Temporeras en Huelva: sin mascarillas, ni guantes, ni agua, ni distancia de seguridad
Madrid, 24 mar. 2020. AmecoPress.- El colectivo de Jornaleras de Huelva en Lucha asegura haber recibido en la última semana numerosas llamadas de jornaleras y jornaleros que trabajan en la campaña de recolección del fruto rojo en Huelva denunciando incumplimientos por parte de las empresas de las medidas básicas de protección frente al coronavirus.
Ana Pinto, integrante del colectivo, explica para AmecoPress que las personas que trabajan tanto en las explotaciones agrícolas como en los almacenes “son obligadas a trabajar sin mascarillas, sin guantes y sin respetarse las medidas de distanciamiento de seguridad”. Mientras que el Gobierno y todas las instituciones impulsan campañas y distribuyen mensajes en los que se nos recuerda que la mejor medida para prevenir el contagio del COVID 19 es “lavarse las manos reiteradamente”, en el “tajo”, quienes recogen las fresas y demás frutos rojos, a menudo “no cuentan con agua ni con las medidas de desinfección”.
Ante esta situación, este colectivo, junto a Abogadas Sociedad Cooperativa Andaluza, puso los numerosos testimonios en conocimiento de la Inspección de Trabajo de Huelva el día 17 de marzo “solicitando que actuara investigando las situaciones y sancionando a las empresas incumplidoras”. Insiste: en el tajo pueden juntarse 200, 300, 400 personas, sin mascarillas, guantes ni distancias de seguridad.
Extraoficialmente, según informa Ana Pinto, se les ha dicho que “la Inspección de Trabajo no se considera competente para actuar”. Por ese motivo, las denunciantes se han dirigido a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, instando a que compruebe si son ciertas todas estas denuncias de trabajadores y trabajadoras y que actúe: “si es necesario habrá que obligar a cerrar las empresas que no estén cumpliendo las medidas de seguridad recomendadas por la Organización Mundial de Salud y el Ministerio de Trabajo del Gobierno de España en relación a la pandemia que ha provocado el decreto del actual estado de alarma.” Hay nueve empresas involucradas en estos hechos.
Además, “hemos dirigido escritos a los ayuntamientos competentes para que en ejercicio de sus competencias de Seguridad Pública comprueben estos hechos y clausuren las actividades económicas que estén poniendo en grave riesgo la salud de los trabajadores según establece el art. 5, punto 2, del Real Decreto de estado de alarma (RD 463/2020)”, ya que “de ser ciertos estos hechos, miles de trabajadores agrícolas están en grave riesgo para su salud y la de sus familias en la provincia de Huelva en este momento”.
“Nos están llamando desesperadas muchísimas trabajadoras que están yendo a trabajar obligadas y algunas de ellas están enfermas”. El miedo a enfermar se cruza con el miedo a perder el empleo y a quedarse sin nada. “Son personas que viven de lo que ganan con esta cosecha”. En el caso de las temporeras llegadas de Marruecos, a pesar de cotizar en España mientras trabajan en nuestros campos, no tienen derecho a paro ni a ninguna de las prestaciones o medidas previstas por el Gobierno.
Opacidad
Es importante destacar que la situación de opacidad en las plantaciones y en los asentamientos en los que viven las personas migrantes que recogen las fresas, las frambuesas, los arándanos y las moras que en los próximos meses llevaremos a nuestras mesas, complica mucho que se garanticen sus derechos. Las fincas permanecen cerradas. “Al entrar a los almacenes, los trabajadores tienen que dejar el móvil en una casilla, obligatoriamente”, narra Ana Pinto, preocupada porque “no sabemos en qué condiciones están viviendo esas personas, si se les está garantizando incluso la comida”.
Frente a las denuncias, la interprofesional Interfresa niega las acusaciones y se esfuerza en demostrar que “el abastecimiento a los mercados está garantizado”. Pero las fotos y los videos grabados en los campos y los almacenes, hablan por sí solos. También los testimonios recogidos a través de llamadas y whassaps y redes de relaciones construidas durante años.
Situación estructural
La existencia de riesgo, la falta de garantías y de ausencia de derechos, las pésimas condiciones de vida, el incumplimiento de convenios de por sí insuficientes y de salarios fijados, no es una novedad, pero la pandemia actúa como lupa de aumento, como en otros casos y sectores especialmente vulnerables. “En un sector altamente precarizado, con un convenio colectivo que establece un salario inferior al mínimo profesional, estos incumplimientos están quedando impunes y los trabajadores siguen expuestos a un alto riesgo de contagio del COVID19”, sostiene el colectivo Jornaleras de Huelva en Lucha.
