El Gobierno aprueba la creación de un Ingreso Mínimo Vital

Madrid, 01 jun. 20. AmecoPress.- El Consejo de Ministros, a propuesta de la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 y del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha dado luz verde al Real Decreto-Ley por el que se pone en marcha un Ingreso Mínimo Vital, una nueva prestación de la Seguridad Social, que va acompañada de estrategias de inclusión focalizadas. Será de carácter permanente y tiene como principales objetivos la redistribución de la renta, con la intención de erradicar la pobreza extrema, y la inclusión social y participación en el mercado laboral de las personas en situación de vulnerabilidad.

El Ingreso Mínimo Vital es la respuesta del Gobierno al problema estructural de pobreza que existe en España y que hasta ahora no ha sido suficientemente atajado por las políticas existentes, como han puesto de manifiesto en numerosas ocasiones las recomendaciones remitidas a España desde diferentes organismos internacionales. Su puesta en marcha se ha acelerado para ayudar a cubrir las situaciones de vulnerabilidad causadas por la COVID-19, que se suman a las de las familias que ya se encontraban en dificultades previamente.

Según las estimaciones, la nueva prestación podría alcanzar los 850.000 hogares beneficiarios, en los que viven más de 2,3 millones de personas, con especial incidencia en los hogares con niños o niñas. De hecho, de los 2,3 millones de potenciales beneficiarios, un 30% son menores. También habrá una incidencia mayor entre los hogares monoparentales, que supondrán el 16% de los beneficiarios, y en los que, en el 90% de los casos, están encabezados por una mujer.

El Ingreso Mínimo Vital parte de 14 tipologías de hogares (en función del número de miembros y de si son monomarentales) y establece un nivel de renta garantizable diferente para cada tipo de hogar. El nivel mínimo, que corresponde a los hogares unipersonales, es de 5.538 euros al año, el equivalente a una pensión no contributiva. A partir de esta cuantía se establece un coeficiente adicional por cada miembro del hogar y un beneficio para los hogares monomarentales, según se indica en la tabla siguiente.

El Ingreso Mínimo Vital está diseñado de forma que completa las rentas preexistentes (entre otras, las salariales), hasta el umbral garantizado para cada tipo de hogar. Si no se cuenta con rentas, se aseguraría la totalidad del umbral garantizado; pero si se dispone de ellas, se cubriría la diferencia entre el umbral garantizado y la renta ya existente. De esta forma, la renta media garantizada es de 10.070 euros al año por hogar, mientras que el importe de la prestación será de unos 4.400 euros anuales. El presupuesto anual ascenderá a 3.000 millones de euros al año.

En qué consiste el Ingreso Mínimo Vital

Es una prestación para hogares de cualquier tamaño, también los unipersonales. En cada hogar habrá una persona titular que solicitará la prestación. Si el hogar está formado por una sola persona el titular tendrá que tener entre 23 y 65 años y llevar al menos tres años constituido como hogar. Si el hogar tiene dos o más miembros, de manera general la edad del titular estará entre 23 y 65 años salvo en los casos en que se cuente con menores a cargo. Estos hogares deberán llevar constituidos al menos un año.

Para que le sea reconocida la prestación, el hogar debe tener unos ingresos totales inferiores a la renta garantizada para su tipo de unidad de convivencia. Además, para certificar que el Ingreso Mínimo Vital llegue a los hogares más vulnerables, se exigirá un patrimonio (descontando la vivienda habitual) inferior a 3 veces la renta garantizada anual para un hogar unipersonal, con una escala de incrementos por número de miembros en el hogar.

La prestación se percibirá mensualmente y se cobrará en 12 pagas. Se podrá solicitar a partir del 15 de junio, aunque, para las solicitudes presentadas en los tres primeros meses, se concederá con efectos retroactivos al 1 de junio. Además, durante el primer mes de vigencia de la prestación, se actuará de oficio para que se abone a unos 100.000 hogares que cumplen los requisitos, sin que sea necesario que la soliciten.

La solicitud será multicanal. Se podrá presentar a través de la sede electrónica de la Seguridad Social o enviando la documentación por correo ordinario. Además, se permitirá el acceso a través de los ayuntamientos una vez se firmen los convenios previstos y en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social cuando retomen la atención al público. Para facilitar información a los posibles beneficiarios, se pondrá en marcha un teléfono 900 y un simulador en la página web de la Seguridad Social, donde también se podrán consultar dudas a través del asistente virtual.

Para todos los tipos de hogar se requerirá al menos un año ininterrumpido de residencia legal y efectiva en España, excepto en las situaciones de violencia de género, trata y explotación sexual.

La necesidad de garantía de un Ingreso Mínimo Vital con perspectiva feminista contribuirá a luchar contra la pobreza más extrema que afecta más gravemente a las mujeres y a la infancia. Con la aprobación de esta ayuda, también se intentará romper barreras en la lucha contra la violencia machista, otorgando más independencia económica a las mujeres y dando más libertad y autonomía a las víctimas de violencia de género, así como de trata y de explotación sexual.

Victoria Rosell se ha pronunciado en relación a la utilidad de este ingreso mínimo vital que permitirá ya no solo “salir de la pobreza, sino salir de la violencia” a muchas mujeres. Desde su experiencia profesional, asegura que en su jurisdicción penal ha visto que la frase más repetida por las mujeres en los juzgados es: ‘he venido porque no podía aguantar más’, y en su opinión cree que este ingreso mínimo hará que tengan que aguantar un poco menos por adquirir una cierta independencia económica.

