Las trabajadoras del hogar denuncian falta de voluntad política para el reconocimiento de sus derechos

Madrid, 24 ene. 19. AmecoPress.- Cerca de cincuenta organizaciones de trabajadoras del hogar de todo el Estado español denuncian la falta de voluntad política para reconocer al colectivo los mismos derechos que tienen el resto de personas trabajadoras y el arrastre de medidas y normativas que las mantienen en la precariedad.

Las organizaciones ya se opusieron hace pocos meses a la Enmienda 6777, introducida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018, que retrasaba el reconocimiento de derechos y protección social de las trabajadoras de hogar y de cuidados. A pesar del cambio de gobierno, la situación no ha variado significativamente. Según argumentan en el comunicado, la aprobación del Real Decreto 28/2018, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral o de empleo, que contiene las cotizaciones en Empleo de Hogar para 2019, no representará mejoras en la protección de las trabajadoras y mantendrá los problemas actuales.

En el año 2011, se aprobó la incorporación del Empleo de hogar en el Régimen General de la Seguridad Social pero se mantuvo como sistema especial, asumiendo el compromiso de ir regulando cuestiones pendientes hasta alcanzar la equiparación plena con el conjunto de personas trabajadoras. “Hoy seguimos esperando. Falta voluntad política para mejorar las condiciones de este sector”, aseguran las organizaciones.

En ese momento, se excluyó el reconocimiento de la prestación por desempleo y se aplazó hasta enero de 2019 alcanzar los mismos criterios en el cálculo de las pensiones –actualmente, los periodos no cotizados en Empleo de hogar no se contabilizan, como sí se hace en el resto de sectores del régimen general-. Para esa fecha también se sustituiría el sistema de cotización a la Seguridad Social por tramos salariales por el de la cotización por salarios reales.

Después de siete años, el Partido Popular, con la enmienda 6777, aplazó ambas medidas en cinco años más, hasta 2024. Y ahora, el PSOE, con el Real Decreto 28/2018, mantiene el retraso en el reconocimiento de derechos aunque lo adelanta a enero de 2021, y aprueba para 2019 un sistema de tramos de cotización que, desde el punto de vista del colectivo, “agudizará las dificultades”.

Sistema de tramos de cotización

En primer lugar, ese sistema incrementa la base del tramo 1, el más bajo, hasta 206 € al mes. “La base mínima anterior también era demasiado elevada y sabemos qué consecuencias ha tenido: la mayoría de las trabajadoras con contrato de pocas horas no están dadas de alta en la Seguridad Social porque salario y cuota a pagar no guardan una proporción adecuada. Ahora, la resistencia de la parte empleadora a dar de alta será todavía mayor”, explican.

Los tramos intermedios, del 2 al 9, se han organizado de tal manera que “se incentiva que los empleadores, para pagar menos cuota, declaren salarios inferiores a los reales”. Pero además, se repetirá lo que sucedía con los tramos anteriores: al pasar de año y modificarse el importe de los tramos, muchas trabajadoras van a cotizar por bases inferiores a las que tenían en 2018, a pesar de mantener el mismo salario.

Es en el último tramo, a partir de los 1.294,01€ al mes, incluida prorrata de pagas extraordinarias, en el que se establece la cotización por salarios reales. Sin embargo, las firmantes del manifiesto advierten que “si no se pone en marcha un plan urgente, amplio y serio, para obtener la información sobre salarios y jornadas reales, no será posible garantizar su aplicación efectiva”. Proponen la adopción de “medidas para que la parte empleadora pueda cotizar por salarios reales con la ayuda de la Administración”. Por otro lado, “a las trabajadoras de hogar se nos deja solas frente a la parte empleadora en la exigencia del alta en la Seguridad Social y en el cumplimiento de la legalidad a la hora de cotizar. El Gobierno actual no nos tiene en cuenta para las campañas de la Inspección de Trabajo que controlan el fraude en otros sectores: nuestros derechos no parecen importar”.

“Esta modificación de tramos, por tanto, no mejorará en lo sustancial la situación de las trabajadoras, pero supondrá nuevos costes para la parte empleadora y multiplicará, con toda probabilidad, los trabajos no declarados en un sector que ya cuenta con una alta irregularidad -más de un tercio de los empleos actuales- y con ello, la precariedad y el no reconocimiento de derechos, resumen.

Políticas públicas de cuidados

Más allá de su situación laboral concreta, las organizaciones ofrecen en el manifiesto un punto de vista más amplio acerca de su posición en la sociedad. La falta de recursos públicos determina que con la contratación de Empleo de Hogar se cubran las necesidades de atención y cuidados de las personas mayores y/o en situación de dependencia en sus domicilios y se resuelvan las exigencias de conciliaciones imposibles entre los ritmos y tiempos del trabajo con las necesidades de cuidado de la vida. Es, evidentemente, una salida accesible solo para quienes tienen los medios económicos para sostenerlo y excluye a aquellos y a aquellas que tienen menos recursos y cuentan con las pensiones más bajas.

“Nos sumamos por ello, a la exigencia de políticas públicas que garanticen plenamente la protección y el bienestar de las personas, de manera que no se cargue sobre las espaldas de las trabajadoras, ni sobre las de las personas que los necesitan, el coste de los cuidados. Los cuidados no son una mercancía más, tienen que ser un derecho para todas las personas”, sentencian.

“No vamos a permitir que se siga ignorando la importancia de los trabajos de cuidados que realizamos las trabajadoras de hogar ni que se mantengan en la precariedad. Una parte importante somos mujeres migradas que sufrimos las consecuencias de una Ley de Extranjería que genera economía sumergida y nos expone a circuitos de abuso y vulneración de derechos”.

Y advierten: “La perspectiva para el 2019 es que la desprotección no solo continúe, sino que empeore y, esto es algo contra lo que vamos a luchar”.

Peticiones

Para finalizar, las organizaciones firmantes exigen:

– Equiparación, sin más demoras, de derechos laborales y protección social para las trabajadoras de hogar y de cuidados -incluida la prestación por desempleo, la cotización por salarios reales e iguales condiciones para el cálculo de las pensiones-, con reconocimiento pleno en el Estatuto de los Trabajadores e integración completa en el Régimen General de la Seguridad Social.

– Ratificación del Convenio 189 de la OIT sobre trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos, acompañada de la incorporación efectiva en la normativa interna, estableciendo plazos concretos de aplicación y la dotación presupuestaria necesaria para que pueda implementarse.

– Políticas públicas de cuidados que garanticen la cobertura universal con criterios de equidad y redistribución de los tiempos de vida laboral y personal. En este sentido, medidas concretas para integrar los costes de los cuidados en el domicilio como prestaciones del sistema público de atención a la dependencia.

Foto: archivo AmecoPress
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Economía – Empleo y género– Mujeres inmigrantes – Trabajo doméstico. 24 ene. 19. AmecoPress