Empleo de hogar: unas tablas de salarios mínimos para garantizar condiciones de trabajo dignas

Madrid, 08 mar. 21. AmecoPress.- La Xarxa Treball de la Llar Just de Barcelona, la Plataforma de Entidades por la Igualdad del Empleo de Hogar de la Región de Murcia y la Plataforma por un Empleo de Hogar y Cuidados con Plenos Derechos de Madrid, espacios integrados por asociaciones de trabajadoras de hogar, entidades sociales y sindicatos, aglutinadas por la defensa de derechos en Empleo de hogar y cuidados, han presentado las tablas de salarios mínimos para el sector. Esta propuesta pretende ser una herramienta para defender condiciones de trabajo dignas en este ámbito laboral precarizado, desprotegido y que aún no tiene equiparados los mismos derechos con el conjunto de trabajadores y trabajadoras.

Las trabajadoras de hogar y cuidados fueron consideradas esenciales durante el Estado de alarma al ocuparse, un número importante de ellas, de mantener el bienestar de las personas mayores o en situación de dependencia en sus domicilios en un momento de alto riesgo, siendo además la alternativa al ingreso de las y los mayores en los centros residenciales tan golpeados por la pandemia.

Sin embargo, sus condiciones laborales “se han deteriorado aún más”, según reiteran diversas organizaciones. Durante el confinamiento muchas de ellas, sobre todo las que trabajaban en régimen interno, fueron obligadas a permanecer en los domicilios de los empleadores durante semanas o por el contrario, fueron despedidas de un día para otro.

Aun así, sigue siendo el único grupo de asalariadas (el 96% del total son mujeres) que no tiene reconocido el derecho a la prestación por desempleo. El subsidio extraordinario por cese o reducción de actividad, aprobado durante el Estado de alarma como parte del paquete de medidas de protección social, siendo un paso adelante, “ha resultado del todo insuficiente. Solo fue concedido a un 10% de las trabajadoras afiliadas y tras su extinción, el 21 de julio de 2020, se ha vuelto al punto de partida”, explican las entidades.

Alrededor de 200.000 trabajadoras, lo que supone un tercio del sector, no tienen contrato, estando muchas de ellas en situación administrativa irregular. Esto provoca que se encuentren en una situación de mayor vulnerabilidad al no tener ningún derecho reconocido, quedando totalmente abandonadas por parte del Estado. “A pesar de la falta de reconocimiento legal y social y de las condiciones en las que asumen este trabajo sumergido”, aclaran las organizaciones, “son profesionales que dan una respuesta de calidad a las necesidades de cuidados de las y los mayores y de las familias”.

Las trabajadoras de hogar y cuidados sirven de este modo para “tapar las grietas de un sistema de cuidados demasiado frágil que, castigado por la insuficiente atención a la dependencia, las limitadas políticas de conciliación y la aún desequilibrada corresponsabilidad entre hombres y mujeres, provoca que estas relaciones se den en un mercado informal y desprotegido, donde el trabajo se remunera por debajo de los mínimos legales ante la ausencia de protección a las familias con pocos recursos”.

Todavía no se ha ratificado el Convenio 189 de la OIT

Ante esta realidad son diversas las iniciativas que apuntan a la dignificación y profesionalización del sector. Una de ellas es la intermediación laboral justa que promueven las entidades sociales como intervención directa en el mercado, en el lugar donde se forjan los vínculos entre familias y trabajadoras, como apoyo para construir relaciones laborales justas, atendiendo a las respectivas necesidades en un marco de dignificación y profesionalización del sector.

En esta tarea resulta fundamental respetar criterios tan básicos como los salarios conforme a la ley vigente o el reconocimiento de la carga horaria y las múltiples tareas realizadas por las trabajadoras. La falta de convenio colectivo en el sector deja este ámbito laboral con la única referencia del Salario Mínimo Interprofesional, y lo que debería ser el mínimo incuestionable, se convierte en una bandera que debemos defender las entidades sociales frente a las inercias del mercado y la agresividad de los operadores lucrativos (agencias, empresas, más recientemente, las plataformas de internet y otros).

La ratificación del Convenio 189 de la OIT sobre un trabajo decente de las y los trabajadores domésticos es uno de los compromisos contemplados en el acuerdo del Gobierno de coalición. A pesar de ello, las más de medio millón de trabajadoras del sector han vuelto a ser postergadas en el reconocimiento de derechos. En diciembre de 2020 fue aprobado un real decreto que volvía a retrasar la integración del sistema especial de Empleo de hogar en las medidas de protección aún no reconocidas del Régimen general hasta 2023. “Es la tercera vez que se incumplen los plazos fijados para alcanzar una equiparación de derechos que es de justicia”, recuerdan las organizaciones.

“No se puede seguir tapando con parches una política pública de cuidados que se ha mostrado dramáticamente incapaz de garantizar el bienestar del conjunto de la población, con una fuerza de trabajo precaria y sin derechos. El reconocimiento concreto y efectivo de condiciones de trabajo dignas y plenos derechos para las trabajadoras de hogar y cuidados no admite más excusas ni demoras. Tener un sistema público que garantice con calidad los cuidados de todas y todos, tampoco.”

Fotos: archivo AmecoPress
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Economía – Trabajo doméstico – Movimiento feminista – Empleo y género. 08 marzo. 21. AmecoPress