Sin papales por huir. Deportada por denunciar

Madrid, 02 jun. 19. AmecoPress.-"¿Y si hubiera muerto? ¿También se habrían fijado en que no tengo papeles?" Así comienzan las declaraciones de una joven hondureña que ha vivido en primera persona la impotencia a la que se enfrentan las mujeres migrantes indocumentadas en territorio español al no poder denunciar una agresión machista en una comisaría. Porque si lo hacen, corren el gran riesgo de ser deportadas a su país de origen.

La joven vino a España huyendo de la violencia que sufría en su país de origen, Honduras, donde varios de sus familiares fueron asesinados por las maras. Pero al llegar a España la mujer se encontró con otro tipo de violencia: la machista. La joven fue agredida por su casero quién le propició golpes en los brazos y en el cuerpo. A pesar del temor que supone para cualquier mujer romper con la barrea del miedo y denunciar, la joven se armó de valor y acudió al cuartel de Xirivella -Valencia- para poner en manos de la ley lo ocurrido.

Pero la justicia del Estado Español tiene prioridades y la Ley de Extranjería parece tener más peso que las agresiones machistas. La joven acudió para pedir ayuda como víctima y acabó detenida como una delincuente por encontrarse en una situación de irregularidad administrativa. “Nos pidieron la documentación. Vieron que no tenía y fui al coche a por mí fotocopia del pasaporte. Cuando regresé, llegaron unos agentes de Extranjería y me dijeron que los acompañase”. A la joven se le abrió un procedimiento de expulsión, lo que significa que va a ser deportada en un periodo de seis meses si las autoridades políticas correspondientes -en este caso el Delegado del Gobierno de la Comunidad Valencia Juan Carlos Fulgencio- no hacen nada para evitarlo. Para exigir que se pare su deportación y crear presión social se ha creado el hashtag #ParemosSuExpulsión. Porque esto, no se nos puede olvidar, también supone una forma de violencia contra las mujeres migrantes que las coacciona mediante el miedo a la deportación y las impide ejercer su derecho a denunciar una agresión.

El debate sobre la necesidad de incorporar una instrucción que permita a las personas con una situación irregular denunciar sin miedo, es algo que venían advirtiendo desde distintas asociaciones. Además del miedo generalizado, se añade el temor de las mujeres migrantes por su doble condición de opresión; la de ser mujer y extranjera. Se supone que convenios internacionales como el de Estambul y leyes concretas en el territorio español como la Ley Integral contra la Violencia de Género, plantean la necesidad de dar mayor protección a mujeres que por su condición social o personal se encuentran con mayor riesgo a sufrir violencia de género. Pero es la Ley de Extranjería quien tiene el poder de acentuar las situaciones que paralizan el proceso de deportación; si la mujer es víctima de trata, de explotación laboral o víctimas de violencia de género. En este último caso, solo se contempla en el ámbito de pareja o expareja dejando desamparadas a las mujeres migrantes que sufren otro tipo de agresión como en el caso de la joven.

Que la Ley de Violencia de Género solo actúe cuando haya una relación afectiva entre víctima y agresor es motivo de protesta de las mujeres españolas desde hace mucho tiempo, pero a esta petición hay que sumarle el miedo inminente de deportación de las migrantes si visibilizan otras formas de violencia. Desde Valencia Acoge, la asociación que lleva el caso, denuncian que los agentes que atendieron a la joven sabían perfectamente que quería denunciar una agresión y aun así, le dieron prioridad a su situación administrativa frente a la agresión. Paco es la persona que ha estado en contacto con la denunciante y quien pone voz a una petición generalizada desde distintas plataformas: “Hay que cambiar la realidad para que una persona víctima de cualquier abuso o delito pueda acudir a la policía a denunciar sin temor a ser expulsada. Mientras estas prácticas no cambien, lo que recomendamos a las personas migrantes indocumentadas es que acudan a poner la denuncia al juzgado de guardia, de esta forma no se arriesgan a que se les abra una orden de expulsión”.

Este caso visibiliza la falta de regulación en las leyes. Aunque La Constitución Española contempla el derecho a la tutela policial de cualquier persona que habite en el país y el Estatuto de la Víctima recoja que, independientemente de su situación legal, cualquier persona debe recibir el amparo del aparato de justicia, la realidad es que la incoherencia legislativa deja indefensas a las personas indocumentadas empujándolas al silencio y por tanto, a la vulnerabilidad.

Foto: Archivo AmecoPress.

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