El Estado reconoce que dejó desprotegidas a las hijas de Itziar Prats, víctimas mortales de violencia vicaria

Madrid, 27 dic. 21. AmecoPress.- El 25 de septiembre del 2018 dos niñas de seis y dos años, Nerea y Martina, fueron asesinadas en Castellón por su padre, Ricardo Carrascosa. Después de matarlas, se tiró por la ventana. Itziar Prats, madre de las pequeñas, denunció en reiteradas ocasiones el riesgo que corrían sus hijas tras las amenazas que recibió del padre. Pero no fue escuchada.

“Me voy a cargar lo que más quieres”, había advertido él. Ella acudió al Centro de la Mujer de Castellón, lo dijo en una comisaría, en un juzgado de guardia y en el Juzgado de Violencia de Género número 1 de Castellón. Un médico que la atendió alertó de que podía tratarse de un caso de violencia de género. Pero nada. “Consideraron que no había un riesgo tan grave como para que tuvieran que poner ninguna medida y que era incongruente lo que hacía con lo que pedía”, explicaba con calma Itziar Prats en una entrevista con AmecoPress. Meses después, y a pesar de que la madre de Nerea y Martina había tratado de alertar a la administración, las pequeñas fueron asesinadas.

Tres años después del asesinato de las niñas y tras una larga pelea que Itziar Prats ha sostenido “para que las cosas cambien y lo que pasó con mis hijas no se repita”, el Estado reconoce que falló en la protección de estas víctimas de violencia de género, según ha informado el Defensor del Pueblo este 24 de diciembre de 2021. “La administración acaba de reconocer que no fue diligente en el caso Itziar Prats y asume la responsabilidad patrimonial reclamada por la familia de las menores asesinadas por su progenitor”, resume en un comunicado.

La familia acusó al Ministerio de Justicia de “falta de diligencia” y al Ministerio del Interior de “aplicar protocolos obsoletos” para la valoración del riesgo y protección de las menores. Así, el Ministerio de la Presidencia, tras un dictamen emitido por el Consejo de Estado, ha resuelto “que los dos departamentos citados han de indemnizar a la familia”. La indemnización estipulada es de 800.000 euros para Itziar Prats por la muerte de Martina y Nerea y de 100.000 euros para cada uno de los abuelos de las menores.

Además, el Ministerio de Presidencia señala, que “la imputación del daño no se puede concretar en una actuación específica ni en un órgano determinado, sino que se afirma que el funcionamiento general de la Administración fue insuficiente e inadecuado”.

Según datos de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género, 45 menores han sido asesinados desde 2013, como consecuencia de la violencia vicaria, esto es, a manos de sus padres con el objetivo de dañarlas. Sin embargo, cuando las mujeres deciden actuar y advierten del peligro a las instituciones, se encuentran ante un sistema judicial paternalista que sigue cuestionando sus testimonios.

Así sucedió en el caso de Ángela González Carreño. Una madre que presentó más de cincuenta denuncias en juzgados y comisarías porque temía por la vida de su hija Andrea durante los regímenes de visita con su padre, pero de nada sirvió. Tras quince años de lucha gracias al equipo jurídico de Women’s Link liderado por Gema Fernández, el Tribunal Supremo reconoció la responsabilidad del Estado español en el asesinato de Andrea a manos de su padre y obligó a la Administración a indemnizar a Ángela con 600 mil euros. Una decisión que fue dictaminada después de que las Naciones Unidas condenarán a España por violar los derechos de madre e hija en 2014.

Foto: AmecoPress
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Pies de foto: 1) Mariposas moradas, símbolo de la lucha contra la violencia vicaria a través de la educación que sostiene Itziar Prats; 2) Cartel de la campaña #NOPUEDESERNORMAL #DATECUENTA
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Estado español – Violencia de género – Infancia –Legislación y género. 27 dic. 21. AmecoPress