CERMI Mujeres reúne a expertas para abordar las barreras judiciales a las que se enfrentan las mujeres con discapacidad

Madrid, 5 mar. 18. AmecoPress. El pasado 2 de marzo, la organización CERMI Mujeres celebro la ‘II Conferencia Sectorial de Mujeres con Discapacidad’ que analizó las principales cuestiones de la agenda política de las mujeres y niñas con discapacidad.

El acto comenzó con una breve bienvenida llevada a cabo por el Vicepresidente Primero del Senado, Pedro Sanz Alonso. El vicepresidente quiso exponer la situación social de las mujeres con discapacidad como un problema sin erradicar latente en la sociedad actual. “Las mujeres con discapacidad se enfrentan a una doble discriminación: por ser mujer y por su discapacidad. Esa discriminación se acentúa más cuando se trata de violencia de género. Para garantizar la dignidad de las personas con discapacidad, tenemos que eliminar y no levantar más barreras y obstáculos que impiden la igualdad”, afirmó.

El secretario de Estado, Mario Garcés Sanagustín, destacó “la fuerza que tienen dos palabras como mujer y discapacidad”. En esta línea, quiso recordar algunos de los hitos históricos que han favorecido la igualdad de derechos de las mujeres, como la aprobación del derecho de sufragio universal. “En el último año y medio, además, hay un reverdecimiento de la lucha por la igualdad de las mujeres”, añadió Garcés, quien ha hizo un llamamiento para “acabar con la “brecha salarial y de mercado” que sufren las mujeres, y muy especialmente las que tienen discapacidad.

Por su parte, Ana Peláez, Vicepresidenta Ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres y Vicepresidenta del Foro Europeo de la Discapacidad, subrayó la importancia de celebrar este tipo de jornadas para dar a conocer y al mismo tiempo derribar todos los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres que quieren acceder a la justicia. Además, quiso recordar como “más de 60.000 mujeres con discapacidad en el país tienen su capacidad legal modificada”, y explicó que para el resto de mujeres con discapacidad “existen obstáculos que les impiden acceder a la justicia en igualdad de condiciones”.

“Igualdad” ante la ley

La jornada arrancó con la celebración de una mesa donde todas y cada una de las expetas apuntaron al artículo 12 como un derecho interno y constitucional que establece la igualdad ante la ley de todas las personas con discapacidad. Sin embargo, desde su creación en el año 2008 no se ha aplicado de forma correcta. “Conseguir la efectividad del artículo 12 supone un cambio mental y sociocultural que elimine los estereotipos basados en la capacidad de las personas con discapacidad”, considera Inés de Araoz.

En la actualidad, la premisa “cuanta más capacidad tengas, más digno eres. Y cuanta menos capacidad tengas a la hora de tomar decisiones, menos digno eres” rige el comportamiento de las sociedad actual. Las personas con discapacidad se encuentran supeditadas a formas de control donde se les impide tomar decisiones por sí mismas. Como consecuencia, las expertas consideran necesario que las personas con discapacidad se sitúen en el centro de su propia vida y tomen decisiones que respeten sus capacidades y metas. “Se trata de asumir riesgos, y esto es algo que no se le ha permitido ejercer a la personas con discapacidad. Si nadie me deja tomar una con riesgo nunca voy adquirir la madurez necesaria para tomar decisiones complejas. Albert Einstein tenía razón cuando afirmaba que el aprendizaje es experiencia y la experiencia es información”, aseguraba Inés de Araoz Sánchez-Dopico.

Almudena Castro Girona, Directora de la Fundación Aequitas, denunció que uno de los principales problemas existentes es “el sistema judicial actual que repara el daño cuando violan un derecho". Por eso considera necesario una justicia preventiva que se encargue a priori de evitar daños causados.

En esta línea se expresó también la profesora titular de filosofía del derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, María del Carmen Barranco, apuntó que “el acceso a la justicia constituye la garantía del resto de derechos y las personas con discapacidad se enfrentan a más obstáculos”. Barranco insistió en que “en el caso de las mujeres y niñas con discapacidad estas barreras son todavía mayores, pues se enfrentan a estereotipos que hacen que se dude de su testimonio, eliminando su capacidad material”.

Labor policial

María Elena Palacios detalló el trabajo que realiza el sistema policial con las mujeres con discapacidad, con especial atención a las que han sufrido violencia machista. “Atendemos a la víctima, la escuchamos, la asesoramos y ayudamos a denunciar si procede, y valoramos el riesgo, poniendo protección incluso antes de que haya un pronunciamiento judicial”, añadió, e hizo hincapié en que en todos los procesos se dé cumplimiento a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Asimismo, Palacios habló de la existencia de una normativa básica creada en el año 2013 que apuesta por la especialización de los agentes sociales y que cuenta con una ‘hoja de apoyo’ para que los y las policías puedan detectar que están tratando con una persona con discapacidad. De esta forma puso en valor la figura del ‘facilitador’, que se encarga de simplificar la comunicación entre ambas partes.

Susana Martínez, presidenta de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, subrayó los obstáculos que afectan a las mujeres víctimas de violencia de género, y en mayor medida a las que tienen discapacidad. Según afirma “existen dos tipos de barreras. Por un lado las que afectan de forma subjetiva al plano personal de la víctima como la gran dependencia emocional y física que tiene por su agresor. Y por otro lado, aquellas de tipo estructural, ajenas a la víctima, como la falta de recursos y de medios a los que se enfrentan”. En este sentido, evidenció la “importante desconfianza” que las mujeres con discapacidad tienen todavía hacia la administración de justicia y el miedo que tienen a la pérdida de la custodia de sus hijos e hijas por razón de discapacidad.

