Avances, retos y recomendaciones: los tres aspectos clave en materia de violencia sexual en España

Madrid, 17 mar. 22. AmecoPress. - El “Seminario Internacional sobre el Convenio de Estambul y la Violencia Sexual en España: avances, retos y recomendaciones” ha sido un espacio para reflexionar sobre la situación en la que está el país en materia de violencia sexual.

La Sala Valle-Inclán del Círculo de Bellas Artes de Madrid se ha llenado hoy de un grupo de personas, la mayoría de ellas mujeres, para reflexionar sobre los avances, retos y desafíos que en materia de violencia sexual hay en España. Además, han querido generar recomendaciones que contribuyan a la implementación efectiva del Convenio de Estambul en el país.

La mesa inaugural ha estado compuesta por la Ministra de Igualdad, Irene Montero, y Biljana Brankovic, Experta del GREVIO (Grupo de Expertas en la Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica), que formó parte del equipo que elaboró, el Primer Informe de Evaluación sobre el Convenio de Estambul a España, publicado en noviembre del 2020.

El Convenio de Estambul es el instrumento jurídico internacional de ámbito continental más importante y específico para prevenir y luchar contra todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres. Los objetivos del convenio son, entre otros, proteger a las mujeres contra todas las formas de violencia; prevenir, perseguir y eliminar la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica; y contribuir a eliminar toda forma de discriminación contra las mujeres y promover la igualdad real entre mujeres y hombres.

“La mayoría de los países se concentran a menudo en la violencia doméstica y la violencia sexual es a menudo ignorada o marginada en las políticas, como pasa en España”, ha comentado Brankovic. Durante su ponencia, la Experta del GREVIO ha querido señalar los resultados más importantes y las recomendaciones sugeridas a España en el Informe de 2020, dado que “la clave está en analizar cada país”.

Ha recalcado que en España “muy pocas comunidades” ofrecen servicios especializados para las víctimas de violación, solo siete de las diecisiete comunidades autónomas. Brankovic ha diferenciado entre los centros de referencia por violencia sexual y los centros de crisis de violación. A los primeros acuden las víctimas supervivientes de una agresión reciente, mientras que a los centros de crisis de violación acuden personas que han podido sufrir una agresión "hace años". En España no se hace distinción entre ambos centros, pero Brankovic ha dicho que en este momento da igual: “Instamos a las autoridades españolas a que establezcan eficientes centros de crisis de violación o de centros de referencia de violencia sexual, da igual cual, pero son necesarios unos centros que satisfagan las necesidades a corto, medio o largo plazo de estas personas”.

En el área del Código Penal, Brankovic ha hecho hincapié en el enfoque: “El Tribunal no puede interpretar que sin resistencia, no hay violencia; el enfoque es el consentimiento, el sí es sí”. Además, ha mencionado la credibilidad de las víctimas se pone “en entredicho” muchas veces en los tribunales, pero la cuestión está en que “una mujer violada tiene recuerdos fragmentarios, se llama parálisis inducida por violencia sexual”.

El Convenio sostiene que es necesario “el empoderamiento de la víctima, no una revictimización por parte de los tribunales”. El Informe de 2020 sugirió cambios en el derecho penal español, para formar a los jueces en materia de violencia sexual y para asegurar que “el delito de la violación tiene su raíz en la falta de consentimiento”.

Irene Montero ha afirmado que la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual que está ahora mismo en su fase final “situará el consentimiento en el centro y la credibilidad de la víctima no dependerá de que demuestre que ha habido violencia o intimidación”. La Ministra ha admitido que eso es lo que ocurre ahora en el país: “La credibilidad de la víctima se basa en la cantidad de resistencia que ha puesto y eso es lo que se le pide que demuestre; además, el código penal sigue pidiendo que haya violencia o intimidación para que hablemos de una agresión, sino es abuso”.

Otro aspecto clave de la Ley será la eliminación de la diferencia entre abuso y agresión. Además, la ley prevé que haya un Centro de Crisis en cada provincia.

“Las mujeres tienen que tener sus derechos garantizados por parte de las instituciones sin necesidad de poner denuncia”, ha subrayado Montero. Además, ha querido recalcar que estas políticas apremian: “En un momento en España en el que por primera vez hay una alianza en un gobierno autonómico que ha situado el retroceso los derechos de las mujeres como eje central y prioritario de su acción de gobierno, y además, se está diciendo que dedicar 20.000 millones de euros a políticas feministas es un derroche, es especialmente importante que tengamos la clara conciencia de que hay que correr, el despliegue de estas políticas es urgente”.

La necesidad de la educación sexual y los centros especializados

La primera mesa redonda ha tenido como eje la educación sexual y los centros especializados en violencia sexual. Raquel Hurtado, miembro de SEDRA-Federación Estatal de Planificación Familiar, ha subrayado que “la educación sexual es la asignatura pendiente en España y la herramienta más poderosa para la prevención”.