Regularización para todas las personas

La comunidad migrante ha demandado una regularización urgente para que todas las personas puedan acceder al Ingreso Mínimo Vital. Actualmente, el IMV ha dejado fuera a 600.000 personas en situación irregular, lo que supone el incumplimiento de acuerdos internacionales firmados por España como la Agenda 2030 o la declaración universal de los Derechos Humanos, y lo que, sin duda, ahondará aún más la desigualdad social de la población migrante.

El movimiento #RegularizacionYa, formado por colectivos migrantes y antirracistas y apoyado por más de 1.100 organizaciones adheridas a su manifiesto fundacional, denuncia que el Ingreso Mínimo Vital, que fue aprobado el pasado viernes, 29 de mayo, deja atrás a las más de 600.000 personas migrantes que se encuentran en situación irregular actualmente en España.

Desde la red, instan al Gobierno a incorporarlas para no dejar verdaderamente a nadie atrás y que esta consigna deje de ser una frase sin contenido, ya que la prestación excluye a la población más precarizada y que menos apoyos recibe.

De esta manera, el pasado día 12 de mayo, hicieron llegar a partidos políticos y entidades sociales el informe ‘Propuesta para que el Ingreso Mínimo Vital no deje atrás a las personas migrantes en situación administrativa irregular’ en el que demandaban que esta prestación incluya a las familias migrantes no regularizadas, lo cual finalmente no se ha tenido en cuenta. Las personas solicitantes de asilo, que en un principio iban a poder optar a esta prestación, también han quedado fuera.

Por otra parte, esta ausencia supone el incumplimiento de acuerdos internacionales. En ese sentido se ha pronunciado Edith Espinola, portavoz de #RegularizacionYa: “Dejar fuera del Ingreso Mínimo Vital a las personas migrantes en situación irregular -así como a aquellas migrantes regularizadas que residan menos de un año en España- significa no cumplir con la Agenda 2030 que fue firmada por España para no dejar a nadie atrás. No incluir a la población migrante más vulnerabilizada en una prestación como esta, que está pensada para luchar contra la pobreza extrema, implica excluir a las personas según su estatus migratorio, una medida discriminatoria y contraria a esta agenda internacional. Es una contradicción”, afirma la representante del movimiento.

“El Ingreso Mínimo Vital -ha continuado Espinola- es una medida imprescindible de justicia social que se implementa con el objetivo de cumplir con los derechos humanos y garantizar la dignidad de todas las personas pero el Gobierno deja fuera a aquellas que lo tienen peor. Estas son las personas que han venido desde sus países de origen a buscar una vida mejor y a las que se condena a una situación de irregularidad y falta de acceso a derechos por los efectos de la Ley de Extranjería que las mantiene en trabajos precarios de la economía sumergida que, en muchos casos, son, además, esenciales: trabajadoras del hogar y los cuidados, jornaleros y jornaleras, etc..”, ha explicado la portavoz.

De mantenerse así, esta medida no será eficaz para acabar con la desigualdad y pobreza si no que las perpetuará en las vidas de las personas en situación administrativa irregular”, ha concluido la representante de #RegularizacionYa.

Más que una mensualidad

El Ingreso Mínimo Vital es toda una política social que se engarza alrededor de una prestación, de forma que, más allá de la ayuda monetaria incluye estrategias de inclusión, en coordinación con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que permitan a las personas en vulnerabilidad transitar a una situación mejor. Los beneficiarios contarán con incentivos a la contratación y también se creará un “Sello Social” para las empresas que les ofrezcan formación y empleo.

Además, se fomentará la participación en el mercado laboral con incentivos. Cuando el titular de la prestación no tenga empleo y lo encuentre, parte de su salario estará exento transitoriamente en el cálculo de la prestación. En el caso de que esté ocupado, cuando su salario se incremente, la cuantía de la prestación se reducirá en una cantidad inferior. En el caso de que el titular no esté ocupado, se exigirá la inscripción como demandante de empleo para el acceso a la prestación.

Para el reconocimiento de la prestación se tendrán en cuenta los ingresos del año inmediatamente anterior, aunque para atender las situaciones de vulnerabilidad generadas por la pandemia de COVID-19, también se podrá reconocer para solicitudes cursadas durante 2020 teniendo en cuenta la situación de ingresos de este año.

Desde CCOO y UGT celebran la aprobación – tardía pero oficial- del Ingreso Mínimo Vital para intentar proteger a 850.000 hogares, que además están sufriendo muy intensamente esta crisis del coronavirus. Recalcan que esta medida es una reclamación histórica de ambas organizaciones y que su puesta en marcha va a ser inmediata, empezando a proteger a un colectivo prioritario de familias sin ingresos.

Sin embargo, desde los sindicatos todavía señalan unos puntos a tener en cuenta. A la espera de conocer el texto final publicado en el BOE, esperan que el contenido y el diseño sean mejorados en su tramitación parlamentaria, para permitir un mejor acceso a la prestación de la población vulnerable, incluidas las personas jóvenes emancipadas hace menos tiempo y a otros colectivos vulnerables. Es necesario también garantizar sin menoscabo alguno el papel de los interlocutores sociales en los ámbitos de participación de la Seguridad Social así como garantizar la mejor adaptación constitucional de la nueva prestación.

Asimismo, ambos sindicatos exigen que la nueva prestación de IMV tenga una revalorización automática, que como mínimo garantice su poder adquisitivo, pues es esencial en tanto que esta prestación se configura como un mínimo de ingresos, que no puede reducirse en términos reales por la subida de precios. Revalorizar anualmente, al menos en el IPC es, por tanto, una cuestión clave.

Fotos: Redes Sociales Ministerio de Igualdad.
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Estado Español - Economía - Empleo - Empleo y género - Violencia de género - Legislación - Dependencia. 01 jun. 20. AmecoPress.