Hace 25 años, los gobiernos prometieron salud y derechos para las mujeres. ¿Han cumplido?
Madrid, 14 nov. 2019. AmecoPress.- Hace veinticinco años, en 1994, 179 países adoptaron un Programa de Acción histórico durante la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD), celebrada en El Cairo. Desde aquel momento se transformó la forma en que se abordaron los vínculos entre las dinámicas de población, la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible, colocando los derechos, las necesidades y las aspiraciones de las personas en el centro del desarrollo sostenible.
En 2015, la comunidad internacional reafirmó este compromiso de poner a "las personas, el planeta y la prosperidad" en el centro del desarrollo sostenible y no dejar a nadie atrás, cuando adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
El 1 de abril de 2019, los estados miembros de la ONU adoptaron una Declaración durante la 52a sesión de la Comisión de Población y Desarrollo de las Naciones Unidas (CPD) que reafirmó la importancia del Programa de Acción de la CIPD para guiar las políticas y programas de población y desarrollo, dentro del contexto de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y por el cual los estados se comprometieron a emprender nuevas acciones para garantizar su "implementación plena, efectiva y acelerada" .
El logro de un desarrollo sostenible, justo e inclusivo debe basarse en acciones que satisfagan las necesidades y aspiraciones de niñas y mujeres, niños y hombres de todo el mundo. En consecuencia, los gobiernos, que adoptaron el Programa de Acción de la CIPD hace 25 años y lo reafirmaron en foros y revisiones intergubernamentales posteriores, deben continuar invirtiendo en su plena implementación y apoyar acciones concretas a tal efecto, dentro del contexto general de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.
Además, para cumplir con los asuntos pendientes del Programa de Acción de la CIPD y permitir la garantía y el respeto de los derechos humanos en todo el mundo, es necesario y crucial fortalecer las organizaciones y movimientos de la sociedad civil que lo han defendido y trabajado para su implementación. Esto significa que esas organizaciones, movimientos, instituciones y personas deben poder trabajar libremente en un entorno seguro, incluida la protección activa de las personas defensoras de SDSR.
Del 12 al 14 de noviembre el gobierno de Kenia, Dinamarca y el Fondo de Población son los anfitriones de la Cumbre de Nairobi, un evento que celebra el 25 aniversario de la ICPD y que reúne a gobiernos, parlamentarios y parlamentarias, agencias de la ONU, organizaciones de la sociedad civil, entidades del sector privado, grupos y asociaciones de mujeres y redes de jóvenes para discutir y acordar acciones que aceleren la aplicación de los acuerdos asumidos en El Cairo en 1994, especialmente «para llegar a las personas que aún no se han beneficiado de los compromisos de la CIPD» en palabras de Natalia Kanem, Directora Ejecutiva del UNFPA.
Progresos y retos
Entre los progresos más importantes, recordamos la reducción del 40% de la mortalidad junto con el 32% de descenso del embarazo adolescente, el acceso a contraceptivos ha aumentado globalmente del 25% desde 1994, casi todas las niñas y los niños en el mundo tienen acceso a la educación primaria y ha aumentado el porcentaje de niñas en la educación secundaria desde 83% en 1994 a 91% hoy en día. Un número mayor de mujeres es miembro de los parlamentos (11,7% in 1997 y 24% hoy) y la mutilación genital femenina ha descendido más de un tercio. A pesar de estos datos favorables, el sueño de la CIPD ha sido al mismo tiempo un sueño lejano para millones de mujeres y niñas en todo el mundo. Muchas personas están todavía esperando que se cumpla la promesa de El Cairo:
– Se estima que 830 mujeres mueren en relación con el parto, todos los días; ¡Muchas de ellas niñas entre 15 y 19 años de edad!
– Unas 33000 niñas se casan antes de cumplir los 18 años, ¡todos los días!
– Más de 200 millones de mujeres no tienen acceso a métodos anticonceptivos modernos
– Más de 3 millones de niñas se someten a la MGF cada año
– Más de 2 millones de personas de 10 a 19 años viven con el VIH; aproximadamente uno de cada siete de todas las nuevas infecciones por VIH ocurren durante la adolescencia
– Y se estima que 1/3 de todas las mujeres han reportado ser víctimas de violencia de género en su vida
– Se estima que 132 millones de niñas en todo el mundo todavía no están escolarizadas; esto incluye a 34,3 millones de niñas en edad de escuela primaria, 30 millones de niñas en edad de secundaria inferior y 67,4 millones de niñas en edad de escuela secundaria superior.
Líneas de acción
Nunca antes ha habido tantas personas jóvenes ... ¡1.800 millones! Nunca más es probable que haya tal potencial para el progreso económico y social. La forma en que satisfacemos las necesidades y aspiraciones de los y las jóvenes definirá nuestro futuro común. Las personas jóvenes están a punto de heredar una enorme responsabilidad para resolver muchos problemas complejos de largo recorrido, que van desde la pobreza hasta el cambio climático, pero en su mayoría han sido excluidas en la toma de decisiones que determinarán cómo será el futuro. Por lo tanto, los jóvenes deben tener voz y voto en la configuración de las políticas que tendrán un impacto duradero en la humanidad y la salud del planeta.
La comunidad de organizaciones que como nosotros trabajan para que el acceso a la salud sexual y reproductiva y el ejercicio de los derechos sean reales y efectivos, recomiendan a los gobiernos, y en nuestro caso al gobierno español, que la atención de la salud sexual y reproductiva debe estar disponible y accesible para todas las personas, sin estigma ni discriminación, en todas las etapas de la vida, en particular las transiciones como la adolescencia, el embarazo, la maternidad y el envejecimiento.