Aunque las leyes educativas LOGSE en 1990 y LOMCE en 2020 incluyan explícitamente y de manera transversal la educación sexual, Hurtado ha afirmado “que eso solo es en papel, la realidad se queda en una serie de talleres breves discontinuos”. Ha subrayado que es importante ofrecer a la gente joven “espacios para que hablen”. Lo ideal sería trabajar en todas las etapas de la vida, sobre todo en la juventud: “Hay que trabajar con los y las jóvenes en el contexto formal y no formal; si no les ofrecemos un espacio en el aula para hablar de sus necesidades, capacidades e intereses, menos hablarán en un contexto más íntimo”.

Cliona Eibhlin, miembro de Rape Crisis Network Ireland, ha explicado los modelos de centros que tienen en Irlanda. Por un lado, los Centros de Crisis de Violación (Rape Crisis Centres), y por otro lado, los Centros de Referencia por Violencia Sexual (Sexual Violence Referral Centres). Los primeros, a los que acuden gente que ha podido sufrir una agresión “la semana pasada o hace cuarenta años”, están compuestos por diversos perfiles, por ejemplo, educadores, voluntarios y activistas. “Escuchamos y apoyamos a las supervivientes, tenemos la responsabilidad de hacer algo”, ha afirmado Eibhlin. La financiación de estos centros es combinada. Los Centros de Referencia por Violencia Sexual se basan en financiación pública y acogen a supervivientes de una agresión sexual reciente, ofreciendo, por ejemplo, atención médica.

“Tenemos que crear sitios a donde las víctimas quieran ir”, ha subrayado Eibhlin. Muchas veces construyen edificios para las víctimas, pero no se les abren ni las puertas, ni las ventanas: “Nuestra moneda es la confianza y tenemos que ganarla continuamente”.

Virginia Gil, directora de la Fundación ASPACIA, ha hablado de los centros especializados en España. El primer centro de crisis a nivel nacional fue abierto en Madrid, hace casi dos años. “Esto es un problema de salud pública y el trabajo tiene que ser a largo plazo”, ha recalcado Gil. Para ello, es necesaria la atención médica inmediata, pero combinado con un apoyo en el trauma. “La Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual prevé un centro por provincia, pero no es suficiente para atender a todas las víctimas”, ha querido resaltar Gil. Ha admitido que ha habido cambios en materia de violencia sexual, pero “todavía quedan retos y desafíos que resolver”.

La cuarta ponente de esta mesa redonda, Tania Sordo, de Colectiva 1600s, ha remarcado la violencia institucional: “La justicia, en lugar de proteger y garantizar sus derechos, reproduce esta violencia a través de la revictimización”. Para acabar con la violencia institucional, es necesaria una “formación obligatoria y constante”. Las mujeres que sufren racismo también se ven afectadas en los tribunales. Por eso, la formación tiene que ser desde una perspectiva de género, "pero también interseccional".

Mujeres fuera de la protección

La última mesa redonda ha recordado que no todas las mujeres estarán amparadas por la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, como ha explicado Tatiana Retamozo, de AIETI: “Muchísimas mujeres quedarán fuera de la protección de la ley, por ejemplo, las mujeres en situación irregular”. Retamozo ha querido poner el ejemplo de las mujeres trabajadoras del hogar internas, quienes para conseguir acogerse al arraigo social y obtener un NIE (Número de Identidad de Extranjero), “han tenido que aceptar lo que sea, por ejemplo, tocamientos”. El arraigo social se obtiene después de tres años.

“Las mujeres con discapacidad todavía no están en la agenda pública”, ha mencionado Isabel Caballero, miembro de la Fundación CERMI Mujeres. En 2014, la Agencia Europea de Derechos Fundamentales señaló que la prevalencia de la violencia en las mujeres con discapacidad era mayor que en el resto de las mujeres que no tenían discapacidad, un 34% frente a un 19%. “En el imaginario general, las mujeres con discapacidad a veces no son vistas ni siquiera como mujeres y ese es el primer escollo a la hora de reconocerlas como potenciales víctimas de violencia de género”, ha comentado Caballero.

En un ambiente de “descrédito general” a la palabra de las mujeres que denuncian, Caballero ha recalcado que las mujeres con discapacidad intelectual o con algún problema de salud mental todavía tienen menos credibilidad: “Simplemente dicen: está loca”.

Caballero está a la espera de ver cómo quedará la Ley, pero quiere, en la misma línea que está reconocida la mutilación genital femenina en el Convenio de Estambul, “que también se reconozca la esterilización forzosa a las personas con discapacidad como una forma de violencia sexual contra las mujeres, ya que la mayoría que han sufrido esta esterilización han sido mujeres”.

Las personas menores de edad también “tienen un lugar y hay que dárselo”, ha señalado Inmaculada Lozano, última ponente y miembro de Red Genera. Lozano ha querido resaltar “la responsabilidad” de la administración municipal en la promoción de servicios de asesoría de sexualidad juvenil y “su integración” en la red de servicios de prevención y atención de violencias sexuales en menores. Ha hecho incidencia en la importancia de la educación sexual y en cambiar la perspectiva a la hora de hacer campañas en materia de violencia sexual, dado que siempre se hacen “desde una perspectiva de personas adultas”.

Foto: archivo de AmecoPress.

Estado español - Política y género - Políticas de igualdad - Situación social de las mujeres - Violencia de género - Violencia sexual - Convocatoria. 15. mar. 22. AmecoPress.