Violencia política

México: En el primer trimestre de 2019, 79 mujeres de la política amenazadas

30 de abril de 2019.

Por Sara Lovera

Política | Internacional | Situación social de las mujeres | Política y género | Feminicidio | Cd. de México



Las mujeres sufren más ataques políticos que en el año anterior


Cd. de México, 30 abr. 19. AmecoPress/SemMéxico.- Las amenazas de muerte e intimidaciones a mujeres dedicadas a la política crecieron en 276 por ciento en 2019, comparado en mismo lapso de 2018, atribuible a la resistencia machista, especialmente en los gobiernos municipales. En cambio, las agresiones a hombres disminuyeron uno por ciento. Lo que se busca es obstaculizar a las mujeres, sostiene el estudio de tres meses de la consultora Etellekt.

Las agredidas y perseguidas, incluso asesinadas, son 80 mujeres políticas en el cargo de alcaldesas o síndicas; en 2018, año de gran elección, solo 23 mujeres recibieron agresiones en los primeros tres meses; las agresiones totales a hombres y mujeres de la vida política fueron 180, de las cuales 26 fueron asesinatos, en este trimestre del cambio: 25 hombres y una mujer.

De acuerdo con la Asociación Nacional de Alcaldes, un foco rojo está en la vida política local. Entre 2006 y la fecha, 149 personas ejerciendo el mando local fueron asesinadas. El 17 por ciento fueron mujeres.

Este crecimiento de 57 ataques en relación con 2018 está vinculado, directamente, a los ataques a las mujeres. Ello, sin considerar los asesinatos, que aunque bajaron respecto mismo trimestre de 2018, a la fecha van 26 y se mantienen las cifras de ataques a familiares de las personas que hacen política.

El aumento de la violencia política también responde a un escenario de alta conflictividad, no solo entre partidos contrarios, sino al interior de estos. Ello, producto de las innumerables alternancias municipales que dejó la pasada elección, mucho más atribuible a esto que a la influencia ejercida por el proceso electoral 2018-2019 en marcha.

Según la consultora, los avances en materia de paridad de género, producto de la reforma político-electoral de 2013-2014, surtieron efectos sin precedentes en la participación política de las mujeres, pero también en la violencia contra ellas.

Tras el primero de julio de 2018, hoy las mujeres ocupan 48 y 49 por ciento del total de escaños en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, respectivamente.

La paridad entre mujeres y hombres muestra también importantes logros en la composición de los congresos estatales y en la integración de los cabildos. Ello tiene muy molestos a los caciques, dice el estudio.

La inclusión igualitaria de las mujeres en los órganos de dirección del poder ejecutivo y legislativo, al igual que su derecho a ejercer actividades políticas o cargos de elección libres de cualquier tipo de violencia, continuaron enfrentando resistencias que ponen en riesgo el ejercicio efectivo de sus derechos político electorales, dice la consultora.

MORENA, más agredida y más agresora

El estudio revela que el partido Morena se convirtió en el de mayor número de militantes agredidos a nivel nacional, con 86 de los 180 políticos agredidos (47 % del total). Sin embargo, esta fuerza política también fue el partido con el mayor número de agresores identificados entre sus filas. De las 180 agresiones a personas de la política, 60 fueron realizadas por militantes de partidos, 34 de estas fueron perpetradas por miembros de Morena, la mayoría, en contra de sus correligionarios.

Entre siete riesgos identificados para participar en la política se ubica, en primer lugar, la paridad de género, una situación que está bajo amenaza.

Y agrega el estudio que la participación igualitaria entre hombres y mujeres en los cargos de representación y de gobierno puede verse seriamente comprometida en los próximos años, mientras los cacicazgos locales, desplazados electoralmente, continúan disponiendo de una gran capacidad de movilización de grupos de choque, pobladores e incluso grupos delictivos para intimidar a los nuevos liderazgos políticos de mujeres al frente de alcaldías, regidurías o sindicaturas, con el propósito de controlar su toma de decisiones, obstaculizar el ejercicio de sus funciones o incluso obligarlas a su dimisión, mediante amenazas deliberadas contra su integridad, la de personas que les colaboran y familiares, campañas de desprestigio, guerra sucia, toma violenta de instalaciones, oficinas o domicilios particulares.

Este fenómeno puede exacerbarse en los próximos meses, ante la falta de sanciones más severas contra los infractores en la legislación y reglamentación penal-electoral y por los altos niveles de impunidad prevalecientes en materia de violencia política, conducta pendiente de tipificar como delito en la mayoría de los códigos penales de los estados y en el Código Penal Federal.

Una alerta en ese sentido es que la mayor parte del crecimiento de la violencia política durante los primeros tres meses de 2019 se focalizó en las mujeres.

De los 180 casos del Informe de Violencia Política en México, 1er Trimestre 2019 frente al primer trimestre de 2018, de los casos de violencia política, 101 impactaron a hombres (56 %) y 79 a mujeres (44 %).

