Varias organizaciones se reúnen con la ministra de Sanidad para acabar con el problema

Acoso ante las clínicas de Interrupción Voluntaria de Embarazo

12 de marzo de 2019.

Por Lidia López Hernández

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Madrid, 12. mar. 19. AmecoPres.- El pasado jueves siete de marzo, un grupo de 59 organizaciones sociales, asociaciones feministas y sindicatos configurados como colectivo abierto, se reunieron con la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, para poner solución al acoso por parte de grupos contrarios al aborto a mujeres y profesionales en los centros de Interrupción Voluntaria de Embarazo.

En los últimos tiempos se está asistiendo a un recrudecimiento de las acciones del movimiento anti-elección/anti-derechos con acciones de acoso en los ámbitos jurídico, administrativo y público. Dicho hostigamiento, sin ser exclusivo, se está centrando en organizaciones de derechos sexuales y reproductivos, en entidades que luchan por el derecho a una muerte digna, asociaciones que defienden los derechos de las personas LGTBI y contra los centros que garantizan la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en nuestro país.

Por este motivo, un grupo de organizaciones, que ya aglutinan a 59 entidades sociales, asociaciones feministas, partidos políticos y sindicatos; se han configurado como un colectivo abierto que quiere denunciar estas situaciones de acoso y hostigamiento.

Son precisamente las acciones intimidatorias contra las mujeres que desean interrumpir su embarazo y contra las y los profesionales de los centros sanitarios, las que, en esta ocasión, quiso este colectivo dar a conocer a la titular de Sanidad, María Luisa Carcedo. La delegación informó de las dificultades con las que, por la acción de estos grupos, se está practicando esta intervención sanitaria. En este sentido, se debe recordar que el aborto provocado es una prestación médica reconocida por el Sistema Nacional de Salud y financiada por este, al amparo de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo; siendo las mujeres que acuden a los centros concertados de IVE, usuarias derivadas por la Sanidad Pública.

Como ya viene siendo habitual, la celebración del Día Internacional de las Mujeres y la puesta en marcha por parte de estos grupos de la campaña anual ’40 días por la vida’, agudizarán las acciones de hostigamiento estos días, por lo que en este encuentro también se pidieron medidas de protección en las puertas de los centros acreditados para la IVE para las mujeres que quieren acceder a esta prestación sanitaria y para las y los profesionales que posibilitan este recurso.

Desde AmecoPress nos hemos puesto en contacto con José Antonio Bosch, Asesor Jurídico de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del embarazo (ACAI), para saber cuál es la problemática que sufren estas mujeres y la respuesta de la ministra a la presentación de estos actos que, de momento, siguen repitiéndose día tras día.

Antecedentes de la reunión

Esta reunión, como nos cuenta Bosch, “es el resultado de un trabajo que viene realizando un grupo de distintas asociaciones, mayoritariamente feministas, pero también sindicales, como CCOO y UGT, y también asociaciones de ámbito jurídico, como Asociación de Mujeres Juristas Themis. En total, 59 asociaciones que se han posicionado sobre el acoso que sufren las mujeres en la entrada de las clínicas de interrupción de embarazo.”

¿De dónde viene este problema? “Este es un acoso tradicional que ha venido existiendo desde hace mucho tiempo, pero que sobre todo con la entrada en vigor y previo a la entrada en vigor de la Ley Zapatero, la Ley 2/ 2010 del aborto, movilizó a muchísimas organizaciones, mayoritariamente de carácter católico fundamentalista, para realizar una actividad: ponerse en la puerta de las clínicas. Cuando llega la Cuaresma, se ponen de manera ininterrumpida durante 40 días, y no siempre tienen el mismo comportamiento en todas las clínicas. Las hay desde las que increpan, insultan a las mujeres y tratan de que no entren a las clínicas o de hablarles del infierno, asesinas y demás; hasta las que se ponen a rezar el rosario en la puerta de la clínica, o incluso, como en el caso de Madrid, hacen escenificaciones en la clínica DATOR poniendo ataúdes por el suelo, o ponen un cementerio".

Ante nuestra pregunta de cómo es posible que esto no haya conllevado ningún tipo de medidas, el abogado es claro: “los delitos que se suelen cometer son coacciones leves o insultos que requieren persecución privada. Son delitos privados, requieren que la mujer afectada ponga la denuncia y esos delitos no se persiguen de oficio. Los delitos de acoso, coacciones e insultos a las mujeres, o los denuncian ellas mismas, o no se persiguen”. Esto podría explicar por qué no son atajados de manera más rápida, ya que “una chica que va a abortar, cuando termina, lo último que quiere es meterse en un Juzgado, poner una denuncia, iniciar una acción penal. En resumidas cuentas, esos delitos quedan completamente impunes.”

Además de insultos y vejaciones, Bosch nos habla de otro tipo de inconvenientes, “incluso en el área de salud, porque no es lo mismo caminar en un pasillo de personas increpándote antes de entrar a un acto quirúrgico, a entrar con normalidad. Esas mujeres entran estresadas, afectadas... de alguna manera, también influye en la actuación médica.”

