Aborto libre para la seguridad de las mujeres

26 de septiembre de 2019.

Por Carolina Domínguez González-Besada

Madrid | Internacional | Política y género | Salud reproductiva | Aborto





Madrid, 26 sept. 19. AmecoPress.- Bajo ninguna circunstancia está permitido abortar. Esta afirmación parece sacada de un país atrasado y radical pero no es así. Malta y el Vaticano son los dos últimos vestigios de la intransigencia en Europa. A esta prohibición se suman El Salvador, Honduras y República Dominicana en Sudamérica. Pero aún existen numerosos lugares donde el “no” es lo único que se conoce a la hora de interrumpir el embarazo.

El aborto ha sido siempre un tema controvertido y uno de los campos de lucha más importantes para lograr la libertad de las mujeres. Según Médicos Sin Fronteras el aborto no seguro es una de las cinco principales causas de mortalidad materna siendo, a la vez, casi totalmente prevenible. Esta práctica legalizada logra evitar numerosos problemas sanitarios, ya que las barreras para un aborto seguro ponen en riesgo la salud de millones de mujeres. La realización de este método sin seguridad es responsable de la muerte de 1 de cada 12 madres.

En Europa la legalización es la norma general, excepto en Malta y El Vaticano que está completamente prohibido. En el caso de Polonia solo está permitido si el embarazo es resultado de una violación o de incesto, si el feto está irreversiblemente dañado, o si la vida de la mujer está en peligro. Además es curioso el caso de Noruega, que hace unos meses aprobó una restricción después de décadas de libertad para las mujeres.

El Salvador y Honduras está prohibido el aborto bajo cualquier circunstancia

Cruzando el Océano Atlántico las restricciones son mayores, solo es legal en seis países, en la mayoría de los Estados de EE.UU., Canadá, Cuba, Puerto Rico, Guayana y Uruguay. El resto de países lo contemplan en sus leyes, pero de manera restrictiva o incluso hay casos en los que está directamente prohibido como El Salvador y Honduras. La excepción está en México, donde ayer mismo fue legalizado el aborto en el Estado de Oaxaca y, en el año 2007 lo hizo Cuidad de México, aunque el resto del país sigue teniendo muchas restricciones. África está llena de trabas y la prohibición es la práctica más extendida, a excepción de Túnez y Sudáfrica. En Asia y Oriente Próximo se producen diferentes situaciones. Turquía, Mongolia, Kazakhstan o China permiten el aborto libre, en India está legalizado pero con restricciones y países como Iraq, Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudí lo tienen totalmente prohibido, con penas de cárcel para aquellas que se atrevan a ir contra la ley.

“Se calcula que, cada año, al menos 22.000 mujeres adultas y jóvenes mueren a causa de abortos no seguros, el 97% de ellas en África, Latinoamérica y el sur y oeste de Asia; además, siete millones de mujeres tienen que ser hospitalizadas cada año por complicaciones tras someterse a este tipo de prácticas a manos de personal sin la cualificación necesaria y en entornos sin los mínimos estándares médicos”. Estas situaciones de alto riesgo para la salud se producen con mayor frecuencia en países con leyes altamente restrictivas y el índice aumenta donde hay grandes prejuicios, ya que las mujeres tienden a priorizar el secreto por encima de su propia salud, con consecuencias que repercuten en los niveles individual, familiar y nacional.

22.000 mujeres adultas y jóvenes mueren por abortos no seguros

Una forma común de reducir la mortalidad es ampliar los fundamentos legales y garantizar mecanismos adecuados para implantar la ley, haciendo que los servicios seguros estén ampliamente disponibles. La evidencia que documenta la caída de la mortalidad postlegalización se puede ver en los más que alentadores datos analizados en diferentes países que han pasado por este proceso. En Rumania la tasa de mortalidad materna se redujo en 16 veces, después de levantar las restricciones al aborto, aprobado tras una represión de 28 años. La cifra pasó de 148 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos en 1989 a la de nueve por 100.000 en 2002. En Sudáfrica, las muertes por procedimientos inseguros se redujeron 91% poco después de la ley de 1996, de 425 muertes en 1994 a 40 de 1999-2001.

