El colectivo transexual demanda al Gobierno que incluya el tratamiento de cambio de sexo en la Sanidad Pública
La Plataforma por la Inclusión de los Derechos Sanitarios de las Personas Transexuales en el Sistema Nacional de Salud (PDST) pide al Gobierno que cumpla su promesa electoral de incluir los tratamientos médicos integrales para las personas transexuales en el Catálogo General de Prestaciones Sanitarias. La Plataforma PDST está formada por la AET/Transexualia (estatal), Así Somos (Castilla-León), Ilota Ledo (Navarra), Bloque Alternativo de Liberación Sexual (Península e islas -España y Portugal), Ex Presos Sociales, (estatal), Cogam, (Madrid), Towanda (Aragón) y Guerrilla Travolaka (Barcelona).
Tras la reunión mantenida esta semana entre el secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, y representantes de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), el colectivo manifestó no estar satisfecho con la “solución intermedia” propuesta por el Ministerio, que plantea crear Unidades de Referencia a nivel estatal.
Asturias, Andalucía, Aragón y Madrid son las únicas Comunidades Autónomas (CCAA) que en la actualidad ofrecen un tratamiento clínico integral de reasignación de sexo; Extremadura deriva sus casos a Andalucía, y Cataluña sólo ofrece asistencia terapeútica y tratamientos hormonales, aunque está previsto que se incluyan en esta lista Baleares y Galicia.
Antes de entrar en quirófano, las personas transexuales que comiencen el proceso de reasignación de sexo precisan someterse a diversas consultas, analíticas, acudir varias veces al psicólogo y al endocrino, y una vez operadas, el seguimiento médico continúa de por vida.
Dado que los centros de atención primaria de todas las ciudades españolas cuentan con estos especialistas, la PDST pide al Ministerio de Sanidad que permita que atiendan también las consultas que precisa la población transexual que empieza un tratamiento integral de reasignación de sexo.
Sin embargo, el Ministerio de Sanidad propone que las CCAA cuyo sistema de salud cubre este tratamiento, opten a convertirse en centros de referencia, lo que obligaría –por ejemplo- a una persona transexual que viva en Canarias, tener que viajar a Andalucía o Madrid para asistir al psicólogo.
El problema de los centros de referencia está en la fase previa a la operación quirúrgica, explicó Juana Ramos, miembro de la Plataforma, pues “la persona que va a una unidad de referencia para empezar el tratamiento de cara a la operación, necesita como mínimo seis, siete u ocho visitas al psicólogo, otras tantas al endocrino, además de analíticas, etcétera, y trasladarse a otra región para algo tan sencillo supone un coste inmenso para la gente con pocos medios económicos”, cuando esto podría hacerse en el centro de atención primaria más cercano a su domicilio.
Según Juan Vázquez, abogado de la asociación AET/Transexualia, “la atención es “básica” y podrían cubrirla de forma normalizada los centros de salud, “porque de hecho se está haciendo, pero depende de la buena voluntad de los médicos, porque si no está en el catálogo de prestaciones, depende del sí o del no del profesional de turno”.
La Plataforma entiende que el desplazamiento de las personas transexuales a unidades de referencia fuera de su lugar de residencia para tratamientos iniciales o primarios, supone también un peligro de abandono de los procedimientos reglados y la búsqueda de asistencia no profesional, con graves consecuencias sanitarias para la persona, que finalmente recurrirá a la salud pública a solucionar sus problemas de salud.
Sanidad ha creado un grupo de trabajo que valorará la petición del colectivo y se reunirá en noviembre con la Plataforma para informarle de los resultados del estudio, que posteriormente serán presentados en el Consejo Interterritorial de Salud, en el mes de diciembre, para consensuar las medidas a tomar con las Comunidades Autónomas.
Desde el año 2000, el colectivo transexual ha propuesto al Ministerio la creación de un foro social en reiteradas ocasiones, pero nunca ha sido aceptado y “han acordado reducir el grupo de trabajo a un grupo de supuestos expertos científicos”, dejando fuera a las asociaciones representantes del colectivo, lamentó Vázquez.
La presidenta de Transexualia, Rebeca Rullán, acusó a la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (FELGTB) de estar paralizando durante años “el tema de sanidad. No ha querido abordarlo porque no entraba dentro de la agenda política del Partido Socialista, y probablemente siguiendo instrucciones de la Secretaría de movimientos sociales de Pedro Zerolo, durante todo este tiempo han estado dejando de lado esta reivindicación”.
En declaraciones a AmecoPress, Rullán aseguró que la ejecutiva de la FELGTB vetó la asistencia a la reunión mantenida con el secretario de Sanidad a dos de sus asociaciones integrantes, Transexualia y Cogam, “precisamente las dos que han conseguido que entre en la Sanidad pública el tratamiento clínico integral de reasignación de sexo en el Tratado de Prestaciones Sanitarias del servicio madrileño de salud”.
Rebeca Rullán teme que “el veto ha sido para anular posiciones críticas dentro de la Federación Estatal respecto a la gestión del Ministerio de Sanidad”.
Transexualia se incorporó a la Plataforma por la Inclusión de los Derechos Sanitarios de las Personas Transexuales en el Sistema Nacional de Salud (PDST) “porque este tema, hasta ahora, no había querido ser abordado por la Federación estatal y estuvimos impulsando una plataforma unitaria de reivindicación, para que hubiera una sola reunión con el sistema de Sanidad”.
Cogam y Transexualia exigirán responsabilidades a la FELGTB en su próximo Consejo Federal y “Transexualia pide ya la dimisión de Antonio Poveda como presidente de la Federación por aceptar injerencias partidistas en la gestión de la reivindicación sanitaria de las personas transexuales”, concluyó.
Estado español - Salud y género; 27 septiembre (07) AmecoPress