Dos años sin volver a su hogar

Madrid, 22 mar. 22. AmecoPress. - En marzo de 2020, a causa del coronavirus, España y Marruecos cerraron sus fronteras y 500 trabajadoras transfronterizas quedaron atrapadas en Ceuta y Melilla, sin la posibilidad de regresar a su país. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía presentó un manifiesto en noviembre de 2021 denunciando la vulneración de los derechos humanos de estas personas. El Defensor del Pueblo ha contestado a la queja, dando la razón a la asociación.

Las trabajadoras transfronterizas, la mayoría de ellas mujeres, son mayoritariamente trabajadoras de hogar y cuidados. Antes del cierre de fronteras, con la tarjeta transfronteriza, cruzaban de Marruecos a Ceuta y Melilla para trabajar. La tarjeta transfronteriza solo vale para trabajar, no da permiso para pernoctar ni en Ceuta ni en Melilla. Tras el cierre de las fronteras, 500 personas quedaron atrapadas en Ceuta y Melilla, sin poder volver a su país. Estas personas llevan dos años sin poder reunirse con sus familias y algunas están sufriendo graves consecuencias de salud mental por esta situación.

Rachida Jraifi es de Castillejos (Marruecos) y lleva dos años en Ceuta, sin poder salir: “No podemos renovar papeles, no tenemos ningún derecho, estamos atrapadas”. Tienen la tarjeta transfronteriza caducada y tampoco tienen derecho a cruzar el estrecho. Jraifi es “una víctima más del cierre de las fronteras”. Lleva trabajando en Ceuta desde 2007, es decir, lleva más de catorce años cotizando en España.

Esta trabajadora transfronteriza denuncia la situación en la que están estas 500 personas: “Llevamos dos años sin poder abrazar a nuestras familias, sin acudir a los entierros de nuestros familiares, sin poder cuidar a los familiares enfermos”. Asimismo, explica que trabajadoras transfronterizas han fallecido en Ceuta, sin ningún familiar a su lado.

Amin Souissi es el responsable del área de migraciones de la Asociación Pro Derechos de Andalucía (APDHA) y explica que al cerrar las fronteras, “cada trabajadora se tuvo que buscar la vida como pudo”. Hubo personas, sobre todo jóvenes, que no soportaron “el encierro” y que volvieron nadando a su país, pero la inmensa mayoría se quedaron. Según Souissi, las personas que se quedaron en las ciudades autónomas no están teniendo posibilidad de renovar su documentación caducada, dado que la administración está siendo muy exigente.

Ahora mismo, estas personas están en situación irregular, no pueden acceder a la península ni tampoco retornar a su país. “Las delegaciones del gobierno de Ceuta y de Melilla están siendo crueles e injustas con estas personas”, denuncia Souissi. Las solicitudes de arraigo laboral que se están presentando están siendo rechazadas: “Dicen que no cumplen los requisitos”.

Para obtener la autorización de arraigo laboral por circunstancias excepcionales, la Ley de Extranjería pide haber permanecido un mínimo de dos años en el país y haber cotizado seis meses. “Por lo tanto, mucha gente cumple con los requisitos”, afirma Souissi. Obtener el arraigo laboral supondría tener una autorización de trabajo y de residencia: poder seguir trabajando, poder volver a su país independientemente de que cierren la frontera o no y poder pasar a la península sin ningún problema.

Ante esta situación, en noviembre del año pasado APDHA interpuso una queja, para dar solución a este colectivo que no puede regresar con sus familias. La queja se presentó al Ministerio del Interior, Ministerio de Trabajo y Economía Social, a la Delegación del Gobierno de Ceuta y al Defensor del Pueblo Español.

“Pedimos algo tan básico cómo aplicar la Ley de Extranjería”, explica Souissi. “Si vemos que las delegaciones del gobierno no aplican la ley, nos vamos a tener que ver en los tribunales”, dice Souissi, ya que lo que piden es “fácil, sencillo y claro: aplicar la ley, nada más”.

Las 500 trabajadoras transfronterizas no son las únicas afectadas. Cuando ocurrió el cierre de las fronteras, 3.000 personas quedaron en el lado marroquí, perdiendo así su trabajo. No tenían ninguna autorización para entrar a España, por lo que perdieron todos sus derechos. “Son personas que llevan trabajando muchos años, pagando sus impuestos y la seguridad social y ahora no se pueden beneficiar de ese esfuerzo que han hecho durante tanto tiempo”, recalca Souissi.

Entre las trabajadoras transfronterizas, hay personas que llevan cotizando en estas ciudades autónomas 30 años, contribuyendo así al Estado de Bienestar de las mismas. Según Souissi, son personas “necesarias” para realizar determinados trabajos en Ceuta. Sin embargo, “molestan” cuando piden ejercer sus derechos como trabajadoras. “Incluso las mismas autoridades, las que podían facilitar que estas personas tengan sus derechos, tienen una empleada de hogar en su casa para hacerle la vida más cómoda a sus familias”, afirma Souissi.

Concentraciones cada lunes

Las trabajadoras transfronterizas llevan desde el 16 de agosto del año pasado denunciando cada lunes esta situación ante el Ayuntamiento y la Delegación de Gobierno en Ceuta. Jraifi tiene claro lo que quieren: “Pedimos regularizar nuestra situación, tener libertad de movimiento y tener los derechos que cualquier persona que cotiza tiene”.

Jraifi opina que su situación es injusta, además de inentendible. “Somos trabajadoras, somos legales. Estamos sufriendo sin familia, con problemas burocráticos y sin respuesta ninguna”, recalca. Además, subraya que su caso es humanitario, más que político: “Hablan mucho de la humanidad y de los derechos humanos, pero, ¿dónde están? Porque aquí no se han aplicado”.

La única respuesta: el Defensor del Pueblo Español

Contestando a la queja de APDHA, el Defensor del Pueblo Español reclamó el 15 de marzo al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que conceda la autorización de residencia y trabajo a las trabajadoras y trabajadores transfronterizos.

“El Defensor del Pueblo viene a decir lo que nosotros reivindicamos, solo dice que se aplique la ley”, recalca Souissi, “nadie más se ha dignado a contestar”. El Defensor del Pueblo le pide a la Delegación del Gobierno en Ceuta que se facilite a los ciudadanos marroquíes el acceso a su país y reconoce que los y las trabajadoras transfronterizas se encuentran separadas de sus familias e impedidos de regresar a sus localidades de residencia por una situación sobrevenida.

El miembro de APDHA denuncia que “este es un estado de derecho y democrático donde se pregonan los derechos humanos pero no se ejercen”, calificándolo como “una hipocresía que tiene un grado superlativo”. Según Souissi, en la asociación se sienten “indignados” ante esta situación: “Las personas ucranianas obtienen su permiso express en 24 horas, pero a las personas que llevan 30 años trabajando no se les quiere dar simplemente sus derechos, eso es racismo institucional”.

Foto: cedida por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.

Estado español - Sociedad - Situación social de las mujeres - Derechos Humanos - Empleo. 22. mar. 22. AmecoPress.