Comparativamente, en el mismo trimestre del año pasado, de los 123 ataques a políticos, 102 se dirigieron a hombres (83 %) y 21 a mujeres (17 %). Pasamos de 123 a 180 hechos de violencia contra políticos, es decir, 57 ataques adicionales, que afectaron en su totalidad a las mujeres que realizan actividades políticas.

Así sostiene que el crecimiento de la violencia política durante los primeros tres meses de 2019 se focalizó por completo en las mujeres.

El Informe de Violencia Política en México 1er Trimestre 2019 presenta la medición de estas agresiones sobre la base de los tipos delictivos identificados. Así mismo, compara las tendencias de la violencia contra políticos por entidad federativa, género, partido político y cargo de responsabilidad de los afectados y analiza por vez primera la distribución de las víctimas en partidos oficialistas y opositores con respecto a los gobiernos municipales, además de exponer hallazgos adicionales relacionados con el porcentaje de agresores que pertenecen a partidos y las motivaciones políticas de los ataques.

Del primero de enero al 31 de marzo de 2019, el Indicador de Violencia Política en México de Etellekt registró al menos 180 agresiones globales sobre actores políticos en México, cifra 46 por ciento superior con respecto al mismo período de 2018.
El factor que propició este recrudecimiento de la violencia en este año, con menor actividad electoral, fue el aumento de la variable de amenazas e intimidaciones (en especial amenazas de muerte y casos de violencia política de género), dirigidas a funcionarias, funcionarios, así como representantes electas y electos que tomaron recientemente posesión de sus cargos; la violencia ascendió 192 por ciento.

En contraste, la violencia letal retrocedió 36 por ciento al presentarse 26 homicidios dolosos de políticos, de los cuales siete ejercían tras una elección positiva.
Destaca la consultora que la violencia política continuó concentrándose en el ámbito municipal. Así el 73 por ciento de las agresiones tuvieron como objetivo a personas de este nivel de gobierno, principalmente en las regiones centro y sur de la República.

En orden descendente, los estados más violentos para las personas dedicadas a la política fueron Oaxaca, Veracruz, Estado de México, Puebla, San Luis Potosí, Guerrero y Guanajuato, ubicados por encima de la media nacional de agresiones.
En contraparte, las entidades menos violentas fueron Baja California Sur, Nayarit, Campeche y Zacatecas, donde no se reportaron casos durante estos tres meses de 2019, y con menos de dos agresiones por entidad se ubicaron los estados de Durango, Jalisco, Chihuahua, Yucatán, Tlaxcala y Michoacán.

Entre los hallazgos más relevantes del primer trimestre de 2019 destacan, además, los siguientes: La mayor parte de las y los políticos agredidos no solo eran del nivel municipal, sino también opositores a los gobiernos de sus estados en 80 por ciento de los casos, lo cual nuevamente confirma los desafíos que enfrenta la gobernabilidad democrática ante el gran número de alternancias y pluralidad política ascendentes a escala local.

Los sucesos

El estudio reveló que las agresiones fueron en 28 entidades y 123 municipios del país (23 % más localidades que las del mismo período de 2018).

La violencia política contra las mujeres, según el reporte, aumentó 276 por ciento.
De las 180 agresiones, 101 son hombres y 79 mujeres, una cifra histórica comparada con las 23 mujeres políticas que fueron violentadas en el primer trimestre de 2018, lo que responde en gran medida al avance del principio de paridad en los pasados comicios de 2018 y a la reacción de los cacicazgos locales, que buscan frenar el surgimiento de nuevos liderazgos representados por mujeres.

Una tercera parte de las 180 agresiones (33 %) fueron cometidas por militantes de partidos políticos, quienes además ejercen algún cargo de elección o por designación, en la mayoría de los casos.

Con excepción de Puebla, los estados donde habrá elecciones locales este año, Baja California, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas y Aguascalientes aportaron solo 9,4 por ciento del total de agresiones.

El Indicador de Violencia Política en México sirve como termómetro del debilitamiento institucional prevaleciente en la esfera municipal y estatal, cuyas repercusiones sobre la calidad de las políticas públicas se hacen cada vez más notorias en temas como la seguridad pública, el combate a la corrupción y la impunidad.

Más mujeres violentadas que en 2018

La violencia política: 101 impactaron a hombres (56 %) y 79 a mujeres (44 %). Comparativamente, en el mismo trimestre del año pasado, de los 123 ataques a políticos, 102 se dirigieron a hombres (83 %) y 21 a mujeres (17 %). Pasamos de 123 a 180 hechos de violencia contra políticos, es decir, 57 ataques adicionales que afectaron en su totalidad a las mujeres que realizan actividades políticas.