En muchos casos, la excusa para no introducir ayudas económicas que permitan a las mujeres abortar con seguridad o conseguir anticonceptivos que les dé la oportunidad de no llegar a esa situación, es el coste que supondría para los distintos Estados. La realidad es que de darse siempre las condiciones adecuadas y garantizar la seguridad en este tipo de prácticas, el gasto se reduciría a la décima parte. Incluso proporcionar a una mujer un año completo de métodos anticonceptivos (que podría prevenir el embarazo no deseado en primer lugar) costaría solo del 3 al 9% del coste promedio de la atención postaborto. Todo esto es muy importante si tenemos en cuenta que la mayoría de las mujeres que se someten a una práctica abortiva sin seguridad son pobres y sin recursos, dejando claro que sin la ayuda económica pertinente esto va a seguir sucediendo.

La salud y los derechos sexuales reproductivos (SDSR) son una de las cuestiones a discutir en la Asamblea General de Naciones Unidas que más está costando introducir en el marco legal de muchos países. «Nunca ha sido tan crucial asegurar el mantenimiento de un sólido discurso sobre la salud y los derechos sexuales y reproductivos por parte de los Estados miembros europeos progresistas, en la ONU y en otros foros globales. Debido a esta creciente oposición a los SDSR, existe un riesgo real de que estos derechos acaben siendo excluidos de los marcos mundiales y los nuevos compromisos en materia de cobertura sanitaria universal, incluida declaración política de la RAN en septiembre». Los datos alumbran la gran necesidad de que estos servicios sean incluidos en la cobertura sanitaria universal.

25 millones de abortos inseguros

Más de 4.300 millones de personas sufren unos servicios de salud reproductiva inadecuados. La falta de una política integral en este campo afecta incluso a países enteros. Todos los años hay millones de mujeres y adolescentes que desean prevenir un embarazo, pero no tienen la posibilidad de comprar anticonceptivos. La consecuencia de estas políticas son los 25 millones de abortos inseguros, los 350 millones de mujeres y hombres que necesitan tratamiento por infecciones de ETS con cura y los casi dos millones de casos nuevos de VIH.

«Unos servicios de salud sexual y reproductiva de calidad cuestan poco dinero, son rentables y fáciles de incorporar a los programas de cobertura sanitaria universal. Invertir en ellos no solo puede salvar vidas, sino también liberar recursos económicos que, de otra manera, deben ser gastados en mayores atenciones médicas. Cada dólar gastado en servicios anticonceptivos puede ahorrar 2,2 dólares en costes derivados de embarazos no deseados».

Ante estos datos tan alarmantes es evidente que la regularización del aborto solo trae beneficios tanto para un país, como para la salud individual de las mujeres y adolescentes residentes del mismo. Permitir la legalización de la interrupción del embarazo es un paso más en la libertad de las mujeres y en el derecho a decidir qué quieren para sus vidas, protegiéndolas de prácticas ilegales que pueden llevarlas a la muerte en muchos casos. Si algo ha quedado claro en los territorios donde está prohibido el aborto es que haya una ley o no, las mujeres que no quieren seguir adelante no lo van a hacer, la diferencia es que arriesguen su vida o no. Por eso la regularización y legalización de esta práctica es algo básico para los derechos y libertades de las mujeres en cualquier lugar del mundo.

Foto: Archivo AmecoPress.
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Datos sacados de: Informe Abortion Worldwide 2017: Uneven Progress and Unequal Access; Countdown2030Europe.
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Internacional – Política y género – Salud reproductiva – Aborto. 26 sept. 19. AmecoPress.