“Las temporeras marroquíes de la recolección de la fresa de Huelva son el ejemplo encarnado de las violencias que necesita entrecruzar el neoliberalismo económico para sostenerse y reproducirse”, explica cabalmente la abogada Pastora Filigrana.
La recolección del fruto rojo en un modelo de explotación intensiva como el de Huelva necesita miles de brazos durante tres meses. La única manera de abaratar costes y aumentar los beneficios de la patronal es recortando todo lo posible en salarios. La cuestión es que, para ahorrar en salarios, hay que recurrir a la fuerza de trabajo más barata que ofrezca el mercado. Esto es, las manos de las mujeres migrantes.
Así narra la abogada el proceso anual que se ha ido generando en la última década en el campo de la región: “Las mujeres van llegando a Huelva de forma escalonada entre febrero y marzo, según las necesidades de cada empresa. Una vez allí se alojan en las fincas donde trabajan. Las fincas son lugares aislados, a varios kilómetros de los centros urbanos y con difícil acceso. Muchos testimonios de trabajadoras narran situaciones de semicautiverio, es decir, una vez terminada la jornada laboral, no tienen libertad deambulatoria para salir de las fincas. Los días de salida están regulados por las empresas y es muy común que estas salidas sean tuteladas por los encargados de las fincas, quienes las acompañan a los lugares públicos de los pueblos cercanos. Así mismo, muchos testimonios cuentan que los pasaportes les son retirados en el momento de llegar a las fincas, y solo les son devueltos al finalizar la campaña, en el momento del retorno. Desconocemos la magnitud de estas situaciones y si son más o menos generalizadas; al ser propiedad privada, el acceso a las fincas está limitado para las ONG y sindicatos que trabajamos en el terreno. La invisibilización es la norma. Esta situación de oscurantismo es el caldo de cultivo perfecto para que se originen todo tipo de abusos, con un altísimo margen de impunidad”.
Frente a las presiones: nuestra salud por encima de sus beneficios
El coronavirus ha llegado justo en el ecuador de la campaña. Los frutos maduran ajenos al descalabro en el que la sociedad se encuentra. Mucho trabajo, con un tiempo concreto de cumplimiento, pero mucha menos mano de obra de la prevista. Había un contingente total de 19.000 mujeres -nunca se llega a ese número, aunque se diga- contratadas en origen procedentes de Marruecos, de las cuales han llegado aproximadamente 6.000. En marzo suele llegar el resto, pero este año el cierre de fronteras decretado por la epidemia impide tal posibilidad.
A la vez, las consecuencias económicas y sociales generadas por la alarma sanitaria se han traducido en el cierre de negocios y pérdida de puestos de trabajos. Un caldo de cultivo perfecto para la explotación humana. Los dueños de las tierras con la presión de que los frutos se recojan a tiempo y no se pierda la cosecha. Personas que pierden sus empleos y que, en esta zona, no ven más opción que trabajar en el campo. Jornaleros y jornaleras que tienen miedo a enfermar, pero también miedo a perder su empleo. Presiones e intereses que se entrecruzan, que chocan y que crecen en un estado de confusión generalizado.
La patronal Asaja ha emitido un comunicado en el que se queja de que “la situación en los campos onubenses se está volviendo insostenible a causa de la indeterminación de las normas fijadas dentro del Decreto de Alarma, los constantes cambios de criterio y la imposibilidad de contar con trabajadores suficientes para sacar adelante las campañas de recolección en curso, especialmente la de los frutos rojos”.
Desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Huelva insisten en un enfoque de “oportunidad”. Que la recolección de la fresa dé empleo a aquellas personas damnificadas por el cierre de negocios ligados al sector turístico y de restauración en la provincia y que sus manos recojan los frutos que no van a poder recoger este año las jornaleras marroquíes.
Ana Pinto es clara: nadie se muere si no come frutos rojos, no son un producto de primera necesidad; pero, lo más importante, "no es aceptable que se busque garantizar la producción a costa de los derechos más elementales de las personas trabajadoras". Que se entrecrucen situaciones no significa aceptar que se solapen ni alteren prioridades. La situación de alarma requiere que la salud de las personas sea el objetivo a garantizar por empresas, instituciones y conductas personales. Si algo ha puesto de manifiesto la crisis del coronavirus es que necesitamos proteger lo común y que las personas sean lo más importante.
Foto: archivo AmecoPress y redes sociales
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Estado Español - Economía - Salud - Empleo y género – Mujeres rurales – Mujeres migrantes; 24 de mar 2020. AmecoPress.