Rebeca Gómez, psicóloga forense y miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Psicólogos Forenses de la Administración de Justicia, puso de manifiesto que las dificultades de acceso a la justicia para las mujeres con discapacidad “no es tanto una cuestión únicamente de obstáculos sino, en muchos casos también de desconocimiento y prejuicios. Además, mostró que “en muchas ocasiones los problemas vienen antes del proceso judicial y esto desincentiva a las mujeres con discapacidad a la hora de poner una denuncia”.

Discriminación en sentencias judiciales

La experta Laura Seara, perteneciente a la Red Talento Consultora, se encargó de presentar un estudio sobre la discriminación que sufren las mujeres con discapacidad en sentencias judiciales bajo el marco de los derechos humanos.

Este estudio recoge diferentes sentencias judiciales que discriminan a la mujer desde el año 2008. Según afirma Seara “la jurisprudencia ha tardado en aplicar la convención, al menos ahora se aplica pero de forma muy lenta”. Sin embargo, denunció la falta de datos estadísticos existentes en ámbitos como los internamientos involuntarios de mujeres con discapacidad, y ha apuntado que pese a los avances que se están produciendo en la aplicación de la Convención de la Discapacidad de la ONU, sigue habiendo fallos que no aplican este tratado. “En pleno siglo XXI, nos hemos encontrado con sentencias que hablan de ‘retrasadas’ y ‘disminuidas’, dictadas en audiencias provinciales y en el propio Tribunal Supremo”, ha agregado.

Seara considera que aún perdura el modelo de “madre tradicional” y se excluye a las mujeres con discapacidad. Como consecuencia, tienen que criar y educar a sus hijos de forma lejana. “El actual sistema de incapacitación penaliza doblemente a las mujeres, pues hay más mujeres incapacitadas que hombres. Se usa la incapacitación con intención de someterlas a esterilizaciones y privarlas de ser madres, mientras en el caso de los hombres con discapacidad, suele ser por motivos de manejo de su patrimonio”, criticó esta experta, poniendo el foco también en la discriminación que sufren las mujeres con discapacidad en el reparto de la custodia de los hijos e hijas, porque a su juicio, “la sociedad patriarcal no las considera aptas para tomar decisiones sobre su patrimonio o su maternidad”.

La protección de las víctimas

La última mesa abordó la situación de la protección de las víctimas. Para ello, Victoria Ortega Benio, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, demostró como los estereotipos de género se encuentran presentes de forma natural y cotidiana. “Como abogada quiero defender el derechos de todas las personas. Todos los seres humanos nacen libres e iguales de derechos. Sin embargo se vulneran de forma cotidiana. Y tenemos que ver cómo podemos hacer para no violarlos” afirmó.

En este sentido, Victoria Ortega apostaba por la formación como elemento imprescindible. “Es esencial conocer la realidad de las mujeres con discapacidad y que la asistencia jurídica se haga, no solo con perspectiva de género, sino también con perspectiva de discapacidad, ya que muchas veces la discriminación proviene de la propia ignorancia” alegó.

“Si bien es cierto que las leyes van progresando aún la situación no es la deseable, y en muchas ocasiones se está retrocediendo un paso hacia atrás” afirmaba Amalia Fernández, Presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis. De esta forma, consideraba que este era el momento de que todas las organizaciones, y la sociedad en su conjunto, trabajen para visibilizar el maltrato a las mujeres y niñas con discapacidad. Además, propone la existencia de protocolos específicos que sirvan de apoyo y de prevención de violencia.

En esta línea, la coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres, Isabel Caballero enumeró algunas de las claves del estudio sobre esterilizaciones forzosas contra mujeres y niñas con discapacidad elaborado por la FCM y presentado en febrero. Además, exigió que se prohíba esta práctica en España y puso como ejemplo a Suiza, un país donde no sólo se ha dejado de realizar, sino que se está indemnizando a las mujeres que han sido sometidas a procesos de esterilización forzada.

‘Premio Cermi.es 2017’

El acto finalizó con la entrega del ‘Premio Cermi.es 2017” al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

“Una de las causas que siempre entendí como fundamentales era llevar los derechos allí donde no se habían llevado, eliminar los prejuicios y poner libertad donde se había quitado”. En estos términos se pronunció el expresidente del Gobierno socialista tras recoger el premio.

El jurado de estos galardones decidió conceder por unanimidad este premio a Zapatero por su "vigoroso y decidido impulso", en su etapa al frente del Ejecutivo, a las legislaciones y políticas públicas en materia de igualdad y contra la violencia de género, que por vez primera incluyeron con identidad y visibilidad propias a las mujeres y niñas con discapacidad, inaugurando y consolidando una línea de acción pública ya irreversible, que solo puede seguir potenciándose. “Queremos hacerte entrega de este premio dedicado a la justicia, delante de esta audiencia aquí en el Senado. Precisamente en un ámbito que sabes bien y que es sensible a la vulneración de derechos. Precisamente por tu dedicación te hemos nombrado por patrón”, afirmaba Ana Peláez Narváez.

“Incluso desde una dilatada trayectoria política, hay cosas en la vida que te llegan al corazón, te emocionan, te justifican y merecen la pena”, afirmó el patrono de la Fundación CERMI Mujeres desde 2017, quien mostró su orgullo por poder contribuir a la labor que realiza con esta entidad.

Foto archivo AmecoPress
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Sociedad - Encuentros y jornadas - Legislación y género - Situación social de las mujeres - Discapacidad. 5 mar. 18. AmecoPress.