7N: Cinco años de la Marcha contra las Violencias Machistas

Madrid, 12 noviembre. 20. AmecoPress. La Plataforma 7N contra las violencias machistas celebró los cinco años de su nacimiento el pasado sábado con un ‘webinario’ y una campaña en redes. En la que fue su primera convocatoria cientos de miles de personas provenientes de todo el país marcharon desde el Paseo del Prado hasta Plaza de España, dando la salida con la lectura del manifiesto por parte de Ángela González Carreño, para exigir que las violencias machistas fueran Cuestión de Estado. Cinco años más tarde y en mitad de una pandemia mundial la Plataforma hace balance “de lo hecho y lo no hecho” en la dirección de abordar las violencias contra las mujeres de un modo integral y eficaz.

“A pesar de su gravedad, los datos de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2019 nos indican que la violencia machista todavía es negada por gran parte de la sociedad y la respuesta institucional es insuficiente”. De este modo sintetizaba Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la violencia de género, la situación, en una intervención en la que analizó dicha estadística y enfatizó la necesidad de pautar políticas sobre las verdades (datos) con rigor, frente a quienes insisten en cuestionar esta “pandemia estructural”.

En el encuentro virtual, moderado por Sara Díaz, uno de los asuntos centrales fue el análisis del Pacto de Estado contra la violencia de género, cuyo germen se encuentra en esa manifestación del 7 de noviembre de 2015. “No era lo que pedíamos, pero fue un avance”, dijo Lidia Fernández Montes. Entre los aspectos más positivos de lo que ha supuesto el Pacto, destacó la inyección económica a la lucha contra la violencia de género y la modificación del acceso al título habilitante a la condición de víctima de violencia machista, es decir, el comenzar a facilitar y no convertir en una carrera de obstáculos, la denuncia y el acceso a la protección por parte de las víctimas. “Aunque es evidente que hay que seguir avanzando”, puntualizó. Además, también se ha mejorado recopilación de datos y elaboración de estudios.

En cuanto a las críticas, Lidia Fernández reprobó la forma desigual en la que se han ido desarrollando las medidas en las distintas CCAA. “Somos muy críticas con las trabas burocráticas que siguen existiendo para que las mujeres accedan a los derechos que esta ley les reconoce y también somos críticas con el hecho de que medidas que eran modificaciones legislativas que no requerían demasiada complejidad, no se han llevado a cabo tras tres años”. En su análisis sobre el Pacto también destacó “falta de claridad conceptual” y reclamó que la prevención en el ámbito educativo sea prioritaria y que la formación de los operadores sirva para sensibilizar.

1.638.959 menores viven en hogares en los que la madre sufre algún tipo de violencia en pareja

La abogada Aurora Muñoz intervino para analizar la figura de la custodia compartida impuesta y el falso Síndrome de Alienación Parental (SAP), recordando que, según los últimos estudios, 1.638.959 menores viven en hogares en los que la madre sufre algún tipo de violencia en pareja.

“La custodia compartida no es adecuada cuando no hay acuerdo entre los progenitores”, enfatizó Aurora Muñoz, “para que sea beneficiosa para los niños necesita un alto grado de comunicación”. Cuando no hay acuerdo, lo habitual es que la custodia compartida lleve a mucha conflictividad, “son niños maleta, se les hace daño”, insistió, recordando que la fórmula se está aplicando incluso con bebes lactantes.

A esto se suma que muchos maltratadores están eligiendo esta fórmula para seguir ejerciendo daño sobre las madres, explicó la abogada, recordando que la mayoría de los maltratadores no tiene sentencia condenatoria –solo denuncia una de cada cuatro mujeres, de las cuales tiene sentencia condenatoria un 20%-. En los últimos 8 años se ha triplicado el número de sentencias que imponen la custodia compartida, entre otras cosas porque el Tribunal Supremo en su doctrina la ha convertido en preferente. La Plataforma 7N aboga por eliminar el punto 8 del artículo 92 del Código Civil para no permitir que la custodia compartida se aplique cuando no hay acuerdo. Asimismo, pide la retirada de las visitas y la patria potestad a los maltratadores.

Aunque el Pacto de Estado contra la violencia de género se pronuncia específicamente contra la utilización del SAP y el Gobierno ha asegurado recientemente que regulará en esa dirección, Aurora Muñoz recordó que es imprescindible no centrarse solo en la utilización del término, porque se trata de toda una filosofía que impregna los procesos de separación. Reclamó formación para los centros de infancia y abogó por prohibir la figura del coordinador parental.

Justicia patriarcal y violencia institucional

Estas cuestiones entroncan con el concepto de justicia y en particular con la justicia patriarcal, sobre lo que reflexionó la abogada Consuelo Abril: “una justicia androcéntrica, que se deja arrastrar por estereotipos y que hace mucho daño a mujeres y niños.”

“Los operadores que aplican las leyes tienen que tener formación en perspectiva de género”, demandó con contundencia Abril, que puso el foco en distintos casos, como aquellas madres privadas de libertad por querer proteger a sus hijos e hijas. “Todavía no se visibiliza que estamos ante una vulneración de los derechos humanos, de la que el Estado puede ser autor por acción o por omisión”. “Necesitamos recuperar la confianza en la justicia y las instituciones, para lo cual es urgente poner todos los medios necesarios para garantizar la protección”.

Según la experta, es imprescindible que se incorpore la violencia institucional en el Pacto de Estado, lo que representará que el Estado asume su responsabilidad, y que se tenga en cuenta a las asociaciones de mujeres. "Las organizaciones de mujeres conocemos el tema de la violencia de forma muy muy directa. No somos teóricas. Somos mujeres que vemos y estamos en contacto con mujeres maltratadas".

En el aniversario hubo espacio para reflexionar sobre la violencia sexual. Alba Pérez, abogada, destacó los avances que se han producido en los últimos años en esta materia: los estudios y la recogida de datos; la concienciación a nivel social, especialmente por las protestas y movilizaciones que acompañaron el proceso judicial de la violación de los sanfermines; algunas sentencias que nos hacen avanzar y el incremento de campañas de sensibilización. Ahora bien, todavía no se han puesto en marcha algunas medidas recogidas en el Pacto respecto a esta forma de violencia y “seguimos exigiendo una ley abolicionista del sistema prostitucional”.

Foto: AmecoPress.
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Estado español – Violencia de género – Movimiento feminista. 12 noviembre.20. AmecoPress.