos de que 6 de cada 10 abusadores son conocidos en distinto grado por las niñas y niños, es decir, se encuentran dentro del entorno de confianza que debería proporcionarle seguridad. “La violencia infantil está invisibilizada y por ello es difícil medirla. La mayoría de abusos en el seno familiar o conocido no se denuncian”.
Margarita Montes, psicóloga infantil especializada en abuso sexual, explica que “la educación inclusiva implica que existen juegos para niñas y juegos para niños”, lo que constituye una división en función del género. Así, la experta entiende como acertada la reivindicación de las organizaciones que determinan que se debe hablar de coeducación, algo que esperan que se modifique de cara al proyecto final. “Para dar el salto a una ley como esta, la sociedad debe estar preparada y aún no lo estamos al 100%. Cuando voy a comprar mascarillas para mis hijos a la farmacia aún se crea diferencia entre el rosa y el azul. Hace falta más formación y tiempo para que esta ley sea comprensible por toda la población”, concluye.
La psicóloga comenta que hay una especie de mandato de género que hace más vulnerables a las niñas, ya que se les inculca un comportamiento más comedido y sumiso, “a una niña la puedes llegar a frenar con una mirada, a los niños es más difícil”, ejemplifica. Margarita, ilustra este hecho explicando que en consulta trata a un niño y a una niña que provienen del mismo entorno familiar violento. “A largo plazo, la sintomatología de la niña es peor porque tenía mandatos de cuidados que recaían solo sobre ella y, además, tenía que cumplir con unos roles que no le permitían comportarse como su hermano en determinadas situaciones”, esclarece.
Foto: Archivo AmecoPress / Foto tomada de Pixabay.com
Estado Español – Infancia - Legislación y género; 11 de jun. 2020. AmecoPress.