La coalición de derechos hace difícil actuar

En la práctica, hay un dilema que es de difícil solución. “El derecho de concentración y manifestación en España es libre, y solo se requiere comunicación cuando se reúnen más de 20 personas. Cuando son menos, no necesita ni comunicación a la Delegación de Gobierno. En consecuencia, cuando llamas a las fuerzas de orden público para avisar, te dicen que están en su derecho porque es el derecho a la libre expresión y libre manifestación. Es un derecho fundamental y no hay nada que hacer. Conclusión: nosotros calculamos que, desde la introducción de la ley de Zapatero al día de la fecha, han habido unas ocho mil mujeres que han sufrido esos acosos y que han quedado impunes todos los que lo han cometido”.

“Nosotros entendemos el conflicto entre el derecho a manifestarte y expresarte, que es fundamental; pero por otra parte entendemos que también existen el derecho a la integridad física y moral, el derecho a la intimidad, el derecho de la mujer a su salud, su derecho a libre decisión… Y si esos derechos chocan, creemos que hay que dar una solución para evitarlo.”

Esto no sucede solo en España, ya que muchas de las organizaciones que proceden en este tipo de actos tienen raíces y contactos a nivel internacional, con “comportamientos idénticos a otros países, incluso en algunos casos tienen subvenciones o financiación común”. Hablando de soluciones, una de ellas ha sido tipificar un nuevo delito para paliar el disturbio, “que es de información falsa sobre la interrupción de embarazo, un delito que se ha incluido en el código penal con una sanción propia”.

“En otras zonas, por ejemplo en Alemania y Austria, le dieron salida desde normativas municipales que establecen una zona de seguridad o un perímetro alrededor de las clínicas en el cual no puedes ejercitar tus derechos de manifestación y expresión, al igual que pasa en otras normativas como con el tabaco, que no puedes fumar en la puerta de los colegios. Esta alternativa también se la están planteando en Irlanda después de la aprobación del aborto, que van a establecer también un perímetro de seguridad”.

¿Qué le plantearon a la ministra y por qué la concierne?

ACAI intentó transmitir ese problema a esas 59 organizaciones que se han ido sumando, siendo esto una parte muy concreta de un problema mayor que es el del respeto a los derechos individuales, focalizado ahora mismo en las clínicas, y así se lo hicieron saber a la ministra de Sanidad, como nos cuenta el que ha sido nombrado portavoz en este caso desde ACAI.

José Antonio es claro ante la pregunta de por qué es el ministerio de Sanidad el que debe atajar el problema: “El 90 por ciento de las interrupciones de embarazo que se producen en España son derivaciones de la sanidad pública. No las hacen en los hospitales, apenas se producen en ellos, pero se hacen en clínicas que son derivadas por el sistema público de salud. Es decir, cuando una usuaria llega a una clínica de interrupción de embarazo, 9 de cada 10 son porque su sistema de salud va a pagar esa intervención y la ha derivado allí. Nosotros le dijimos a la ministra: «son tus usuarias las que están recibiendo un mal servicio público porque tienen que pasar por unos pasillos donde se alteran sus constantes, sufren estrés, ataques a su intimidad». Si esto pasara en los hospitales públicos, ya se habrían tomado medidas. Queremos que desde la administración de salud se tomen medidas para garantizar esa prestación que obligatoriamente tienen que dar ellas en las mejores condiciones”.

Por otro lado y dejando a un lado el tema de salud, desde el punto de vista de derechos de la mujer, el abogado piensa que “ya está bien". "Probablemente, si los que abortaran fueran hombres, hace mucho tiempo que en la puerta no les increparía nadie. Nosotros entendemos que, entre otras cosas, esto sigue pasando y nadie le pone remedio porque al fin y al cabo, solo son 8000 mujeres, si fueran hombres sería un número más que suficiente para que se hubieran tomado medidas”.

Aunque Bosch sabe que no es un tema solo relacionado con las mujeres. ”También es por la materia de la que estamos hablando. Si me voy yo a la Almudena a increpar con amigos a la gente que entra, ya te digo yo que no aguanto 40 misas mayores. Alguien mucho antes encuentra una solución para que yo haga lo que quiera, pero allí no. Hay una sensibilidad distinta, porque además tiene un sesgo ideológico, religioso. Parece que las autoridades tienen una sensibilidad distinta y con las mismas normas son capaces de encontrar soluciones que no son capaces de encontrar cuando el problema es exclusivo de las mujeres que quieren abortar”.

¿Cuál fue la respuesta de la ministra?

La reunión consistió en la presentación de la problemática, con una exposición de abundante material que demostraba los hechos y que buscaba poner solución a unos hechos que no cesan y que llevan años reproduciéndose. La respuesta fue que “son un Gobierno en funciones y que las posibilidades de incidir son mínimas. Les preocupaba el problema pero ahí se quedó la cosa”. A pesar de ello, no dejarán de luchar para acabar con un acoso que no se debería permitir por cometer una actuación legal amparada por la Constitución.

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Foto: Archivo AmecoPress. Tomada de Wikimedia Commons
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Pie de foto: 1. Segundo Paro Internacional de Mujeres en el 8M. Santa Fe, Argentina. Mujeres a favor del aborto libre. 2. Manifestación en Valencia
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