Así, entre ambos períodos, los casos de violencia hacia las mujeres en la política subieron de 21 a 79, alza equivalente al 276 por ciento, mientras que en los hombres disminuyeron menos uno por ciento, al pasar de 102 a 101 registros.

Dice la consultora que, de hecho, de las 79 mujeres que fueron objeto de hechos de violencia, 68 se desempeñan actualmente como representantes y autoridades electas, en el mismo trimestre de 2018, solo cuatro mujeres agredidas entraban dentro de esta categoría.

Esto significa que el avance de la paridad en los pasados comicios del primero de julio de 2018 y las menores asimetrías de género que produjo en el acceso al poder, sobre todo en los ayuntamientos, ha traído al mismo tiempo una cuota de violencia contra las mujeres, proporcional al crecimiento de su participación en la política.

No es casual que el principal modus operandi en estas 79 agresiones que buscaron obstaculizar la inclusión de la mujer en la política haya sido el empleo de amenazas e intimidaciones en el 84 por ciento de los casos, con el solo asesinato del 25 de abril. Antes no se reportaron asesinatos. Adicionalmente, existe una mayor visibilidad de los responsables de estos ataques, así como de sus motivaciones políticas, pues 46 de las 79 mujeres políticas fueron violentadas por opositores o colegas de sus partidos.

Opositores partidistas a los gobiernos estatales

De las 180 personas políticas agredidas, 133 corresponden a la esfera municipal (73 %), 33 a la estatal (20 %) y solo 14 a la federal (7 %). En consecuencia, la violencia política en México continúa siendo una práctica por superar en los municipios.

Prueba de ello es que los 24 políticos asesinados en este primer trimestre del año formaban parte de esta esfera de gobierno, fenómeno en expansión por los altos niveles de impunidad que lo acompañan, lo que favorece el fortalecimiento de autoritarismos y cacicazgos locales altamente nocivos para la gobernabilidad y seguridad nacionales.

Se trata de liderazgos proclives a la corrupción y asociación delictuosa con grupos de presión internos y de naturaleza transnacional, por ejemplo, organizaciones del narcotráfico o bandas dedicadas a negocios ilícitos emergentes como el robo de combustibles, de mercancías, bienes exóticos o la trata de personas.

Poderes locales que en el afán de perpetuar su permanencia en el poder son capaces de acceder a servicios de sicariato para deshacerse de sus adversarios, principalmente en épocas de campañas políticas.

Conductas autoritarias que actúan impunes ante una legislación electoral y penal inservible para sancionar estos abusos y delitos que ni siquiera están tipificados penalmente y que aprovechan el debilitamiento de sus dirigencias partidistas, incapaces de construir una cultura democrática no solo con sus competidores, sino también al interior de las organizaciones que encabezan.

Los datos recuperados por Etellekt así lo confirman. Al analizar la militancia de los políticos municipales agredidos en relación con los partidos gobernantes en sus respectivas alcaldías, se observó que, de las 133 agresiones globales contra políticos adscritos a este nivel de gobierno, 79 se dirigieron contra oficialistas (59 %) y 55 contra opositores (41 %). De estas 133 agresiones contra políticos municipales, 18 fueron perpetradas por integrantes del mismo partido. De estos casos, 13 ocurrieron en Morena.

Entidades con mayor violencia política

En los primeros tres meses de 2019, la violencia política continuó asentándose en los estados con porcentajes más elevados de población en la pobreza y que transitaron por elecciones municipales, cuyos resultados fueron sumamente cerrados entre el primero y segundo lugar.

Una constante observada desde el pasado proceso electoral, en el cual los estados con mayor tasa de homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes, es decir, que encabezan las cifras de violencia homicida relacionada en gran parte con ajustes de la delincuencia organizada, ocuparon los niveles más bajos de agresiones contra políticos.

En este sentido, 62 por ciento de las 180 agresiones globales contra políticos en México se concentraron en Oaxaca, Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Estado de México, Guerrero y Guanajuato, que rebasaron la media nacional de seis agresiones.

Y es precisamente en estas siete entidades donde, paralelamente, se produjo la mayoría de atentados contra militantes de Morena, que salvo Veracruz, son gobernados por fuerzas opositoras al actual gobierno federal. En total, las agresiones contra Morena abarcaron 22 estados del país, mientras que en igual período de 2018 tuvieron lugar solo en 10 entidades federativas.

El aumento de la violencia política responde a un clima de conflictividad política en la presente coyuntura, no solo entre partidos gobernantes y opositores, sino también al interior de las mismas fuerzas políticas vencedoras, donde caciques y poderes locales buscan revertir las alternancias, acotando, menoscabando y anulando los derechos político-electorales, tanto de adversarios como de correligionarios recién instalados en cargos de elección popular, principalmente a través de la amenaza, la intimidación, el acoso, el abuso de poder y la discriminación de género.

Foto: Archivo AmecoPress.

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