A un año de la "recuperación" de la sanidad universal se mantiene la exclusión

Madrid, 31 jul. 19. AmecoPress.-Embarazadas, menores y personas solicitantes de asilo siguen, un año después, sin derecho a ser atendidas en la sanidad pública española. Organizaciones como Amnistía Internacional, Reder o Yo SÍ Sanidad Universal así como personas particulares, se han reunido hoy frente al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social para manifestar su preocupación ante la actual exclusión sanitaria que viven cientos de personas migrantes.

55 mujeres embarazadas, 116 menores de edad, 44 solicitantes de asilo, 85 facturaciones de urgencias, son solo algunos números que esconden historias de personas que han visto vulnerado su derecho a la salud por barreras administrativas y la ambigüedad de la legislación. Enfermedades tan graves como el cáncer, VIH o la salud mental no han sido debidamente atendidas pudiendo desembocar en la muerte de quienes las padecen.

Francisca es una mujer que llegó desde Chile embarazada de seis meses. Durante los tres meses restantes de su embarazo no pudo someterse a ninguna revisión periódica para controlar la situación del bebé con los grandes riesgos que esto supone para ambos. Cuando decidió ir al centro de salud para la revisión del embarazo, empezaron a remitirle al Instituto Nacional de la Seguridad Social, luego a la Tesorería General de la Seguridad Social y esta, a su vez, al centro de salud donde empezó su peregrinaje. “En este ir y venir de la administración, el tiempo fue avanzando y no me sometí a ninguna revisión de embarazo ni mía ni de mi bebé”. Francisca ha vivido la desinformación y la desidia de la administración, una situación de angustia en un momento de su vida que podía afectar seriamente a la salud de ambos. Afortunadamente, dio a luz el 13 de julio y tiene un bebé sano, pero quiere compartir su historia para que nadie más se vea en la desesperada situación que ella ha vivido. Anima a todas las personas afectadas y mujeres embarazadas que reclamen su derecho a la asistencia sanitaria gratuita.

Otro caso similar es el de Josefina, una mujer venezolana que estaba embarazada de 8 meses cuando vino: “Recorrimos seis centros de salud y en todos nos negaron la asistencia. Estaba casi de ocho meses y no había pasado ningún monitoreo. No sabía si el bebé estaba colocado, si venia enrollado ( … ). Solo me quedaba esperar que todo estuviera bien el día del parto”

Desde la elaboración del Real Decreto-Ley muchos colectivos ya advirtieron que la nueva regulación era insuficiente y reflejaba distintas ambigüedades y condicionantes como por ejemplo, haber estado mínimo 90 días en España, presentar documentación difícil de obtener como un certificado de no exportación del derecho o la exigencia de que no haya un seguro médico de pago que pueda acarrear con los gastos derivados de la enfermedad. Todas estas medidas presentan un muro muy difícil de derribar para las personas migrantes. Por eso, frente al ministerio al que exigen una sanidad universal, se ha construido un muro ficticio como símbolo de la exclusión y el impedimento que pone el Gobierno a diario contra las personas migrantes.

Ivonne, una mujer venezolana estudiante de medicina y solicitante de asilo político, ha querido denunciar hoy la discriminación racista y poco ética a la que se ha enfrentado por parte del personal médico y administrativo cuando ha acudido al centro de salud. Cuenta que cuando tuvo que acudir hicieron una factura derivada de la asistencia médica pero que debido a su situación no podía hacerle frente. Solo gracias a la ayuda de Cáritas pudo anularla. Ivonne denuncia el daño psicológico que causa este trato denigrante a las personas acentuando, aún más, la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran.

Durante la mañana se han podido escuchar otros testimonios con un muro ficticio de barreras a sus espaldas que un artista se encargaba de ilustrar con los problemas reales a los que se enfrentar estas personas. En él se podía leer mensajes como: “embarazadas y menores sin atención”, “no hay sanidad para los solicitantes de asilo” o “personas refugiadas excluidas”.

Las distintas voces allí reunidas han recordado al Gobierno los compromisos adquiridos en los acuerdos internacionales sobre derechos humanos que obligan a adoptar medidas necesarias para que las personas migrantes tengan acceso a los servicios de salud sin ninguna discriminación. De lo contrario, el Estado estaría empujando a estar personas al pago de grandes cantidades de dinero en seguros médicos privados que en muchas ocasiones no se pueden permitir y por tanto, les arrastra a la enfermedad y desatiende su derecho básico de recibir una atención universal, pública y gratuita. Al final del acto, la tapia ha sido tumbada por las distintas organizaciones con la esperanza de que, a corto plazo, cientos de personas lo puedan derribar.

Foto: Archivo AmecoPress.

Estado Español - Mujeres inmigrantes - Refugiadas - Derechos humanos - Salud y género - Manifestaciones. 31 jul. 2019. AmecoPress.