168 entidades sociales piden un indulto urgente para María Sevilla, expresidenta de Infancia Libre

Madrid. 02 feb. 22. AmecoPress.- Con el objetivo de denunciar la situación que viven niñas y niños abusados en España y la criminalización de sus madres protectoras ante la irrupción del SAP en las instituciones democráticas, ayer se celebró una rueda de prensa en las que distintas organizaciones y la propia María Sevilla allí presente, exponían esta situación.

María ha sido condenada a dos años y cuatro meses de cárcel y a la pérdida de la patria potestad de su hijo durante cuatro años por sustracción de menores, al tratar de proteger al niño de su progenitor, a quien le habían otorgado la custodia y a quien acusa de abusar sexualmente del menor.

Este es solo un ejemplo de la situación que viven tantas otras madres, debido a que los tribunales de justicia en España determinan que el interés superior del niño y la niña es mantener el contacto con uno de sus progenitores, incluso cuando estos son violentos y abusivos.

En el caso de María Sevilla, pediatras, psicólogos, psiquiatras y maestros detectaron e informaron de abusos sexuales por parte del progenitor hacia su hijo. Pero la justicia desoyó estos informes y María protegió a su hijo como cualquier otra madre habría hecho. María asegura también, que cada vez que han pedido ayuda judicial para su hijo se les ha machacado por pedirla y denuncia que “no hay ninguna justificación cuando es a favor de las madres, pero en cambio si es al revés existe un auto”.

Además, el padre de su hijo se llevó al niño a Málaga, cuando actualmente ningún padre ni madre puede cambiar de domicilio a un menor sin el consentimiento del otro progenitor o del juzgado. Seis meses después, tuvo lugar un juicio en el que María se negó a que su hijo se trasladara de Madrid, pero se le otorgó el consentimiento al padre y María ha tenido que viajar cada mes al punto de encuentro en Málaga para poder ver a su hijo unas horas.

Muchísimos casos se producen dentro de la propia familia, una buena cifra de esos abusos a la infancia no se denuncia y son difíciles de demostrar, pero en el caso de María hay informes y a través de varias pruebas psicológicas denuncia estos abusos. “Cada cosa que dice el padre de mi hijo es una sentencia judicial. Y todo lo que diga cualquier padre de cualquier hijo está por encima de lo que dicen los médicos o cualquier otro profesional acreditado”, denuncia.

El gobierno debe cumplir con su responsabilidad de garantizar que los niños, las niñas y las mujeres puedan vivir y prosperar libres de violencia. El 70% de las pocas denuncias que se ponen de los abusos a la infancia nunca llegan a juicio y hay una sensación de impunidad de los abusos sexuales en la infancia. “No, entrar en prisión no me da miedo. Me da miedo que mi hijo se encuentre en una situación de desprotección absoluta, él sí que está en una prisión”, asegura María.

Por eso y para que se haga justicia ante este tipo de situaciones, las distintas organizaciones han impulsado tres peticiones dirigidas a distintas instancias del Estado (poder judicial, ejecutivo y legislativo): el indulto total y urgente a María Sevilla, el derecho de su hijo a ser protegido y a mantener una relación con su madre y su hermana en su propio hogar y una comisión urgente de investigación a los agentes jurídicos y no jurídicos presentada y registrada en el congreso y apoyada por el gobierno, para que de una vez se haga justicia y se repare el daño causado al hijo de María y a los hijos e hijas de tantas y tantas madres que están desprotegidos por un sistema que no les cree y que no les protege.

Foto: archivo AmecoPress

Estado español - Situación social de las mujeres - Infancia - Derechos humanos. 02 feb. 22. AmecoPress