Mesa redonda sobre el Trabajo Forzoso y la Trata con fines de Explotación Laboral

28 de noviembre de 2019.

Por Adriana Rocha Pastor

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Madrid, 27 nov. 2019. AmecoPress. - Tres entidades de diferentes categorías, la OIT, la Guardia Civil y Cáritas Española, ofrecieron su punto de vista sobre la explotación laboral. Más allá de la conocida explotación sexual, hay muchos otros tipos. Convenios que regulan las formas de trabajo a nivel internacional, proactividad a la hora de destapar el posible crimen organizado o las sensaciones generales de las víctimas de este fenómeno. Las tres voces creen que hace falta cambio y que, en cuanto a terminología, el tema es complicado. Instan a la sociedad a tomar consciencia de lo que está ocurriendo.

A principios de esta semana se celebróLa otra cara de la trata, una jornada en la que se presentaron las conclusiones del último Informe Novicom y en la que participaron diferentes ramas profesionales. Durante la primera mesa redonda, intervinieron Judith Carreras García, consejera de la Oficina de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) para España; Vicente Calvo Vinagre, de la Unidad Técnica de Policía Judicial, de la Guardia Civil y Raquel Benito López, abogada y miembro del equipo de Incidencia y Apoyo Jurídico de Cáritas Española. La suma de los tres puntos de vista dieron qué pensar, pero también incitaron a la propuesta de colaboraciones: en el turno de ruegos y preguntas solo se levantaron manos dispuestas a ayudar.

Judith Carreras: la historia de la OIT en su lucha contra el Trabajo Forzoso

Judith Carreras forma parte de la OIT, un organismo de la ONU especializado en temas laborales. Sobre la historia del trabajo forzoso, explicó que el Convenio n.º 29 fue el primero en tratar el trabajo forzoso en 1930; luego, se complementó con el Convenio n.º 105 en 1957 y volvió a actualizarse en 2014. ¿Por qué? Casi 80 años después de la redacción de los primeros textos, la OIT actualizó el documento. A las formas tradicionales se le suman las nuevas realidades, que además inciden con los datos. “No es fácil, es una verdad que está oculta de investigar”.

En el mundo, hay casi 24,9 millones de personas afectadas por este tema. 16 millones se sitúan en la economía privada con fines de explotación laboral. 9 millones de mujeres y 6 millones de hombres que “no rompen ese vínculo por deudas contraídas” en el 50% de los casos. El régimen de servidumbre por motivo de deuda es habitual. En términos económicos, la repartición varía según la zona, Judith Carreras detalló que se trata de un volumen considerable.

Es difícil determinar qué es trabajo forzoso y qué no. Partiendo de la definición que ofrece el Convenio n.º 29, es «todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente». La consejera de la OIT señaló los tres elementos que integran la definición: el trabajo o servicio, la amenaza de pena cualquiera y los factores de deuda y, por último, la dimensión de involuntariedad.

El texto de 2014 ya fue ratificado por España, entró en vigor el 20 sept. de 2018, así que está en funcionamiento desde hace un año. ¿Qué implica? “En consulta con las asociaciones de trabajadores, debe adoptarse política y plan de actuación nacionales”. Nos consta que el Ministerio de Trabajo está trabajando en esa línea, junto a otra entidad experta. El Convenio habla de la dimensión de prevención, detección, reparación…

También se apoyó en el Art. 177 bis del Código Penal, que trata jurídicamente un tema complicado: “captación, transporte, recepción de personas nacionales o extranjeros, acogimiento, en territorio español, desde España o en tránsito a ella, mediante el empleo de la violencia, engaño o intimidación, abusando de situación de superioridad, necesidad o vulnerabilidad de la víctima, o mediante la entrega o recepción de pagos para obtener el consentimiento de la persona que tuviese control sobre la víctima”.

“Constatamos algunos esfuerzos en buena dirección, como por ejemplo haber puesto este tema en las mesas de diálogo social, o por ejemplo la campaña de la Guardia Civil abordando esta realidad”. Recuerda, además, el punto 8.7 de la Agenda 2030, sobre la Erradicación del trabajo forzoso, que cuenta con el compromiso internacional y medidas correctas.

Vicente Calvo: el punto de vista de la Guardia Civil

Vicente Calvo Vinagre forma parte de la Unidad Técnica de Policía Judicial, de la Guardia Civil, y es quien dirige actualmente los delitos contra las personas. Se ha especializado contra la trata de seres humanos, lleva desde el año 2000 trabajando en esta materia.

Es el segundo crimen que más beneficios reporta detrás del tráfico de armas y delante del tráfico de drogas, según la ONU. En su opinión, es uno de los más difíciles de prevenir, detectar, investigar y demostrar, además de la postura de las víctimas, que tardan más en recuperarse o ni siquiera lo consiguen.

Los lugares donde las víctimas son tratadas, cada vez son más difíciles de inspeccionar por parte de los Cuerpos Policiales. “Las están llevando a domicilios, es muy hermético. Es difícil que un juez te de un permiso de registro si no se adjunta una prueba de falta a un derecho fundamental”. Explica que las investigaciones patrimoniales son el atajo más rápido en el crimen organizado, donde realmente se avanza. “Desde 2013, os puedo decir que en la Guardia Civil investigamos estos temas”.