Pedimos también a los y las decisores políticos de nuestro país que se comprometan a investigar los efectos de las diferentes barreras para la atención médica en las mujeres y eliminar todas las disposiciones y prácticas legales que comprometen la seguridad, la salud y la autonomía de las mujeres. El acceso a servicios de aborto seguro salva vidas y protege la salud. A pesar de que el aborto es legal, la realidad es que las mujeres que más necesitan la atención del aborto están excluidas y muchas son víctimas de agresiones psicológicas (y físicas) por parte de grupos que llamamos coercitivos, porque están limitando la libertad reproductiva de las mujeres, difundiendo información falsa y engañosa. Por esto pedimos al gobierno que contrarreste la desinformación sobre la salud y los derechos sexuales y reproductivos, investigando sobre las fuentes de financiamiento de individuos y organizaciones que hacen campaña por la coerción reproductiva para asegurar que se cumplan todos los requisitos legales de divulgación.
En el marco de la cooperación internacional, pedimos que se respete el 0,7% del PIB para la asistencia al desarrollo y que se cree un ambiente seguro, abierto y democrático. Esto incluye proporcionar espacio y financiación a las organizaciones de la sociedad civil para que puedan desempeñar sus múltiples funciones de manera efectiva.
Hay que realizar esfuerzos adicionales para abordar las desigualdades y la exclusión social y garantizar que las personas socialmente marginadas como personas refugiadas, migrantes (documentadas e indocumentadas), LGBTQI, personas con discapacidad, personas que viven con el VIH, trabajadoras sexuales, personas transgénero, personas romaníes y otras minorías puedan acceder a información y servicios de salud sexual y reproductiva. Los gobiernos deben seguir invirtiendo en la prevención del VIH, especialmente entre estos grupos que tienen múltiples vulnerabilidades.
Es esencial aumentar la financiación estatal para la adquisición de anticonceptivos y proporcionar acceso a una gama completa de atención y asesoramiento anticonceptivos asequibles. Se debe hacer más para abordar las causas subyacentes de la falta de acceso a la anticoncepción, como el estigma y la discriminación que enfrentan los grupos vulnerables como los romaníes o las trabajadoras sexuales, para evitar altos niveles de embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH, entre estos grupos.
Paradójicamente, las mismas personas retrógradas que quieren imponer la coerción reproductiva a las mujeres, también se centran en evitar que los y las jóvenes desarrollen las habilidades que necesitan para manejar sus vidas íntimas y familiares. Esto se ve agravado por la difusión deliberada de información engañosa sobre anticoncepción. Todos los jóvenes deben estar equipados con las habilidades para manejar sus vidas emocionales e íntimas y mantenerse a salvo, independientemente de su origen étnico, género o nivel socioeconómico. La educación integral en sexualidad, según la definición de la UNESCO, es una parte integral del desarrollo de estas competencias y el suministro de información sobre planificación familiar. Pedimos a nuestro gobierno que desarrolle planes de acción nacionales sobre educación sexual integral y asegure que todo el profesorado reciba formación de calidad y amplios recursos para proporcionarla en el momento adecuado y de la manera correcta, con la asistencia de organizaciones de la sociedad civil especializadas.
Todo esto implica también hablar de vidas libres de violencias de género, una de las metas más concretas del Programa de Acción de El Cairo y destacables de la Agenda 2030 (meta 5.2.). En los últimos quince años en el estado español, entre 2003 y 2018, 937 mujeres han sido asesinadas por sus parejas y ex-parejas – las cifras crecen si se suman todos los asesinados de mujeres - a lo que hay que sumar el asesinato de 25 niños y niñas por este mismo tipo de violencia. Las organizaciones feministas denuncian la existencia de graves deficiencias: las trabas en el sistema judicial, la desprotección de las víctimas de violencia sexual, el riesgo de expulsión al hacer la denuncia de las mujeres migrantes en situación irregular, y la falta de reconocimiento de las víctimas de violencia de género, pese a los avances alcanzados en los últimos años.
La creación de espacios seguros requiere un entorno en el que se respeten e implementen los derechos de las mujeres y las niñas. Esto incluye un fuerte compromiso con la igualdad de género cuyo progreso se ve amenazado por la aparición de leyes regresivas y políticas que amenazan con socavarla la igualdad de género.
El equilibrio trabajo-familia sigue siendo un desafío importante: existe la necesidad de una atención no remunerada y trabajo doméstico más equitativamente distribuido entre hombres y mujeres, ya que esto es en gran medida a cargo de las mujeres, lo que dificulta su participación en la fuerza laboral, contribuye a la brecha salarial de género y aumenta el riesgo de pobreza de las personas mayores. También es necesario proteger los derechos de las personas cuidadoras, cuya explotación profundiza la desigualdad en términos de género y, a menudo, de nacionalidad o procedencia, donde muchas son mujeres migrantes de países de escasos recursos. Las leyes y prácticas que penalizan los comportamientos y las relaciones sexuales consensuales de adultos, incluidas las relaciones LGBTI + y el trabajo sexual voluntario, constituyen una amenaza para la salud pública.
Foto: archivo AmecoPress
—
Internacional – Opinión – Mujeres del mundo – Salud – Salud y género – Salud reproductiva – Educación – Las jóvenes – Políticas de igualdad. 14 noviembre. 19. AmecoPress
[1] Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) http://estadisticasviolenciagenero.msssi.gob.es/
Datos de feminicidios incluyendo los cometidos por personas que no son parejas o ex-parejas: https://goo.gl/HguV5F
[2] MSSSI, Fichas de menores víctimas mortales www.violenciagenero.msssi.gob.es/violenciaEnCifras/victimasMortales/fichaMenores/home.htm