Por otra parte, Vicente Calvo habla de las víctimas: “Al salir de esa vulnerabilidad a la que está siendo sometida en su país, la propia víctima no sabe que es víctima”. Muchas veces cuentan con la testifical y ahí es donde entra en trabajo el cuerpo policial: buscan pruebas y se marcan objetivos, quieren saber qué grupo la ha captado y cómo, cómo son los movimientos bancarios relacionados (¿se hace el ingreso en una cuenta o en otra? ¿después de ingresarse se traspasa el capital a otro lugar?).

Y no solo ocurre con la trata con fines de explotación sexual. Como ejemplo, cuenta que hace 3 años, empezaron a detectar que ciudadanos orientales empezaban a cultivar plantaciones indoor de hachís. “Nuestra gente de investigación de droga, ya tiene nociones ya saben que no siempre van a ser delincuentes, pueden ser víctimas”.

La raíz del problema no es fácil: la captación suele realizarse fuera de nuestras fronteras”, aunque también ocurre en la propia UE. “Les puedo hablar de casos que he vivido, cuando nuestros operativos dicen /bueno, vamos a llevar a cabo detenciones, registros, liberación de las víctimas…”. Ante la sensación de peligro inminente, asegura que en seguida son sacadas de esa investigación. Para extraerlas del entorno, “si tuviéramos detectadas víctimas de trata que se sabe son extranjeras, se puede hacer un control de extranjería”.

El representante de la Guardia Civil ha señalado que pese a la falta de conocimiento de la situación, hay muchísima cooperación internacional. Un porcentaje muy alto de las víctimas son de Bulgaria y Rumanía. Últimamente, también de Moldavia, y en términos de explotación sexual, las víctimas también proceden de Venezuela.

“Donde tenemos que trabajar es en la sociedad. Nosotros lo intentamos con nuestros medios”. Teniendo en cuenta tres ejes, Prevención, Detección e Investigación, defiende que su trabajo debería ser proactivo, no reactivo: “no queremos esperar a que el crimen se comenta”.

Raquel Benito presenta las conclusiones de Cáritas

Raquel Benito López es abogada en el Equipo de Incidencia y Apoyo Jurídico de Cáritas Española. Explica que existen determinadas variables, como el descanso, el tipo de trato (humillación o trato vejatorio) que establecen cómo es la Vulneración de los Derechos Humanos en este ambiente laboral. La retirada de documentación o las amenazas a nivel económico son indicadores de posibles supuestos de trata, de trabajo forzoso. Según ella, dentro de este bloque, hay diferentes grados de explotación laboral. Las tres intervenciones coinciden en que existe una complicación terminológica al respecto.

La suma de estas variables hace que no denuncien. ¿Pero qué les paraliza normalmente? Cáritas ha elaborado un informe que revela tres conclusiones fundamentales:
1. Que estas personas han normalizado la Vulneración de los Derechos Laborales. No se sienten legitimadas, sienten que el Estado no las ampara, miedo a perder el trabajo. A veces, el poco dinero que tienen es con lo que van a sobrevivir.

2. Miedo a ser expulsado, la situación de irregularidad de las personas extranjeras les suele frenar a la hora de alzar la voz y denunciar la situación. Es arriesgado hacerlo, aunque una cosa no quite la otra.

3. Desconocimiento. “El saber es libertad, pero cuando tú no sabes los recursos que te amparan…”. Ante el desconocimiento de sus Derechos y el Miedo, solo el 5% denunciaba, el 70% decía “para qué”, el otro 25% no sabe/no contesta.

Además, también plantea dificultades como la no identificación por parte de la persona que la sufre y por parte de los operadores: “si no se identifica el problema, no se le puede dar una solución”. También puede tratarse de un asunto constitutivo de delito, "pero si no se identifican problema y víctima, ¿cómo vamos a poderlo atajar? Nos preocupaba no poder dar protección”.

Desde Cáritas, Raquel Benito asegura que son sensibles al problema, colaborando en red, compartiendo lo que se dice en otros foros. Tras este estudio, por ejemplo, hay propuestas que siguen en proceso. En primer lugar, demandan la puesta en marcha el Protocolo vinculante, Convenio n.º 29 del Trabajo Forzoso. “A ver qué medidas se adaptan.”

Además, cree que tiene que haber una clarificación de los términos. No se puede investigar de la misma manera, “No tenemos la tipificación de trabajo forzoso por la vía autónoma”. Y señala que al no tener un tipo autónomo de TF no se puede perseguir: “llevaría una modificación del Código Penal”.

Desde su entidad, pide más colaboración. Que la documentación se pueda tener en cuenta como prueba, las actas que se puedan levantar en este tipo de asuntos… “Si no hay una coordinación entre las fuerzas del Estado y las asociaciones, no se avanza”.

Por último, recuerda que entre los medios de protección se detecta la necesidad de alojamientos. Sería parte de un proyecto determinado que defiende la idea de que no todas las víctimas son iguales: "A lo mejor alguien no encaja en el servicio de una entidad social".

Foto: Archivo AmecoPress.
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